Febrero se perfila con nuevos aumentos que echarán leña al fuego de la inflación en ascenso, horadando aún más los ya derrumbados ingresos de la población trabajadora. Las subas tendrán lugar en las cuotas de las prepagas, en las de los colegios privados y en las facturas de luz y gas. A su vez, las consultoras privadas aseguran que la inflación del mes de enero se ubicará por encima del 3,5%.

En estos momentos se vienen desarrollando las audiencias públicas que definirán a cuánto se irán las tarifas de gas y en febrero se realizarán las audiencias relativas al tarifazo en la luz. El gobierno ya estableció un piso de aumento del 20% para toda la población, pero no se descartan porcentajes más elevados. Su objetivo, como hemos señalado en varias oportunidades, es recortar los subsidios energéticos, para arrimarse a las metas de equilibrio fiscal que exige el FMI, pero sin perjudicar a las petroleras ni a las empresas distribuidoras, es decir, descargando el ajuste sobre los usuarios, quienes deberán pagar montos más elevados por dichos servicios. Incrementos que se aplicarán sin exigir la apertura de los libros de toda la cadena energética a fin de evaluar los costos reales.

Por otro lado, en febrero también regirá el cuarto aumento del 9% para las prepagas, autorizado por el gobierno en agosto del 2020. Se trata de una de tantas prerrogativas concedidas por parte de Alberto Fernández a la medicina privada, también a libro cerrado y sin exigir a cambio una mejora en las prestaciones cada vez más deterioradas. Como contrapartida, se descargó un feroz ajuste en la salud pública en medio de la pandemia, de nuevo, en pos de complacer al FMI.

Por su parte, las cuotas de los colegios privados treparán un 17% en CABA y un 11,8% en provincia de Buenos Aires, y, de este modo, se suman a la lista de aumentos de febrero que proporcionarán un duro golpe al bolsillo popular. Este encarecimiento del costo de vida se combina con un escenario laboral donde priman los salarios a la baja, producto del pacto en los hechos que impulsó el oficialismo junto a las patronales y la burocracia sindical.

La profundización del rumbo fondomonetarista del gobierno, se logre o no un acuerdo con el organismo en la inmediatez, asegura un horizonte inflacionario, atravesado por la devaluación de la moneda y nuevos tarifazos. Por lo tanto, se vuelve fundamental la lucha por quebrar este pacto y conquistar un salario mínimo de $130 mil e ingresos atados a la inflación, de modo tal que no seamos los trabajadores quienes paguemos la factura de la crisis.