Los anuncios de Alberto Fernández del pasado sábado 25 confirman el camino emprendido por el gobierno nacional y los gobernadores respecto al tratamiento de la pandemia: continúa la cuarentena obligatoria hasta el 10 de mayo, con mayor énfasis en las grandes concentraciones urbanas, mientras se habilitan todo tipo de excepciones y nuevas actividades excluidas a discrecionalidad de las patronales, el gobierno y los gobernadores.

La mención de que la población podría salir al menos una hora al día a caminar en un radio de 500 metros se topó con el disgusto de los gobernadores y produjo una rápida corrección del presidente, señalando que había “omitido” informar que esta medida debe ser reglamentada por cada gobernador. Fernández también ha dejado en mano de los mandatarios provinciales la flexibilización de la cuarentena para las concentraciones urbanas menores a 500 mil habitantes, sobre la base de algunos requerimientos puntuales; es decir que no solo se trata de liberar determinadas actividades sino de ir retomando la “normalidad” sin ninguna garantía sanitaria.

La Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que habilita a gobernadores e intendentes a presentar proyectos para solicitar la eximición de la cuarentena en diversas actividades económicas, se ha transformado en la válvula de escape de las patronales para evadirse de la cuarentena. La probable nueva extensión del aislamiento social obligatorio seguramente profundice aún más esta característica: mientras se exige a la población que siga recluida a cualquier precio, las patronales retoman el trabajo imponiendo sus condiciones sobre los trabajadores.

En esta dirección, el Ministerio de Desarrollo Productivo viene de habilitar la actividad de 13 actividades industriales –se trata de la precisión de los “procesos industriales específicos” de la Decisión Administrativa 524/20- y regula el procedimiento para establecer las actividades para exportación, también exceptuadas. Por medio de Decretos, Decisiones Administrativas y Resoluciones, el gobierno nacional ha establecido el procedimiento por el cual ir habilitando los negocios de los empresarios según su parecer.

Entre las solicitudes dadas a conocer se destaca el pedido del gobernador cordobés Juan Schiaretti respecto a las automotrices de su provincia, con epicentro en la multinacional Volkswagen. Que los pedidos son totalmente arbitrarios lo confirmó el propio Fernández, cuando ante la polémica por los “paseos” de 500 metros tuvo que señalar que “cuando uno veía los reclamos de los gobernadores, había pedidos mucho más riesgosos. Por ejemplo, pedían poner en marcha la actividad automotriz. Eso es mucho más complejo que la gente salga una hora a la calle”. Aunque se torne “complejo”, no quiere decir que el gobierno lo considere imposible. Otro que se emocionó con la idea es el intendente de Tigre, que pidió la eximición para ¡160 empresas de su distrito! Detrás de estos dos pedidos puntuales, que sirven como botón de muestra, hay una larga lista de gobernadores e intendentes haciendo presión para reactivar los negocios de los empresarios que representan.

Que se doble pero que no se rompa

El estiramiento de la cuarentena, como principal medida sanitaria de prevención, está dando lugar a una flexibilidad direccionada. El gobierno actúa con mesura y comprensión con las patronales pero con dureza e inclemencia con la población. El punto más agudo de esta contradicción es el trato inhumano que reciben las personas privadas de su libertad, que ha dado lugar al crecimiento de las protestas en los últimos días, seguidos de una brutal represión policial.

Que el gobierno respalda a las empresas lo revela el conflicto del frigorífico Penta, donde a más de un mes de lock out patronal la empresa mantiene afuera a 240 trabajadores de una actividad esencial, con el único propósito de disciplinar al colectivo obrero. O lo sucedido en el frigorífico Federal, donde la patronal ignoró las medidas sanitarias, ocultó un caso de contagio, relativizó la muerte de otro obrero por Covid-19, siguió produciendo a pesar de la clausura y solo después de haber hechos todos estos estragos fue detenida por la policía.

La mayoría de las medidas del gobierno colocan el cuidado de la salud de los trabajadores en manos de las patronales. Las mismas que se negaron desde el primer día a costear las modificaciones sanitarias en los establecimientos de trabajo y las que hacen noticia todos los días por violar los procedimientos sanitarios.

Un sector importante de empresarios, principalmente del comercio, acaba de publicar una carta dirigida al gobierno, donde reclaman mayores estímulos, flexibilidad, liberación de precios y bloquear cualquier iniciativa tributaria que recaiga sobre sus espaldas.

Mientras las patronales impulsan su política por todos los flancos, la burocracia sindical se ha plegado a su agenda sin ningún miramiento. Solo dan marcha atrás cuando las bases se rebelan contra las entregadas, como acaba de ocurrir en el gremio de la UOM.

Nación, gobernadores y patronales

Las medidas tomadas por el gobierno nacional ofrecen una cuarentena a la carta para las patronales, ya que cada quien se sirve de lo que necesita con solo presentar una “propuesta”, que luego de analizada nadie hará cumplir. Se trata de un formalismo para cubrir las espaldas de Fernández, y su gabinete, ante eventuales crisis.

Los gobernadores, a su vez, han ampliado el radio de sus potestades, ya que son ellos quienes regulan el regreso de las actividades exceptuadas, dando lugar a todo tipo de arbitrariedades. Así lo reconoció el propio ministro de Salud Ginés González García cuando dijo que "es difícil seguir tomando medidas generales. Hay que empezar a transitar que no va a ser igual en todo el país".

Pero la cuarentena aun seguirá para las familias obreras, los desocupados, los jubilados, la juventud y las mujeres, sin ningún tipo de concesión a los reclamos que se han venido manifestando, que van desde la provisión de alimentos y elementos sanitarios, hasta los recursos económicos de emergencia y la adopción de medidas contra el crecimiento de la violencia de género. Allí donde se han retomado ciertas actividades se han vuelto a ver las postales de la población en la calle y el amontonamiento en determinados transportes públicos. La efectividad de la cuarentena y las medidas sanitarias demandan de un control obrero y popular de esta crisis.