Después de la catástrofe del 2 de abril, el juez Luis Arias inició una investigación sobre el Estado por su responsabilidad en las irregularidades producidas durante la inundación. Los cuerpos de los fallecidos fueron entregados mediante acta policial a sus familiares, sin orden judicial. Además, se han certificado defunciones por causas no traumáticas, cuando en realidad existen elementos de prueba que demuestran lo contrario. Arias acompaña el testimonio de un vecino inundado que vio cómo policías, bomberos y buzos habrían rescatado unas 12 personas ahogadas. El hallazgo de los cuerpos ocurrió el 7 de abril, con posterioridad al listado de 51 personas víctimas del temporal dado a conocer por el Poder Ejecutivo.

Casualmente, el juez Arias ha sido apartado de las causas, argumentando que las irregularidades de las muertes del temporal son materia penal. Pero lo que Arias intenta investigar es la responsabilidad del Estado en esos procedimientos irregulares y el ocultamiento de las cifras de fallecidos, con certificados de defunción falsificados sin judicializar ni realizar autopsias a los cuerpos. En lugar de Arias, el expediente cayó en el Juzgado N° 2 de Ana Logar, quien tiene el antecedente de haberle otorgado una medida cautelar a la empresa española Codere, permitiéndole continuar con su negociado de juego a pesar de tener la licencia vencida. De este modo, Scioli intenta regimentar a la Justicia provincial para que no salga a la luz una cifra de muertos mayor que la declarada oficialmente. Exigimos el esclarecimiento de las muertes ocurridas el 2 de abril y los días posteriores, que se aclare el número real de víctimas, indemnización inmediata a todos los damnificados, obras públicas inmediatas para evitar una nueva inundación.

Cristina, Scioli y Bruera son responsables.