06/02/2002 | 740

Fuera el gobierno títere del FMI

El Bloque Piquetero Nacional (Polo Obrero, MTR, MTL y otras organizaciones), el MIJP, el Movimiento Barrios de Pie (FTV, CTA, Corriente Patria Libre) produjeron, el 5 de febrero, la movilización de trabajadores desocupados más importante de la historia del movimiento obrero del país, con más de 15.000 manifestantes ocupando las calles. Las crónicas de Clarín o La Nación, informando sobre 2.000 ó 3.000 manifestantes, no son creíbles ni para la Policía Federal, que apuntó la presencia de 9.000 trabajadores.


La movilización debe ser valorada desde otros dos ángulos. La convocatoria al piquetazo estuvo animada por una política de transformación revolucionaria de la actual situación. Por eso la parada frente a Repsol, para reclamar el reparto de las horas de trabajo, la implantación de un tercer turno y la nacionalización integral de los hidrocarburos. Por eso el llamado constante a la unión de las «cacerolas» y los piquetes, a la unión del movimiento piquetero con las Asambleas Populares, a la unión de la lucha para recuperar el dinero que los bancos han confiscado, nacionalizando la banca, repudiando la deuda externa, prohibiendo los despidos y subsidiando a los desocupados. Fue una movilización política que contrastó abiertamente con la orientación de la FTV-CTA y la CCC de negociar con Duhalde en el marco de la aceptación de la devaluación y la pesificación, o sea de la confiscación del pueblo («Duhalde deberá mostrar si está con los banqueros o los trabajadores», Juan Carlos Alderete, Clarín, 29/1).


Un segundo hecho fue que, en la asamblea más concurrida desde su nacimiento, los representantes de las asambleas barriales votaron como punto central de su programa la Asamblea Constituyente libre y soberana a partir del desarrollo de las Asambleas Populares.


Tercer hecho. Desde el 29 de enero los piqueteros del norte de Salta han vuelto a ocupar la ruta nacional 34 en los lugares históricos de los cortes, en un movimiento de lucha que se extiende en un frente mucho más vasto que en las anteriores puebladas. El corte es por tiempo indeterminado y está presidido por el reclamo de planes de empleo, la creación de un tercer turno en las petroleras y un salario mínimo de 2,50 la hora (Mosconi) ó 3,50 (Tartagal). La misma determinación anunciará el Bloque Piquetero Nacional y el conjunto de fuerzas que acaban de movilizarse, en una batalla dirigida a quebrar la decisión política del gobierno Duhalde de destruir las organizaciones de desocupados, entregando el manejo de los planes de empleo a los punteros de los partidos de la coalición oficial y a la Iglesia, escudados en los llamados «consejos de crisis».


En la Asamblea Nacional de Trabajadores (ocupados y desocupados) convocada en Plaza de Mayo el 16 de febrero, estarán presentes todos estos protagonistas, en lo que puede constituir la gestación de un movimiento político y reivindicativo que se proponga desenvolver una dirección obrera y socialista en el seno del pueblo.


 


Saqueo «concertado»


El viernes 1º de febrero, la población fue conmovida por la decisión de la Suprema Corte de declarar la inconstitucionalidad del decreto que impuso el «corralito» y de sus modificaciones posteriores. Pero la acordada de los «capos» de la mafia judicial no pretendía satisfacer ninguna reivindicación popular: la decisión de la Corte no obligaba a la devolución en dólares ni afectaba el patrimonio de los banqueros («si los ahorros no pueden reintegrarse en dólares … deberán devolverse con garantías», decía la resolución).


La decisión de la Corte, como lo señaló el PO en su declaración del 2/2, vino a forzar un desenlace en torno a la «pesificación» y resultó funcional a los propios planes del gobierno.


Duhalde y todo el arco político patronal, desde el PJ hasta el ARI, pasaron a denunciar el «golpe de Estado» de la Corte y utilizaron este pretexto para acelerar la expropiación de los ahorros populares en los términos fijados por el FMI. Un frente único de la burguesía «industrial», los banqueros locales y extranjeros, junto a las fuerzas políticas que sostienen al gobierno, pretende imponer un golpe final contra los ahorros y el salario de los trabajadores. Con la «pesificación» generalizada de las deudas 1 a 1 se ha impuesto la licuación de deudas de los grandes pulpos nacionales e internacionales que han saqueado el país, a través de una confiscación de ahorros y salarios que multiplica por diez el despojo del Plan Bonex. Con la «flotación libre» esta licuación podrá ser aún mayor, porque cuanto más alto se encuentre el dólar y más suban los precios, más rápido será el rescate de grupos endeudados como Macri o Techint. Por eso banqueros y capitalistas conspirarán de aquí en más para que el dólar y la inflación se disparen. Tanto la Ley de Emergencia como el decreto de necesidad y urgencia que dispone la «pesificación» han creado la armadura legal para la gran confiscación de ahorros y salarios. El dólar y los precios gozan de absoluta libertad, los salarios no se pueden indexar, los convenios no se pueden actualizar y la expropiación relativa del banquero al ahorrista (al pagarle por su depósito menos de lo que ganaba prestando esos fondos) se ha convertido en absoluta.


En oposición a esta masacre social de trabajadores y ahorristas, la «pesificación» no afectará a los titulares de la deuda externa, que se seguirá pagando en dólares. Duhalde ya ordenó el pago de 1.300 millones de dólares a los bancos acreedores, desconociendo la cesación de pagos.


Esta política se ha perfeccionado con los métodos de la dictadura civil, a través del decreto de necesidad y urgencia (ilegal e inconstitucional) que prohíbe por seis meses toda posibilidad de presentar reclamos ante la Justicia.


Los ahorristas, esquilmados.


Los trabajadores, sometidos a la mayor ofensiva de despidos y suspensiones en décadas.


Los desocupados, sin siquiera planes de empleo, reservados a las empresas en quiebra.


Toda la población laboriosa y explotada, sometida a la carestía (la encuesta sobre costo de vida de enero consigna aumentos del 10 ó 12% en productos claves en el consumo familiar como pollos, harina o aceite, pero ignora la feroz remarcación de los últimos días).


El «paquete» del gobierno no deja a nadie a salvo, si se exceptúa el puñado de chupasangres capitalistas que han conducido al país a esta catástrofe.


 


Una nueva etapa en la crisis


El gobierno tuvo que aplazar la aplicación de la «pesificación» y la flexibilización del «corralito», veinticuatro horas después de haberlo anunciado, por las limitaciones insalvables del propio «plan».


El gobierno no puede soportar el anunciado libre retiro de las cuentas salariales por temor a una disparada catastrófica del dólar. Por eso ha iniciado una negociación contra reloj con los exportadores de cereales, que han venido reteniendo la entrega de los dólares por las ventas al exterior esperando el momento de la «flotación libre». Las exportadores de cereales «de ahora en más tendrán la capacidad de decidir, en buena medida, si el nuevo plan económico tiene o no éxito» (Clarín, 6/2).


La crisis ha llegado al punto que «en el equipo de Remes dejan trascender que si no ‘cierran’ con los exportadores, que le darían liquidez al mercado, sería impensable abrir el mercado» (ídem).


El gobierno, en función del pacto «nacional» con banqueros e industriales, se ha cerrado todas las puertas. ¿Qué pasó con el impuesto a las petroleras? Lo único que ha quedado, por ahora, es la eventual aplicación de «un derecho cuyo monto todavía no está definido, pero cuyo rendimiento anual para el fisco se estimó en 400 millones de pesos», un tercio de los 1.200 millones anuales planteados originalmente y por un período de cinco años.


Según La Nación, «la extensión del feriado cambiario y bancario respondería, en parte, a la demora en un entendimiento con el Fondo» (6/2). Más precisamente, «el silencio del FMI sobre el programa económico presentado por la Argentina introdujo ayer una cuota de tensión a la dramática búsqueda de apoyo internacional del gobierno». «Sobre todo hay temores sobre la fortaleza política del gobierno para manejar la crisis y la voluntad de las provincias para hacer el ajuste fiscal» (ídem).


El imperialismo norteamericano sigue reclamando la liquidación de una parte del sistema bancario o el rescate de la otra parte. Por eso «habrá heridos graves, nada será igual. El Banco Central admitió que en el proceso de saneamiento del sistema financiero algunas entidades nacionales pueden quedar en el camino». Más concretamente: «Altas fuentes del Banco Galicia y del Banco Hipotecario admitieron que ambas instituciones se verán obligadas a postergar el pago de sus respectivas obligaciones negociables (ON), programadas para febrero y marzo», es decir la cesación de pagos (La Nación, 1/2).


El gobierno quiere liquidar el «piso» de coparticipación de las provincias. Pero con un número creciente de municipios en cesación de pagos, con trabajadores municipales que no perciben sus salarios desde hace cinco meses, con cortes de ruta de los desocupados que las crónicas de los diarios nacionales recogen sólo en un 10%, con un proceso de desarrollo de las Asambleas Populares, estas medidas echan leña al fuego.


 


La unión necesaria


El cúmulo de contradicciones que envuelve al gobierno y la manifiesta incapacidad del Estado para lograr arbitrar entre los intereses capitalistas en lucha, ha hecho recrudecer el planteo de llamar a elecciones. En este pelotón está anotado Kirchner *que las reclama para dentro de 60 o 90 días*, el ARI, el Frenapo e Izquierda Unida. Pero aún convocada para todos los poderes del Estado, tanto en la nación como en las provincias y los municipios, su propósito es esterilizar la lucha por la refundación del país sobre nuevas bases, desviando la atención sólo hacia el punto del recambio del personal político. Lo que está planteado es la liquidación del régimen en su conjunto, a partir de la propia crisis, que se caracteriza por la disolución de la organización capitalista de la sociedad.


El PO plantea:


  • Fuera el gobierno peronista aliancista del FMI, de la «patria capitalista» y del Tesoro yanqui. Fuera la Corte.
  • Nacionalización de la banca, control de cambios.
  • Confiscación del patrimonio de los banqueros.
  • Repudio de la deuda externa.
  • Salario mínimo de 600 pesos, subsidio al desocupado de 500 pesos, actualizados por costo de vida.
  • Disponibilidad de todos los ahorros inferiores a los 100.000 dólares.
  • Estatización de toda empresa que despida o suspenda. Reparto de las horas de trabajo.


Multipliquemos las Asambleas Populares y unámoslas con los piqueteros en lucha.


Reforcemos la autoridad de las Asambleas Populares hasta convertirlas en un poder del pueblo explotado.


Que una Asamblea Popular Constituyente libre y soberana, convocada por el pueblo movilizado, tome a su cargo la reorganización social y política del país.

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