Políticas

19/12/2002|785

Fracasó la conspiración de la Iglesia y sus cómplices legislativos

Por referencia a diversos antecedentes internacionales, la Ley de “Unión Civil” votada por la Legislatura porteña constituye una de las variantes más restrictivas y conservadoras que se conocen en esta materia. Esencialmente, establece un registro para parejas hetero u homosexuales, que permitirá a éstas algunos derechos que sólo regirán en el ámbito del estado de la Ciudad. Básicamente, se trata de la posibilidad de visitar a la pareja así reconocida en un hospital público, del acceso a la obra social – solamente en el caso de los empleados municipales – y a planes asistenciales o de vivienda del Estado porteño. La ley, en cambio, no otorga derechos sucesorios, ni la posibilidad de la adopción, como sí ocurre, por ejemplo, en varios estados de la archiclerical España. Estas limitaciones fueron destacadas por algunos de los diputados del proyecto y hasta por el propio Ibarra, quienes, procurando apaciguar al clero, destacaron que la ley “no colisionaba con el Código Civil Nacional”. Es decir que no se pretendía ingresar en ningún “conflicto de poderes” cuyo contenido residiera en la defensa de derechos democráticos.


Nada de esto impidió, sin embargo, que como resultado de la intensa presión de la Iglesia, la ley estuviera a punto de ser cajoneada. En la reunión de presidentes de bloque previa a la última sesión ordinaria del año, se resolvió tratar a la Ley de Unión Civil como último punto del orden del día, luego de varios proyectos que llevarían horas de discusión. En el curso de la sesión, una moción planteando el “adelantamiento” de la ley en el temario fue ampliamente derrotada. A esa altura, en los corrillos legislativos no era un secreto que, a través de un “éxodo acordado previamente” (según relata Ambito Financiero del 16/12), la sesión quedaría sin quórum minutos antes de iniciarse el tratamiento del tema.


Pero este operativo – impulsado por los diputados más clericales con la tolerancia del ibarrismo – entró en crisis, por la presencia de decenas de militantes de la CHA y de los medios convocados por ellos, que habrían escrachado la maniobra. Sólo como resultado de esta presión, la ley terminó siendo aprobada en la madrugada del día siguiente.


 


Significado político


En los días previos a esta votación, integrantes de la CHA denunciaron a los diputados opositores a la ley como “los mismos que se oponen sistemáticamente a todas las reivindicaciones sociales”. La denuncia provocó un fuerte impacto entre los acusados, que salieron a justificar su conducta legislativa a través de los grandes medios nacionales. Con la aprobación de esta ley en el cierre del año legislativo, estos bloques pretendieron correr un decoroso telón sobre las capitulaciones ante Ibarra en la ley de subtes; la completa pasividad ante la crisis social de la Ciudad y, de un modo general, la hostilidad mortal de todos ellos hacia el proceso de la rebelión popular.


Por referencia a este cuadro político general, los legisladores buscaron “salvar la ropa” en la variante más indolora para sus intereses de clase. En este sentido, la sanción de la Ley de Unión Civil – que el PO acompañó con su firma y defendió de las presiones clericales, a pesar de sus limitaciones – no puede atribuirse simplemente a la “presión de un lobby”. Es una victoria de la etapa política que abrió la rebelión popular en la Ciudad, que tuvo a ésta como su centro político.