Mientras la Presidenta propagandiza en los foros internacionales el “éxito del modelo” y defiende la intervención estatal para contener la crisis, en Argentina se multiplican los despidos y ese mismo Estado se alza contra quienes se resisten a pagar los costos del desplome industrial.

El caso de FP Impresora es demostrativo: un intento de sindicalización, seguido por despidos masivos y una huelga, desemboca en un lock-out ofensivo amparado por la Justicia y consentido pasivamente por el Ministerio de Trabajo.

Hace un mes y medio la patronal rompió la conciliación vigente en ese momento y, previniendo una posible ocupación, cerró la planta y dejó a todos afuera.

La Fiscalía Nº 2 de Vicente López, que interviene en la causa, fue desde el primer día un centro de conspiración contra la lucha; en lugar de penalizar a la patronal y forzarla a reabrir la fábrica con todo el personal reincorporado, se dedicó a organizar a los carneros y a hostigar con la policía el acampe que los trabajadores habían montado en el estacionamiento, hasta que salió la orden judicial de desalojar primero el playón y el frente de la planta después.

La violenta represión que sufrieron los trabajadores y las organizaciones obreras que se encontraban apoyándolos –con varios heridos y diez detenidos, entre ellos dos candidatos a concejales del PO de la zona– fue reflejada por numerosos medios, que sin embargo se encargaron de destacar la versión de la patronal acusando de todo a “un grupito de ‘ex empleados’ instigados por el Partido Obrero”.

Desde entonces la planta trabaja al veinte por ciento, sólo con los administrativos, los encargados y un núcleo de carneros, ingresados diariamente con custodia, bajo el repudio de los combativos obreros que resolvieron mantener su permanencia afuera para impedir un posible vaciamiento.

El Ministerio y la burocracia

El Ministerio de Trabajo nacional se limitó a recibir un informe y derivar todo a la órbita provincial, donde se radicaron los primeros expedientes. La única audiencia formal tuvo lugar en La Plata el viernes 26, es decir 25 días después de denunciado el lock-out. Ahí estuvieron la empresa, el sindicato y los representantes votados por los obreros. La reunión fue una enérgica “apretada” a la patronal para que resuelva el conflicto sin represalias: “Un solo despido –dijo la funcionaria– ya es gravísimo”.

La pregunta elemental es: ¿por qué diablos entonces semejante tardanza en intervenir? No hay que dejarse engañar por “teatralizaciones”. Si el gobierno resolvió intimar a la empresa (por ahora es apenas una intimación) es solamente por la lucha enérgica y porfiada de los trabajadores, que está obligando a todos a posicionarse. Ante el fracaso del “plan A”, que consistió en apostar al desgaste y al quiebre de la resistencia por el hambre (los trabajadores siguen sin cobrar) y por los palos, ante la imposibilidad de la patronal de normalizar la producción y exhibir una fábrica en marcha, se impone hallar otra salida.
Esta misma conducta siguió el sindicato: se “borró” por un mes allanando el camino la acción judicial, esperó a ver la reacción de los trabajadores y sólo después de que la evidencia le indicó que el conflicto continuaba reapareció con un escrito denunciando la situación. Un elemento que tuvo su efecto fue la inquietud que generaron en la base del gremio las imágenes de la represión.

Meses complicados

En este tramo de la lucha cualquier signo de aflojamiento será contraproducente. La alternativa de que el poder fuerce un encausamiento del conflicto a favor de los trabajadores dependerá de que haya claras señales de la decisión de continuar con el acampe y la movilización.

El fin de la “tregua de precios”, la posible extensión de la rebaja de salarios anunciada por Techint, la profundización de la recesión preanuncian “meses complicados”, como advirtió la UIA.

La lucha de los jóvenes obreros y obreras de FP es la expresión de una nueva vanguardia que surge y se templa en el fuego del combate contra la crisis.

Miguel Bravetti