El asesinato de dos integrantes de la comunidad Qom por parte de la policía provincial no fue un incidente aislado. Es el remate de una provocación montada por el poder político, con el auxilio de terratenientes. La represión criminal fue orquestada al cabo de cuatro meses de corte de la ruta 86 por parte de los Qom en defensa de sus tierras.

Unos días antes, la policía había entrado a palazos al colegio Juan José Silva, ocupado por los estudiantes para evitar un fraude de las autoridades provinciales contra la organización estudiantil. El gobernador Insfrán es un gobernador de pura cepa K -con quien viene colaborando políticamente desde mucho antes de 2003.

De la mano de Insfrán, Formosa se ha convertido en un paraíso para terratenientes, ganaderos y ‘pools’ sojeros, que vienen expulsando en forma sistemática a los pequeños campesinos de las colonias y a los pueblos originarios. En los últimos años, un millón de hectáreas fueron acaparadas por sojeros, a costa del desalojo de 35.000 tobas y wichis.

Recientemente, Insfrán hizo aprobar una “ley de reordenamiento territorial” que habilita el despojo de todo aquél que no tenga un título propietario. A partir de ese sistema, se ha construido un régimen de atropellos contra toda la población. Da cuenta de ello la existencia de un movimiento de “Víctimas de los hijos del Poder”. Formosa forma parte de un extenso territorio caracterizado por las confiscaciones de tierras del campesinado y la extensión de la frontera latifundista de la soja. Ese territorio abarca el oeste de Brasil, Paraguay, Formosa, Santiago, Chaco, Misiones, norte de Salta, Jujuy y norte de Santa Fe. La rebelión agraria en esta vasta región plantea la organización de los explotados agrarios sobre una base internacional.

A pesar de los asesinatos, el gobierno nacional se apresuró a cerrar filas con el gobernador. A pesar de las quejas de D’Elía y de las manifestaciones en Buenos Aires, Cristina Kirchner respaldó públicamente a Insfrán un día después del asesinato de los tobas. Pero los compañeros tobas asesinados no son otros que los Mariano Ferreyra -e Insfrán, el Pedraza- de Formosa.

Gildo Insfrán se tiene que ir y, además, es necesario acabar con el poder de los terratenientes y del capital financiero en el agro. ¿Intervención federal? Es lo que ha propuesto D’Elía, quien parece confiar en que su jefa sea capaz de modificar la realidad de explotación de Formosa. La Presidenta no quiere ni oír hablar de esto. Pero para que sea efectiva, la intervención no debe representar un mero cambio de cara. Por eso, el punto de partida para echar a Insfrán debe salir de la propia Formosa: que una asamblea elija las personas que se hagan cargo del gobierno; solamente así una intervención federal serviría para poner fin al despotismo y al despojo de tierras. La elección de un gobierno provisorio, electo por una Asamblea popular, debería ir acompañada por un programa que enjuicie y castigue a los asesinos y a los responsables políticos de esos asesinatos, o sea al régimen de Insfrán, y que aplique un programa agrario que confisque la gran propiedad y la distribuya entre los campesinos en la forma social que se acuerde: individual, cooperativa, gran escala bajo gestión de los labradores.