En catarata, las calificadoras de riesgo más importantes del mundo han dado su veredicto: Argentina ha ingresado formalmente en la cesación de pagos. Standard & Poors bajó la nota del país al nivel de “default selectivo”, calificación que “pone al país en la lista negra de todos los inversores”. Del mismo modo, la consultora Fitch consideró a la propuesta de canje de deuda como “cesación de pagos”. Moody´s se aprestaría a brindar una calificación similar.

La calificación de las consultoras es sólo el colofón de la bancarrota capitalista y de la cesación de pagos que recorre cada rincón del país. La provincia de Buenos Aires paga los haberes de los trabajadores del Estado en cuotas, sin fecha de cancelación definitiva y con una masa creciente de patacones, y “no es descartable que, frente a la crítica situación nacional, se vaya a un pago de sueldos del ciento por ciento en bonos” (La Nación, 2/11). La provincia del Chaco acaba de resolver el no pago de los servicios de amortización de capital de sus bonos y de los intereses en algunos casos, transfiriendo además “el dinero del Fondo Fiduciario destinado al pago del vencimiento de los Bonos Chaqueños de Consolidación a las cuentas del gobierno provincial” (La Nación, 7/11). La Rioja ha declarado su propio “default”. La situación se reproduce en la mitad de las provincias y tiene características terminales en municipios del interior y en las zonas inundadas de la pampa húmeda.

Además, el gobierno no tiene fondos asegurados para pagar los 2.000 millones de intereses de la deuda pública que vencen en noviembre y diciembre. El FMI ha negado el adelanto de 1.260 millones de dólares, que sólo podrían ser utilizados para recomponer reservas, planteando que la Argentina debe pagar los intereses de la deuda con los recursos que provengan de la aplicación del “déficit cero”. La mitad del préstamo extraordinario de 5.000 millones de dólares otorgado tiempo atrás, para reforzar las reservas, se ha perdido con la sistemática fuga de depósitos, “que el viernes último superó los 400 millones” ( Ambito, 7/11).

¿Acuerdo con los banqueros?

¿Cómo se explica que las consultoras que responden a los bancos internacionales declaren a la Argentina en cesación de pagos, y los llamados “banqueros locales”, que son en su inmensa mayoría agentes de estos mismos ba ncos, aparezcan convalidando el planteo de Cavallo de “reestructuración ordenada” de la deuda?

Si se leen atentamente las declaraciones de los banqueros se verá que hubo gestos pero ninguno de ellos se comprometió a nada. Sacerdote (Bank Boston), que actuó como vocero, “evitó pronunciarse abiertamente sobre la oferta de canje realizada por Economía”, porque “hay muchos decretos juntos, no tenemos el detalle” (Página/12, 7/11); “el gran ausente en el encuentro fue Eduardo Escasany, titular del Banco Galicia y de la Asociación de Bancos” (Ambito, ídem).

“Nadie parece dispuesto a ser señalado como el responsable del empujón final”, señala La Nación (7/11), pero, al mismo tiempo, el gobierno está obligado, en el plazo de horas, a convertir los “gestos” de los banqueros y titulares de las AFJPs en compromisos concretos con el canje de la deuda. Por esta misma razón, las concesiones a la “patria financiera” han crecido en forma geométrica. “Fueron determinantes para lograr el respaldo de los banqueros los cambios introducidos a último momento en la reestructuración de la deuda. No habrá un nuevo bono, sino que los títulos actualmente en circulación se canjearán por préstamos (no cotizarán en mercados) con una tasa máxima del 7% anual” (Ambito, ídem). De este modo se evita la existencia de un título que cotice en Bolsa, se desvalorice y afecte el patrimonio del banco si se contabiliza a valores de mercado. Los “préstamos garantizados” llamados a reemplazar a los viejos bonos tendrán una valuación equivalente e inconmovible por el 100% del valor nominal de éstos. “A los bancos les conviene porque hoy un activo computado al 50 ó 60% lo pasarán a contabilizar al 100%. Lo mismo con las AFJPs y las aseguradoras. Transformando los bonos en créditos se olvidan del riesgo país. Porque el crédito no cotiza en el mercado” (Clarín, 3/11). Cavallo ha prometido que la nueva deuda estará garantizada por la recaudación impositiva y el impuesto a las cuentas corrientes, al punto de constituir un “fondo fiduciario” que pagará primero la deuda pública y luego los gastos del Estado. Además, los “préstamos” estarán libres del impuesto a las ganancias, lo que lleva a que la tasa de interés del 7% suba a un 10,56%, muy cerca del 11% promedio que pagan hoy los bonos (Clarín, 7/11). Además, el rescate de empresas quebradas es un rescate de las carteras en mora de los bancos. Además, se dispone un mayor uso de tarjetas de débito atadas a salarios, un negocio para los bancos. Además….

Pero aún así: ¿el canje de la deuda puede tener futuro? ¿Cuál sería la razón, en un país en bancarrota, por la que los banqueros querrían cambiar bonos que hoy rinden un interés usurario del 15% anual o más por otros al 7% (también usurario, el triple de la tasa de interés internacional)? Finalmente, los títulos públicos ya tienen privilegio de pago por la ley de “déficit cero” y también pueden ser utilizados para pagar deudas impositivas o impuestos si el Estado no los rescata en el plazo de vencimiento. Además, el “impuesto al cheque” pretende ser coparticipado por los gobernadores, por lo que su uso final está por verse. En este escenario, “la deserción del gabinete del subsecretario de Financiamiento Julio Dreizzen (puede) anticipa(r) la respuesta de los bancos locales y el marginamiento en la elaboración del paquete del secretario de Finanzas, Daniel Marx, la de los bancos internacionales” (Página/12, 4/11).

La propuesta de canje viene luego de las experiencias fracasadas del “Blindaje” y el “Megacanje” y es, en relación a ellas, una variante de menor alcance. Aun si los banqueros aceptaran los términos del canje y Cavallo sometiera a las provincias a sus condiciones, nadie puede garantizar el cumplimiento del nuevo pacto con la recaudación en caída libre y una situación general de bancarrota. “La crisis nacional no se reduce a la cesación de pagos; por el contrario, ella es la punta del témpano de la quiebra de la organización capitalista de Argentina” (PO Nº 726).

Rescate de la burguesía quebrada

Toda empresa en mora con los bancos puede cancelar las deudas con títulos públicos, que hoy cotizan a menos de la mitad de su valor, entregándolos al 100% de su valor nominal. Significa un descomunal rescate de estas empresas por el Estado exigido por el “capo” del Grupo Macri al reclamar la estatización de las deudas, pero cuyo alcance está por verse. El salvataje corresponde a empresas en quiebra (“categorías 3 a 6” de deudas en mora) que deberían pagar el 50% de sus deudas, repatriando dinero del exterior cuando el país está en depresión profunda y la quiebra industrial es generalizada.

De conjunto, si se aprecia la “reestructuración ordenada” de la deuda a tasas del 7% contra el 15/30% actual, y la reducción del aporte jubilatorio del 11 al 5%, el nuevo paquete del gobierno plantea una transferencia del sector financiero a sectores quebrados de la burguesía, un “vuelto” para la burocracia sindical y un sector de trabajadores y un plan de guerra contra las masas del cual se conoce sólo la décima parte.

Ficción

Los puntos “reactivantes” son casi una ficción. El aumento del salario de bolsillo en un 7,2% en función de un menor aporte jubilatorio comprende sólo a los asalariados que tienen un empleo formal, apenas el 30% de la población económicamente activa. Pero esto sería menos que la sustracción del 13% de salarios y jubilaciones, que el gobierno ha anunciado para todo el año próximo. La asignación de 30 pesos por hijo menor de 14 años, sólo para las familias de desocupados y asalariados que ganen menos de 1.000 pesos, se basa en la destrucción del régimen de salario familiar y la fundición del resto de planes sociales, algo que supondría “reducir en unos 600 millones el gasto social” (Página/12, 3/11). Lo más ficcional de todo es la prestación de 100 pesos para todo anciano a partir de los 75 años, en un país cuyo promedio de vida llega a los 72.

Naturalmente, el Estado no está en condiciones de alcanzar el “déficit cero” de aquí a fin de año, con la recaudación en caída libre y las cuentas públicas desbordadas. Cavallo ha “ocultado” el presupuesto 2002, que incluiría la supresión del Incentivo Docente, el arancelamiento universitario y un plan de guerra contra los trabajadores públicos y las provincias. La única alternativa que tiene el gobierno es la emisión de Lecop, pero está por superar la emisión tolerada y eso lleva a la desvalorización, punto en el que se encuentran el Patacón y el Quebracho. Detrás del paquete y de la inviabilidad del “déficit cero” está la devaluación sigilosa que hoy reclaman des de Juan Alemann hasta Ambito: “Si se usa Lecop, y por su abundancia cae a una paridad de 90%, ese 10% será equivalente a una devaluación encubierta (en la que) el exportador se beneficia porque internamente salda insumos y salarios con la misma moneda paralela devaluada y no convertible. De ahí a la dolarización con devaluación previa habría un paso y aún podría no ser necesario dolarizar” (Ambito, 5/11).

El gobierno ha lanzado el paquete sin apoyo externo, sin acuerdo con los gobernadores, por su propia situación terminal y la inminencia del default.

Un gobierno fundido sin oposición política

El derrumbe de este intento final planteará la caída de Cavallo e incluso del gobierno en pleno. Si éste se sostiene es por la política de apoyo a la “reestructuración voluntaria” de la deuda, la bandera de la “oposición” que tomó en sus manos el ministro de Economía. En este arco político de sostenimiento están Duhalde, Alfonsín, el ARI (“ante la reestructuración de la deuda no puedo estar en desacuerdo”, Elisa Carrió, Página/12, 4/11) y las centrales sindicales (la CTA se entrevista con el ministro de Trabajo para pedirle a este gobierno un “shock redistributivo” contra la pobreza). La izquierda está adaptada a este vacío político, IU propone una movilización sin alternativa de poder, “contra el paquetazo” y el “no pago de la deuda”.

El gobierno ha cuidado especialmente el flanco de la burocracia, cambiando fichas en el Ministerio de Trabajo y resolviendo una garantía de ingreso mínimo de 20 pesos por beneficiario para cada obra social, una medida que “mejorará las cuentas de las entidades sindicales, principalmente de aquellas que registran una nómina salarial más baja, como la de camioneros, de Hugo Moyano, y la de la construcción, de Gerardo Martínez, entre otras” (La Nación, 6/11).

La crisis terminal del régimen en su conjunto, plantea una situación nueva a la lucha de las masas. No es suficiente un planteo reivindicativo, ni mucho menos confinar estas reivindicaciones a demandas locales. Una crisis de poder exige un planteo político porque ese poder se ha convertido en una marioneta de la propia crisis y no tiene capacidad para responder a las reivindicaciones. En esta situación, el punto vertebral de la intervención en la crisis es desenvolver en todos los escenarios posibles el planteo de la Asamblea Constituyente en la Nación, las provincias y los municipios (una posición que debe ser especialmente presentada en las Asambleas Piqueteras Regionales que comienzan a desenvolverse).

La crisis en desarrollo es una confirmación feroz de la ausencia de salida de la mano de los políticos del orden existente, por progresistas que sean. La crisis terminal pone al rojo vivo la necesidad de un partido obrero y de un programa de salida plasmado en una política de partido. Más claramente: no hay salida popular si no encarna en un partido revolucionario de la clase obrera.

“Esto recién comienza.”