En la sesión del 20 de agosto de la Cámara de Diputados se aprobó, con el voto de la mayoría del bloque del PJ, la privatización del mantenimiento del alumbrado público. Este servicio, que prestan actualmente los municipios, pasará a manos de la provincia, que lo dará en concesión. Con esto, el gobierno de Romero va a tener un nuevo negocio, del cual los municipios no van a ver un peso, ya que este gobernador tiene una política de abandonarlos a su suerte.

El proyecto constituye un verdadero fraude y un negociado a favor de la empresa Edesa, distribuidora de la energía, a la cual se le asegura el cobro de una deuda, absolutamente dudosa, que los municipios tienen con ella y de la cual se hará cargo la provincia. La deuda, que es por la energía utilizada en el alumbrado público, ha sido estimada por la empresa, ya que el sistema no cuenta con medidores que permitan conocer el real gasto de energía. Esto ha sido reconocido por varios legisladores a los que, sin embargo, no les ha temblado la mano para firmar el dictamen de aprobación. Además, hay que tener en cuenta que la empresa le cobra a cada usuario lo que se llama Incidencia del Alumbrado Público (IAP).

Con la sanción de esta norma, se viene inevitablemente un tarifazo. En primer lugar, porque va aumentar lo que se paga por el IAP. Además lo que se pagará por mantenimiento del servicio ya no será sólo para cubrir los gastos, sino también para que la concesionaria obtenga una ganancia. Pero, por si todo esto fuera poco, el proyecto establece la incorporación en la factura de luz, de la tasa municipal de barrido y limpieza.

Con respecto a los empleados municipales que se encargan de alumbrado público, el proyecto abre la posibilidad de que la concesionaria los incorpore. Eso sí: no asegura que todos serán incorporados, ni que se va a respetar su antigüedad, ni su actual convenio, y ninguno de los beneficios que hoy tienen como empleados de las comunas. Con toda seguridad, esto dejará a muchos de ellos en la calle.

Los municipales de Salta Capital hicieron una propuesta alternativa a este proyecto. La misma, además de denunciar el negociado, plantea que el servicio puede hacerse por administración municipal y con un costo entre 4 y 5 veces menor de lo que cobrará la privada. Como es lógico, este planteo fue ignorado, a tal punto que algunos diputados ni se enteraron de que en el expediente estaba la nota enviada por los municipales.

Tal como lo denunció el diputado del PO, Pablo López, el Ejecutivo –autor del proyecto–, y los legisladores del PJ, están insistiendo en una política que ha fracasado y que está llevando hoy a los trabajadores a enfrentarse con la policía y con la empresa cuando van a los barrios a cortar la luz. En contraposición a esto, el PO se movilizará el martes 27 para acompañar el proyecto presentado por su legislador, que busca garantizar los servicios para todos los trabajadores, a través del congelamiento de tarifas, la eximición del pago para los desocupados e indigentes y la no-inclusión de tasas en las facturas de luz y la separación de las boletas de luz y agua.