Scioli dio marcha atrás con su supuesta reforma fiscal, al suspender por 180 días la aplicación del gravamen a las terminales portuarias y liquidar virtualmente el aumento del impuesto inmobiliario rural.

Las expectativas del gobierno están cifradas ahora en un nuevo endeudamiento. En esta línea, Scioli “buscaría endeudarse por 10.600 millones de pesos” (La Nación, 9/10). Las cámaras que nuclean a los proveedores denunciaron que “significaría para las pymes ir a la quiebra, un corte total de la cadena de pagos y los inevitables despidos” (El Cronista, 28/9). Resta, de todos modos, por ver si la provincia tiene capacidad de obtener financiamiento privado. El proyecto de presupuesto elaborado para 2010 no contempla ningún aumento salarial y prevé un mayor recorte de los puestos de trabajo. Otro blanco del ataque serán las obras públicas, ya virtualmente paralizadas. Lo mismo ocurrirá con los gastos de infraestructura para educación y salud, con más razón ahora, cuando la ley de Responsabilidad Fiscal permitirá trasladar gastos de inversión a gastos corrientes.

Muchos intendentes enrolados en el campo opositor al gobierno proponen un nuevo tarifazo. “Los municipios bonaerenses estudian aumentos de hasta un 30 por ciento de las tasas a partir de enero del año que viene” (Crítica, 6/10). También la postergación de los salarios, en primer lugar de los municipales con básicos que no superan los 700 pesos, el despido encubierto de los contratados, el recorte de las partidas sociales y el deterioro de la infraestructura. La situación se ha vuelto desesperante porque “tan sólo el 5 por ciento de los municipios tienen signos positivos en sus economías” (ídem).