En momentos en que el funcionamiento del Congreso se encuentra paralizado, la Cámara de Diputados se reunió especialmente para aprobar la ley de financiamiento de los partidos políticos. Se trata de un pacto entre Cambiemos y todas las alas del PJ para institucionalizar que la política sea un instrumento del capital. Van a transparentar lo que sabemos por Odebrecht, por los Panamá Papers, por el caso de los cuadernos: que el 90% del empresariado del sector es culpable de corromper a los funcionarios en negociados de las obras públicas a su favor.

La crisis la desató el caso de la impoluta Vidal, que contrabandeó miles de aportes truchos para ocultar el financiamiento negro de las corporaciones capitalistas, algo que las causas contra el kirchnerismo han puesto obscenamente al descubierto, según lo aceptó el propio Abal Medina, el ex jefe de Gabinete de la ascendente Cristina, que vio pasar los bolsos del “financiamiento”, según él. Por eso no debe sorprender el quórum y las mayorías para aprobar esta ley en medio de la crisis política que ha paralizado el Congreso.

Las personas jurídicas ‘no podrán aportar’ más del 2% de los gastos de campaña: o sea que 50 grupos económicos pueden arrimarle mil millones a un candidato, ¡poniendo la módica suma de 20 millones cada uno! Pero si no puede un monopolio poner más del 2%, lo puede hacer un capitalista en particular -o sus testaferros o empresas del mismo grupo. Si Techint no puede aportar más del 2%, lo pueden hacer Paolo Roca, Betnaza, sus gerentes y las decenas de empresas subsidiarias.

Argentina Federal y los renovadores de Massa son coautores de este proyecto y el kirchnerismo se ausentó en la votación del Senado para no verse forzado a apoyarlo o rechazarlo. Los K votaron en contra, a sabiendas que aquéllos a quienes les dan sus votos en las provincias lo harán por ellos. Además, habrá empresarios como Lascurain, que se reincorporó a la mesa de la Unión Industrial Argentina, que financiarán al kirchnerismo, como ayer lo hicieron los Ezkenazi, los Eurnekian, los De Mendiguren, los Brito, los Cristóbal López o los Lázaro Báez. Lo mismo Carrió que votará el engrendro antidemocrático “observando” el punto del financiamiento por parte de las empresas, no de los empresarios y sus testaferros.

El carácter clasista se nota también en la oposición a que los sindicatos puedan aportar a las campañas electorales. Las empresas, sí; los sindicatos, no. Arguyen que las direcciones sindicales no tendrían mandato, pero cuando firman un salario a la baja o un convenio flexible que trae muertes, como en el petróleo, no se quejan de la falta de mandato.

Es un avance de la privatización de la financiación de las campañas electorales. Los espacios audiovisuales para la propaganda política pasan del 10 al 5% de la programación de los medios, que en un 95% están en manos capitalistas y grandes consorcios multimedia como Clarín. Del mismo modo también se extrema la regimentación de las campañas en sitios web y redes sociales, reforzando la injerencia del Estado en los partidos políticos.

Romina Del Plá ha defendido una posición transicional: “el Estado debe garantizar el acceso igualitario a los medios audiovisuales y la prohibición de contratación privada de los mismos por los partidos. También la presencia igualitaria de los partidos en los diarios y periódicos”. Y una posición de fondo “No hay democracia política bajo el régimen del capital y del FMI”.

“Estamos ante un gobierno y un régimen que se cae. Un régimen que pretende que la crisis capitalista sea pagada con la superexplotación de los trabajadores. Contra ello planteamos que la clase obrera desarrolle una movilización extraordinaria por sus demandas e imponga una Asamblea Constituyente soberana, con poder, para poder discutir y resolver sobre todos los temas nacionales y sociales, entre ellos los derechos políticos de las masas explotadas. Votamos en contra de esta ley opuesta a la democracia política. Los plenos derechos democráticos sólo los podrá garantizar un  gobierno de trabajadores.”