Por un año, con modificaciones a la baja

El martes 26, sin convocar ni una sola vez al Plenario de Delegados para infomar de las negociaciones, se firmó un acta salarial entre Telefónica y la directiva de Foetra Buenos Aires, que deberá ser sometida a la aprobación de una asamblea general.

Este acta ya ha generado un rechazo muy importante en el conjunto del gremio. En primer lugar porque, hasta el momento, sólo se ha firmado con Telefónica; Telecom no ha firmado aduciendo divisiones internas. Ese solo hecho debería haber motivado la convocatoria al Plenario de Delegados, y porque la discusión separada debilita al gremio.

El acta incluye el pago de una suma fija, por única vez, de 900 pesos, a cobrar el 24 de junio (a una semana de las elecciones del sindicato), que “será absorbida y/o compensada frente a cualquier monto que eventualmente pudiera otorgarse” por el gobierno hasta el 30 de junio de 2010.

Cada parte del acta firmada viene con una contraprestación a las empresas. Este es el precio que ha preferido pagar la directiva (y que pagarán los trabajadores) para no tomarse la molestia de un amague de movilización.

El acta, con vigencia por un año, plantea un aumento de 475 pesos remunerativos que no van al básico ni a la antigüedad y, por lo tanto, no inciden en los rubros adicionales (turnos diagramados, guardias, extras, premio, etc.). Este acuerdo representa un aumento que va del 16 al 19% de los salarios. La parte remunerativa solamente pasará al básico en julio de 2010.

Los trabajadores ven congelados sus ingresos, mientras las empresas continúan con ganancias multimillonarias que se fugan del país.

Aparte del tema salarial y de la hipoteca que significa firmar un acuerdo por un año, los puntos más cuestionados del acta son aquellos que plantean modificaciones convencionales a la baja. Estos van desde el “replanteo y redefinición de los Grupos Laborales, de manera de adecuarlos a las nuevas tecnologías, modalidades y organización del trabajo”, hasta la formación de un “fondo para incentivos”, que abre las puertas de par en par a un mayor aumento de la productividad y a la tan codiciada polifunción. Los “planes de incentivo” manejados arbitrariamente por la empresa, por reparaciones de averías, levantamiento de reclamos, etc., ahora pasan a generalizarse a partir de la creación de un “Fondo de Incentivos para la Organización del Trabajo”.

También se menciona una “promoción” de 300 categorías (fraccionadas durante el año que dura el acuerdo) como parte de un chantaje para aceptar el “nuevo sistema de promociones y grupos profesionales” propuesto por la empresa (una propuesta girada a la directiva, pero que no se ha dado a conocer a pesar de que se menciona en el acta y se da un plazo de 90 días para su aprobación); es decir, después de las elecciones del sindicato. Es evidente que el acuerdo viene con actas firmadas que no se han presentado ni se han hecho públicas, como consta en el anexo II donde figuran dos categorías: ¿Z1? y ¿W? que no figuran en el convenio ni en ninguna de las actas firmadas hasta el momento.
¿Estas categorias serían una continuidad de las categorías X, Y y Z que la directiva del sindicato firmó el año pasado sin consultar a nadie, aceptando la jornada de trabajo de nueve horas diarias con movilidad horaria y funcional? Estas categorías golpean claramente las conquistas más importantes del convenio, como la jornada de siete horas, que rige para la mayoría de los trabajadores, conquistada a fuerza de grandes luchas.

Este acuerdo salarial-convencional se ha firmado a un mes de las elecciones del sindicato, donde se verifica un amplio rechazo a la política de la Azul y Blanca.

La Lista Naranja, que integra el Frente Multicolor, llama a rechazar este acuerdo sobre la base de no aceptar las modificaciones convencionales a la baja y que se discuta y vote punto por punto el acta. Por la recategorización por vuelco automático, sin chantajes ni discriminación. No al congelamiento de las paritarias por un año. Que el aumento salarial vaya al básico. Exijamos la derogación de todas las actas firmadas sin consulta ni aprobación de los trabajadores. Por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar.

Pablo Eibuszyc