Frente al ajuste de Vidal sobre la educación pública


El presupuesto votado en enero por todos los bloques de los partidos patronales en la Legislatura bonaerense con la sola oposición del diputado provincial Guillermo Kane del Partido Obrero, y que se diagramó en sintonía al acuerdo con los fondos buitre y con un nuevo ciclo de endeudamiento, significó una reducción del orden del 15% en materia educativa.


 


El acompañamiento del resto de las fuerzas políticas: massistas, peronistas, camporistas, del FpV, pseudoprogresistas, encontró su correlato en la parálisis de las conducciones burocráticas de los sindicatos docentes como Suteba, FEB, y otros pretendidamente opositores, que preocupados en garantizar la gobernabilidad de los ajustadores, le allanan el camino a Vidal, e intentan boicotear al mismo tiempo las medidas que llevan adelante los docentes organizados en los Suteba combativos.


 


El resultado de esta política desarrollada por el kirchnerismo, profundizada por el gobierno de Macri-Vidal, y apoyada por los partidos de la clase capitalista ha sido el recorte de un 40% en la cantidad de cupos de los comedores escolares, un salario docente compuesto en un 60% por sumas en negro y que no alcanza ni a la mitad del valor de la canasta familiar, enorme deterioro edilicio de los establecimientos escolares, como expresiones parciales del deterioro general de la educación pública producto de las sucesivas políticas de ajuste.


 


En ese sentido, desde la bancada del PO en el Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados provincial -diputado Guillermo Kane- se han elaborado una serie de proyectos de ley, resoluciones y declaraciones.


 


Ante la reducción del 40% en la cantidad de cupos de los comedores escolares en toda la provincia por parte del gobierno de Vidal, desde el FIT- PO hemos presentado un proyecto de Ley que establece la apertura de este servicio a todos los niños y jóvenes que lo soliciten creando un programa de Alimentación Básica Escolar, bajo el control de comisiones fiscalizadoras conformadas por los integrantes de las comunidades educativas de cada distrito.


 


Hemos presentado un proyecto de ley de blanqueo de sumas en negro, mediante el traspaso de las sumas no remunerativas al salario básico.


 


Las sumas salariales en negro cubren el 60% del salario de los docentes, constituyendo esto una tendencia creciente y sistemática en cada acuerdo paritario que genera el aumento de bonificaciones que abarcan un amplio espectro dentro de las diferentes ramas del sistema público de enseñanza. Ninguna de estas bonificaciones está integrada al salario básico docente, son sumas en “negro”. La consecuencia es el achatamiento de la pirámide salarial.


 


El proyecto establece que la adecuación del salario a partir del traspaso se efectivizará ajustándose a lo que establecen los artículos referidos al escalafón del Estatuto del Docente.


 


El ajuste presupuestario presenta también como consecuencia directa el deterioro de los edificios escolares en diferentes magnitudes. En cualquier caso impiden el normal desenvolvimiento de las actividades educativas, obligando a la suspensión en forma parcial o total de las clases al poner en riesgo la integridad física de alumnos, docentes y auxiliares, y en los casos en que se continua con las actividades, las condiciones materiales no garantizan la calidad educativa tan declama por el gobierno responsable del deterioro material. El gobierno que plantea evaluar a los docentes y establecer un salario por mérito o productividad para elevar la calidad de la enseñanza, no garantiza, como tampoco la tuvo el gobierno K, la culminación de obras que tienen cinco o más años de ejecución, o la colocación de estufas y vidrios, o agua potable en los baños. Esto bajo el manto de negociados entre los organismos del Estado y las empresas que sobrefacturan las obras en cifras escandalosas. En este marco, desde el FIT-PO hemos elaborado y presentado un proyecto de ley declarando la Emergencia Edilicia en los establecimientos educativos de gestión estatal, estableciendo el control de la infraestructura distrital a través de comisiones distritales de relevamiento. Este proyecto propone la concentración del conjunto de recursos financieros, humanos y materiales disponibles para la puesta en marcha de un plan de obras inmediato para dar respuesta a esta acuciante necesidad de toda la comunidad educativa.