Políticas

11/1/2001|694

Fallo antipiquetero contra Néstor Pitrola

La justicia laboral habilitó el desafuero y, por lo tanto, mi despido en la causa que Atlántida me sigue desde 1997. El fallo sanciona la caída de la tutela sindical, dando por buena la imputación patronal “por apropiación de la empresa”, “con apoyo de un grupo de activistas, obligando al grueso del personal a plegarse a sus violentos designios”; falsedades patronales y policiales, expresadas en el juicio penal que se sigue en Campana.


El fallo de esta jueza tildada de “progre” en el ambiente, no tiene desperdicio en su carácter reaccionario y antiobrero. Me acusa a mí y, por ende, a la Comisión Interna, del virtual secuestro de los heroicos compañeros que sostuvieron 14 días de ocupación, de piquetes en las puertas de las fábricas y movilizaciones en los puntos más distantes, como en Plaza de Mayo, en el aniversario del golpe militar; que cortaron rutas y realizaron “peajes” solidarios al frente de la fábrica, en Ford, Siderca y decenas de fábricas, y festivales populares; que marcharon en manifestaciones de centenares con sus familias y hasta miles con las delegaciones solidarias a la puerta de la sede de Azopardo; que rechazaron el primer intento de desalojo el 1¡ de abril, ante más de mil policías, donde nadie pidió salir, sino que algunos pidieron entrar, trasponiendo el cerco policial; que sostuvieron, después del desalojo, una carpa durante 45 días más de piquetes obreros; que llegaron en manifestación a Plaza de Mayo el 1¡ de Mayo, para compartir la tribuna con las luchas del momento, entre ellas las de los piqueteros de Cutral-Co. Esto habla del fallo por sí solo.


Pero, además, el fallo ataca el derecho de huelga, que, según la jueza, “no puede afectar sustancialmente la continuidad de los servicios, ni el orden social, ni la paz pública”. Ataca la huelga por haber sido resuelta por una Asamblea de fábrica y no por la “entidad sindical”, cuando toda huelga fabril o de empresa es así y el sindicato acompañó formalmente a las audiencias. El derrotar jurídica y políticamente un fallo de este tipo es esencial para la lucha de la clase obrera.


El fallo dice que mi persona “no responde a lo que puede esperarse” de un delegado, que “debe constituirse en un ejemplo de ética, respeto a la ley, laboriosidad y eficiencia en las negociaciones, con una adecuada capacidad de comunicación”. Después de 15 años de elecciones sucesivas por los trabajadores de la fábrica, en aprobación de nuestras luchas y convenios, e incluso para representar al conjunto del gremio (secretario adjunto por tres años) y, más todavía, después de que en abril pasado el 40% del voto de 120 talleres (30% en forma oficial) renovara esa confianza, la justicia laboral falla contra la soberanía de la clase obrera para elegir sus representantes y le marca lo que corresponde al modelo elegible.


Llega al extremo de opinar que “los hechos no produjeron una situación distinta para los trabajadores” a pesar de que el otorgamiento irregular del recurso de crisis trucho habilitaba objetivamente indemnizaciones reducidas, y que por ello lo impugnamos y rechazamos con la lucha.


La sentencia dice que jamás el derecho de huelga “puede afectar otro derecho constitucional”, como es el de la propiedad privada. Pues entonces, no hay derecho de huelga, porque precisamente se trata del derecho a afectar la producción de los medios privados de producción por medio de la huelga.


Hemos apelado el fallo y sus anexos jurídicos que colocan sobre un obrero gráfico la punición de decenas de miles de pesos al tiempo que lo priva de todos sus fueros sindicales y derechos indemnizatorios.


Se trata de un fallo “ejemplificador” en la línea de la sentencia contra Raúl Castells, en la línea de provocación del ministro Storani contra el Polo Clasista. Es un fallo contra la lucha de la clase obrera en la persona de un representante de una de sus grandes manifestaciones pasadas, para atacar las grandes luchas futuras, que sin duda se producirán, como lo demuestran Recali, los fraternales, los desocupados de Matanza, los obreros de Alpargatas y todos los piquetes realizados en todo el país en este fin de siglo.


La justicia “progresista” de los tiempos de Chacho y De la Rúa muestra el verdadero contenido de todo el régimen político que coloca al conjunto de poderes del Estado como instrumentos de los Vigil, las Noble, la banca y el FMI.


Llamamos a transformar la apelación en un terreno de pronunciamientos nacionales e internacionales en defensa del derecho a luchar.