24/04/2017

Formosa: fuera la Gendarmería de Ingeniero Juárez

Libertad a Agustín Santillán

Ingeniero Juárez es un pequeño poblado de 13.000 habitantes ubicado a 450 km al oeste de la ciudad de Formosa, casi en el límite con Salta. Es la cabecera del Departamento Matacos. Matacos es la denominación despectiva y racista con la que tradicionalmente se nombraba a los wichís, la comunidad de originarios que es mayoría en esa zona de la provincia. El emplazamiento de Ingeniero Juárez a principios del siglo XX es el producto del despojo de las poblaciones originarias de la zona.


 


Contemporáneamente, en Ingeniero Juárez saltan a la vista los contornos más nefastos del régimen social fomentado por el PJ y secundado por la UCR. Uno de ellos es la condena que pesa sobre la juventud que, sin empleo, ve reducida sus opciones de vida a la emigración o el envilecimiento moral. El alcohol y las drogas golpean cruelmente la vida de los jóvenes que no pueden escapar del tejido social pueblerino que los condena a una degradación sin fin.


 


El PJ formoseño, amo y señor del pueblo, es responsable de este sistemático ataque a la juventud. No solo porque promueve un extractivismo depredador que condena a la juventud a la desocupación,  sino también porque acicatea directamente el envilecimiento y la violencia entre los jóvenes del pueblo.


 


La política local consiste en la puja, inescrupulosa y mafiosa, entre facciones del PJ por adueñarse de los recursos del municipio. Para estas batallas, reclutan sus patotas entre estos jóvenes desmoralizados. En este sentido, la penetración de las drogas y el alcohol, así como la promoción de la violencia física, son acompañantes necesarios del régimen político que el PJ ha impuesto en Ingeniero Juárez. Son los punteros y dirigentes del PJ los que alientan la desmoralización de los jóvenes para volverlos dóciles y usarlos en sus maniobras políticas. No se trata de una supuesta “ausencia del Estado”, se trata de la penetración corrosiva de un Estado descompuesto y violento.


 


 


 


 


 “Desde que se pavimentó la ruta 81 la llegada de la droga se ha incrementado”, confesó un concejal del PJ. Lo que no aclara el concejal es que son sectores vinculados al poder los que promueven esta difusión de las drogas.


 


En estas condiciones  sociales de miseria y desesperación y de un Estado que activamente busca reforzar la dominación y la regimentación de los oprimidos, no es sorprendente que ocurran periódicamente episodios de violencia protagonizados por los jóvenes. En 2015, para no ir muy atrás, un joven fue asesinado por una persona civil en un confuso episodio. La versión oficial habla de que el joven estaba cometiendo un delito contra la propiedad. La versión oficial habla, además, de que los vecinos pertenecientes a los sectores propietarios del pueblo estaban atemorizados por la amenaza de “turbas” de jóvenes que atacaban sus viviendas.  Sea como fuere, lo cierto es que  la salida ofrecida por el Estado provincial al pedido de estos sectores fue un aumento de la presencia represiva del Estado en la zona.


 


Hoy, dos años después, y pese al aumento de la presencia represiva del Estado provincial (y nacional), vuelven a repetirse incidentes similares. De nuevo tenemos que los sectores propietarios denuncian ataques de los jóvenes marginalizados a sus viviendas y propiedades. Incluso han cortado la ruta nacional 81 para pedir “orden” y “mano dura” a las autoridades del Estado. De nuevo hay un joven baleado. De nuevo el Estado acude con sus fuerzas represivas para contener a los jóvenes y encarcelar a los chivos expiatorios: el pueblo está tomado por la gendarmería y por la policía de la provincia.


 


La policía provincial encarceló en toda esta batahola al dirigente social Agustín Santillán recurriendo a causas amañadas. Santillán es un dirigente social originario, wichí, muy conocido por denunciar en los medios de comunicación las iniquidades del régimen político de Gildo Insfrán. Su detención es una maniobra del poder político provincial para desviar la atención, y de paso, volver a amedrentar a los jóvenes marginalizados y a las franjas más desvalidas de Juárez en general, que en su mayoría se identifican como originarios del grupo wichí.


 


En definitiva, el régimen político de Gildo Insfrán y del PJ hundió en la miseria y la desesperanza a un segmento significativo de la juventud juarense, e incluso usufructúa para su beneficio político esa desmoralización. Las explosiones espasmódicas y periódicas de violencia no controladas totalmente por sus mentores, los punteros del PJ, se vuelven contra sectores propietarios del pueblo y de este modo trascienden a la opinión pública. Tanto el PJ como la UCR (Cambiemos en la provincia) responden a esta situación con la represión. No tienen, ni pueden tener, una salida genuina para los jóvenes ni para la comunidad juarense en general. Por lo tanto, si bien ahora los ánimos se aquietaron, episodios similares volverán a ocurrir en el futuro.


 


Para resolver el acuciante problema social que tiene a los jóvenes como sus principales víctimas, debemos desmontar al régimen político mafioso juarense. Ambas tareas suponen construir una perspectiva política independiente de los trabajadores y de los oprimidos.


 


Basta de represión. Fuera la policía y la Gendarmería de Juárez. Libertad a Agustín Santillán.