Políticas

16/1/1996|480

¡Fuera Domínguez y los represores!

El viernes 12, a las 9 de la mañana se desplegó un amplio y sorpresivo operativo policial para tratar de desalojar a 4 familias de la Villa 31. La orden fue dada por un decretazo de Domínguez-Menem. Para los villeros no rige la ‘seguridad jurídica’ de los privatizadores. La fuerte represión policial sólo pudo ser detenida por la creciente presencia solidaria y combativa del resto de las casi 1.000 familias que allí viven. Los vecinos golpeados, machucados, detenidos aseguraron que el lunes siguiente a primera hora de la mañana se iban a presentar a los tribunales a denunciar la represión policial y la arbitrariedad de Domínguez.


Pero… el lunes a las 5 de la mañana, más de 100 policías con caballos, carros de asalto y topadoras entraron a patadas y palazos en las casillas, sacaron de los pelos a mujeres y chicos, arrestaron a los hombres y comenzaron a tirar las casillas, varias de ellas de material, y desparramaron las pobres pertenencias de sus habitantes. Los vecinos que se fueron acercando eran dispersados con gases y bastonazos. Cuando un juez decidió al mediodía “no innovar” las SS de Menem y Domínguez ya habían cumplido con su objetivo.


Los villeros son propietarios de sus terrenos en virtud del decreto 1001/90. Según las normas jurídicas, sólo se los puede expropiar por razones de utilidad pública (en este caso según se afirma para terminar la traza de la autopista 9 de Julio), debidamente indemnizados. Si dicha indemnización no es satisfactoria los vecinos de la Villa tienen derecho a accionar judicialmente. El gobierno pretende, en cambio, ‘arreglarlos’ con 12.000 pesos. (Gran parte de los desalojados anteriores ni siquiera ha cobrado esto. Según declaraciones “te dan 2.000 pesos y te hacen firmar por los 12.000. Y si no aceptas: palo”). Por otra parte, según los contratos, la empresa concesionaria de la autopista debe construir un complejo de viviendas en la misma zona.


El Partido Obrero reclama la destitución inmediata de los fascistas: de Domínguez, los secretarios que avalaron esta represión y las autoridades policiales que guiaron el ‘operativo’. El cese de los operativos contra los vecinos de la Villa 31. La construcción de viviendas en la zona para fijar definitivamente su residencia, a pagar con no más del 10% del salario del jefe de familia.


Fuera Domínguez-Menem de la Capital, al frente del gobierno de la intendencia en forma anticonstitucional.