Tras cuatro días de sufrimiento, murió hoy la niña de 13 años de la comunidad wichí a la que ayer se le había realizado una cesárea de urgencia, tras la cual falleció su bebé. En lo que va del año ya hubo 15 muertes maternas en el Chaco.

La niña no solo no estaba escolarizada, no tuvo acceso a la salud, no se garantizó el acceso a la IVE cuando habían dos causantes para realizarla: era un claro caso de abuso sexual infantil y además se ponía en riesgo la vida de la madre y el bebé.

La niña estaba desnutrida, en una muestra de la situación social gravísima de las comunidades originarias. La atención sanitaria fue totalmente tardía, y no llegó a tiempo a salvarla.

La joven wichí, como muchas niñas chaqueñas, no tuvo acceso a la educación, ni a la salud ni al derecho al aborto no punible, todas estas fueron las causantes de su dolorosa muerte.

Desde sectores del poder político, intentan instalar que no fue una violación porque “convivía” con su pareja, de 19 años, con el consentimiento de sus padres. Abusando de su falta de formación, de su falta de educación sexual y de la complicidad de la familia, fue entregada para una violación sistemática en el marco de una “pareja” donde no puede hablarse en absoluto de “consentimiento”, sino del sometimiento de las mujeres más pobres y con menos recursos.

En el Chaco, más de 200 niñas son forzadas por año a tener sus hijos, incluso cuando el Código Penal considera que se trata de violaciones – por la edad – y cuando debería aplicarse el aborto no punible. Esto ocurre frente a las narices del sistema de salud, y la situación se agrava por la campaña de las iglesias católicas y evangélicas contra el derecho al aborto.

Justicia por la niña. Educación sexual para decidir, anti conceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.