En el mismo día en que avisaba -casi al pasar- que iba por la reelección, la Presidenta inauguraba dos estaciones de televisión digital terrestre, promocionaba el plan “televisión para todos” y anunciaba la licitación de 220 canales de televisión abierta digital. Todo en uno. “Estamos poniendo en marcha el verdadero espíritu de la ley de medios audiovisuales”, dijo; “la pluralidad y mayores voces”, agregó Tiempo Argentino (22/6).

Imposible interpretar un “espíritu”, pero al menos podemos examinar lo que efectivamente se puso en “marcha”. Pasemos en limpio.

La cláusula de desinversión -el artículo 161 de la Ley- sigue en el pantano judicial. Por tanto, no hay en vista desmonopolización alguna. Ni del grupo Clarín ni del grupo Vila-Manzano, ni del grupo Hadad. Y recordemos que ese fue el “eje” sobre el cual pivoteó toda la propaganda oficial a favor de la ley. Tampoco hubo desmonopolización del sistema de telecomunicaciones -porque la ley no lo prevé pero porque, además, no se presentó proyecto alguno para avanzar en esa dirección-, hoy concentrado en manos de Telefónica Española.

A contramarcha, lo que sí hubo es la conformación de un sistema estatal y paraestatal. Si consideramos la televisión abierta, podemos advertir que, de los cinco canales, solo uno califica como “corpo” para el gobierno. Los restantes -el 11 (Telefónica), 9 (del mexicano González González), América (Vila-Manzano)- acompañan en más o en menos la voz uniforme de la televisión pública y están librados de toda culpa. En cable, a la propaganda opositora de TN se le contrapone la posición oficialista de C5N (del grupo Hadad) y CN23 (del grupo Szpolski). No poca cosa para hacer oficialismo.

Pero, a partir de abril del año pasado, el Gobierno se embarcó en la televisión digital terrestre gratuita, un atajo para poder mostrar que algo cambia cuando nada se desmonopoliza. Le había tocado a Julio De Vido hacer el anuncio de que se iban a construir 47 plantas de transmisión a fines de 2010. Por ahora hay sólo 19, contando las dos que inauguró Cristina, pero vuelven a pregonar que a fin de este año habrá unas 70. Sin embargo, el punto no está en la demora para plantar estaciones en todo el país ni mucho menos en el plan de televisión para todos.

Si bien algunas de las señales ni siquiera tienen página web para acceder al dato de quiénes son sus dueños (dicho sea de paso: esa es una de las imposiciones de la ley de medios), se puede determinar que el verdadero espíritu del emprendimiento revela la misma orientación general. De las 16 señales digitales, el Estado concentra cinco: canal 7, IncaaTv, Paka Paka, Encuentro y -hasta donde sabemos- ArgentinaHD. Las restantes las distribuyó sin llamado a licitación, o sea, a dedo. A siete señales las repartió entre las corpos amigas: a Telefónica (Telefé), al mexicano González González (Canal 9 y se le atribuye SuriTv que reproduce programas de Latinoamérica), a Hadad (C5N), a Szpolski (CN23 y todo indica que también V!vra, una señal de música) y a Francisco Casal (principal empresario del fútbol uruguayo y dueño de GolTv). No hay información sobre quién maneja el otro canal infantil, Tateti. Al listado habría que agregar a Telesur, CBA24 (de la Universidad Nacional de Córdoba y dirigida por Esteban Falcón, que antes se desempeñó en canal 7 y en Encuentro) y Construir Tv, un canal de la Uocra. Estas dos últimas figurarían como entregadas -también sin concursos- a “organizaciones sociales sin fines de lucro”. Sí, a la patota de la Uocra.

El grupo oficialista de Electroingeniería, por su parte, ya entró en carrera para el lanzamiento de Televisión Digital Argentina (TDA), que va a estar dirigida por la productora del ex gerente de programación de Telefé, Claudio Villarroel.

Y Telefónica podría volver a ingresar a través de video on demand -un servicio pago para requerir películas por Internet- que el pulpo de la telefonía “sueña con articularlo a la prestación gratuita de televisión digital terrestre” (Miradas al sur, 29/5). Ya Clarín apuró la denuncia ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) porque por la ley de medios las telefónicas no podrían prestar el servicio de televisión y, sobre todo, porque el ingreso de Telefónica jaquearía su negocio monopólico en el cable. Sin embargo, el coordinador general de Afsca, Luis Lazzaro, adelantó la posición oficial: no hay “ninguna contradicción entre el producto que ofrece Telefónica y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque se trata […] de un servicio de contenidos que se consume según el gusto de cada cliente y tiene una modalidad comparable a un videoclub virtual” (ídem). Una muy forzada argumentación para dejar la vía libre a las telefónicas.

La licitación de estas 220 señales -si se implementa- se realizará en este terreno fangoso. Martín Becerra, un especialista en políticas de comunicación que acompañó la ley de medios pero también denunció esta “discrecional asignación de señales”, sostuvo que “para realizar concursos se precisa un plan técnico que indique qué porciones del espacio serán cubiertas con las señales” y que “es menester aclarar si los licenciatarios de TV digital podrán explotar una parte o la totalidad de las señales que pueden funcionar en cada canal digital, y si estas distintas señales serán computadas (o no) a la hora de controlar el tope de concentración fijado por ley” (Perfil, 16/6). Ninguno de estos puntos “técnicos” está considerado en alguna normativa. Queda claro: cuando la letra de la ley no alcanza -o algo la contradice o no está contemplado en ella-, bien se puede apelar al espíritu oficial que todo lo salva.

A un año y medio de la sanción de la ley de SCA, lo único que puso en marcha el Gobierno es un aparato de Estado, en alianza con otras corporaciones mediáticas, para hacer frente a la corpo de Clarín. ¿Y qué tiene que ver eso con la “apertura”, la “pluralidad”, las “mayores voces”? Nada.