Con motivo de la trágica muerte, durante la tormenta del domingo 13, de un joven de 18 años, César Di Spalastro, las autoridades del gobierno de la Ciudad salieron a eludir su responsabilidad.

“Esto fue una fatalidad, una desgraciada coincidencia…” (De la Rúa, Clarín, 15/12). “Mucha gente sacó la basura a la calle, sabiendo que ese día no hay recolección” (Enrique Olivera, vicegobernador, ídem). “El cambio de clima hace que las lluvias sean cada vez más frecuentes” (Nicolás Gallo, secretario de Producción y Servicios, ídem). “La solución es factible en un plazo de 4 a 5 años y con una inversión millonaria” (el mismo Gallo, Clarín, 14/12).

La fatalidad, la gente, el clima. Todo menos la política de los gobiernos patronales. El sistema de desagües, diseñado en las primeras décadas del siglo, es obsoleto e ineficaz para una ciudad en la que la voracidad de los pulpos inmobiliarios ha creado una urbanización sobredimensionada, anárquica e irracional; sin superficies de absorción pluvial, sin pulmones de manzana.

La única política del gobierno aliancista es rezar para que no llueva más de 30 milímetros por hora. Dicen que “algunos trabajos” del Plan Hidráulico prometido, comenzarían en 1999. Se quejan de que se necesita mucha plata y mucho tiempo para modificar las redes. En cambio, para los megaemprendimientos de lujo, para la especulación inmobiliaria, como Puerto Madero o el Abasto, hay mucho dinero y plazos vertiginosos. De la Rúa “llegó a proponer una consulta popular, para implementar un impuesto para financiar los trabajos” (Clarín, 14/12). No tiene vergüenza, quiere que los trabajadores paguen la infraestructura para los negocios de Soros.

La deuda millonaria y los negociados, desde Cacciatore en adelante, se siguen pagando sin investigación. Los servicios privatizados de limpieza y recolección cobran fortunas y son ineficaces. Tenía que morir un joven para que a Gallo se le ocurra que “la recolección se realice los 7 días de la semana” (Clarín, 15/12).

Comienzo inmediato de las obras pluviales. No a los impuestos al pueblo, impuesto extraordinario a las grandes fortunas, a los pulpos inmobiliarios y a las grandes propiedades capitalistas, bancos, shoppings, hoteles de lujo, para financiar la obra pública necesaria, de desagües, cloacas, viviendas populares y espacios públicos. Anulación de las privatizaciones, remunicipalización de los servicios bajo control de los trabajadores.