Un fallo del Superior Tribu­nal de Justicia suspendió, mediante una medida cautelar, la realización de las elecciones provinciales previstas para el 20 de febrero de 2005.

Todos los intentos para con­sensuar una lista única del PJ para la interna partidaria habían fracasado, lo que llevaba a una interna que iba a dejar fuera del escenario a varios contendientes. La interna del PJ había dado lu­gar a tres grandes líneas: los juaristás, una alianza de los iturristas v el diputado nacional Canto (dueño del Nuevo Diario y de un multimedios), y, Ríos Olivero, reflotando el Frente para la Victoria, kirchnerista.

El proceso político quedó con­dicionado por esta crisis. El fallo del STJ está dirigido a salvar de conjunto el proceso político, obli­gando a una suspensión general del proceso electoral. El fallo de sus aliados clericales (el STJ es­tá integrado por varios jueces designados por sugerencia de la Universidad Católica) tiene el propósito de suspender un proce­so que era inviable políticamen­te por la división del PJ y está dirigido a ganar tiempo para reflotar el planteo de reforma constitucional. No por casualidad, el fallo de STJ surgió ante un pedi­do del ex cura Hisse, actual Defensor del Pueblo y dirigente del partido Memoria y Movilización, que a nivel nacional dirige Eduardo Luis Duhalde. Hisse fue una de las cabezas de la campaña promoviendo la recolección de 100.000 firmas a favor de la reforma constitucional, la decla­ración de no presentación a elec­ciones de los partidos y frentes con ascendente clerical, y una in­cesante agitación a través de los medios de comunicación que con­trola la Iglesia, por la suspen­sión de las elecciones alegando la inconstitucionalidad del siste­ma de circunscripciones previsto por la Constitución provincial, que permite la existencia de una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Aunque esta acción está diri­gida a rescatar la intervención, ha terminado hundiéndola irre­mediablemente. Por eso Lanusse ha ratificado que las elecciones se deben realizar el 20 de febrero, y que su mandato termina a finales de marzo. Puede ser simplemen­te una expresión de voluntaris­mo. El gobierno de la interven­ción está completamente condi­cionado por la crisis del PJ, y és­ta por la división y pugna de los diversos monopolios que domi­nan la provincia.

Los días de Lanusse como in­terventor están contados. La de­signación de un nuevo interven­tor deberá estar precedida de un acuerdo entre Kirchner, Duhalde y la Iglesia, lo que significará la rehabilitación de toda el ala juarista y de los grupos económicos vinculados (Ick) que procurarán recuperar su carácter de monopo­lios privilegiados del futuro go­bierno provincial. Desde el juarismo y todo el arco político vin­culado a que están en plena cam­paña reclamando “seguridad jurí­dica”.

Asamblea Constituyente con poder, convocada por una Asamblea Popular

Tras siete meses de Intervención y dos elecciones fallidas, el pueblo santiagueño debe extraer una con­clusión fundamental: ningún dele­gado del gobierno nacional dará una salida popular a la crisis.

De igual forma, propugnar la reforma de cuatro artículos de la Constitución (tal es la propuesta de los que recolectaron firmas para la Iglesia) constituye un intento de maquillar al juarismo. El juarismo no puede ser reformado, debe ser destruido.

No hay salida de cúpula a la cri­sis provincial. Se requiere una sali­da de fondo: una Asamblea Consti­tuyente libre y soberana que reorga­nice la provincia sobre nuevas bases sociales. Esto significa llevar adelan­te la Reforma Agraria (la liquidación del latifundio y el reparto de la tie­rra para todo aquel que quiera tra­bajarla, bajo control de comités cam­pesinos de base, en conjunto con el monopolio estatal de los recursos hídricos); la expropiación del Banco de Santiago y de todo« los grande» gru­pos económicos de la provincia, po­niendo estos recursos bajo control de los trabajadores; y el reparto de las horas de trabajo entre ocupado« y de­socupados sin afectar el salario.

Pedirle a la Intervención, que fracasó en realizar una miserable reforma y que defiende a los terratenientes y a grandes grupos eco­nómicos, que convoque a una Asamblea Constituyente con po­der, es pedirle peras al olmo.

Los santiagueños debemos do­tamos de un gobierno propio, a la altura de las tareas históricas que se le plantean a nuestra provincia para salir del atraso.

Por eso el Partido Obrero dice:

• ¡Fuera la Intervención!

• Asambleas populares en todos los pueblos y barrios; comités campesi­nos de base en el campo, que elijan un gobierno provisorio para que, en 60 días, convoque a una Constitu­yente libre y soberana.