La aérea Flybondi, una de las varias denominadas low cost (o de bajo costo) a las que el gobierno alentó para que se incorporen al mercado aerocomercial argentino y que no pudo completar el vuelo de prueba previsto para ayer, es una muestra de la falta de escrúpulos de las autoridades y de los empresarios a la hora de hacer negocios.



El gobierno impulsó la recalada de una media docena de nuevas empresas que tienen ese modelo de explotación con el argumento de que así se reduciría el valor de los pasajes aéreos y eso “permitirá viajar en avión a todos los argentinos”. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la calificó de "revolución de los aviones".



Que en la operatoria regular sus tickets sean más baratos no es algo que suceda en todos los mercados y en todo momento. Como en todos los negocios capitalistas depende de las condiciones en los cuales se desenvuelven y, según jueguen distintos factores, los pasajes pueden ser más baratos o de precios similares a los de las demás aéreas.



La ecuación que a este tipo de empresas les permite reducir el valor de algunos tickets ubica, en un lugar destacado, a la superexplotación de los trabajadores. Como indicó el diario La Nación (29/6/17) el negocio de estas aéreas "se asienta en que los aviones tengan mayor productividad, por eso plantean operar más horas, con aeronaves con más asientos y pilotos que trabajen más".



El CEO de la aérea, Julián Cook, dijo que los pilotos de su compañía iban a tener que volar más del doble de horas que los de Aerolíneas Argentinas (Apertura, 7/3/17).



El objetivo de estas nuevas aéreas es ocupar el mercado de Aerolíneas Argentinas. Para ello, entre otras cosas, solicitaron al gobierno que elimine las tarifas mínimas que son fijadas por el Ministerio de Transporte para desplazarla con tarifas bajas. El ministro Guillermo Dietrich, que acompaña el plan oficial de reducir la dimensión de Aerolíneas, no aceptó reducirlas pero tampoco las actualiza, es decir, lo mismo por otro camino. Este habría sido el detonante de la renuncia y la crisis con la anterior presidenta de Aerolíneas, Isela Constantini. 



La política de promoción de este tipo de empresas no estuvo exenta de los negocios familiares de Macri. Avianca, otra de las autorizadas a operar, se armó sobre la base de adquirir la empresa Macair, que era propiedad de la familia del presidente y otros vínculos familiares.

Además, como propietario en los papeles aparece Richard Guy Gluzman, quien fue vicepresidente del fondo de inversión “Pegasus” fundado por Mario Quintana, actual Secretario de Coordinación de Políticas Públicas y ambos son socios o miembros del directorio de múltiples empresas como GSF SA, Aroma Cafe SA, Entertainment S.A y Enflex S.A.



Desproporciones



En la audiencia donde se otorgaban los permisos para explotar rutas para las nuevas compañías, Flybondi pidió la friolera de 99 entre nacionales e internacionales (muchas más de las que tiene Aerolíneas Argentinas). Pero debió esperar un par de meses para que le llegara la autorización porque al momento de pedirlas no contaba con un solo avión.



Finalmente, con la presentación de la primera aeronave, le otorgaron 85 rutas nacionales e internacionales para que las opere durante un lapso de 15 años, prorrogables. Una desproporción, a todas luces.



Al momento de comenzar a operar –en principio sería esta semana– sigue con una aeronave, lo cual, está claro, la coloca muy lejos de poder volar siquiera la décima parte de las rutas que solicitó. Esto pese a que Cook, había asegurado en la nota de Apertura que en setiembre del 2017 (cuando iban a comenzar a operar) contarían con seis aviones en su flota.

El propietario de la empresa es un fondo de inversión cuyo nombre y características no quisieron ser dados a conocer por Cook, cuando fue consultado. El ignoto fondo habría aportado u$s75 millones de los u$s76,5 millones que forman el capital de la empresa.



Esto cuando un avión nuevo de las características del que no pudo llegar de Córdoba a Iguazú en el vuelo de prueba donde viajaban los familiares de los empleados de la aérea, cuesta alrededor de u$s40 millones, es decir que el capital declarado no alcanza a cubrir el valor de dos de esas aeronaves.



Falta de escrúpulos



Por el lado del gobierno, la falta de escrúpulos pasa por la ausencia de controles de las condiciones en las que estas empresas llevan a cabo la operatoria. En el afán de mostrar que se multiplican la cantidad de empresas interesadas en operar en la Argentina, otorga autorizaciones como las de Flybondi, de la cual no se conocen siquiera quienes son los dueños y que opera en claras condiciones precarias.



La política oficial y la de las empresas atentan contra las condiciones de vida y de trabajo de los empleados aeronáuticos y también contra la seguridad de los pasajeros.