La amenaza que sufrimos el jueves pasado por parte de un legislador del PRO no puede ser calificada como un exabrupto o desboque personal. Antes de que el diputado Quattromano prometiera que “la barrabrava te va romper la cabeza afuera”, el PRO había desarrollado una escalada de provocaciones contra la banca del Frente de Izquierda en el transcurso de esa misma sesión. En el punto anterior, Cristian Ritondo, el vicepresidente de la Legislatura, nos interrumpió cuando apenas habíamos utilizado cinco de los quince minutos asignados. “Ya agotó su tiempo”. Cuando protestamos, se nos contestó: “Usted, diputado Ramal, ya habló demasiado durante el día (sic)”. El jefe de la Legislatura simplemente largó su fastidio, después de una jornada donde denunciamos los tarifazos e impuestazos contra los vecinos y, en contrapartida, a un régimen de exención de impuestos para el capital que convierte a la Ciudad en una gigantesca zona franca; luego, el endeudamiento creciente; la privatización de tierras en el sudoeste y, finalmente, la tentativa de prorrogar la concesión de 47 hectáreas en Lugano para ¡una cancha de golf!

 

Durante todo el día, sometimos a crítica implacable a un régimen confiscatorio y expulsivo hacia los trabajadores de la Ciudad. “Usted ya habló bastante”: la advertencia estaba lanzada. Una hora después, Quattromano, jefe de campaña del precandidato a jefe de Gobierno Cristian Ritondo, cruzaba todo el recinto para proferirnos una amenaza brutal.

 

 

Amenazas con aval

 

El carácter político de la agresión quedó ratificado cuando, minutos después de su amenaza, pedimos una cuestión de privilegio, que fue rechazada por el PRO. En los días sucesivos, sus principales voceros salieron a denunciar ‘las provocaciones de Ramal', entendiendo por ello nuestra oposición a los numerosos negociados que se votaron en esa sesión. El PRO cerró filas con sus elementos patoteros. Salvando las distancias, son las mismas razones por las cuales Cristina Kirchner jamás condenó el crimen de Mariano Ferreyra: las burocracias sindicales, los punteros y las fuerzas de choque que le son comunes forman parte del actual Estado y de sus gobiernos. La descomposición económica y social que se asoma detrás de la precarización laboral, el remate de tierras, la confiscación impositiva y la expulsión de vecinos exige un régimen político igualmente descompuesto. En la Legislatura, la “nueva forma PRO de hacer política” (sic) se reveló como un rejunte de barras y elementos derechistas. Con excepción de algunos diputados que repudiaron la agresión del PRO en el curso de la propia sesión, los principales bloques opositores no se pronunciaron sobre la agresión. Es que las “barras” y patotas son un patrimonio común de todos. La “doble” condición de dirigente de fútbol y diputado es una característica de varios diputados del PRO: también los barras le prestan doble servicio, en la cancha y en la intimidación a los movimientos sociales que llevan sus reclamos a la Legislatura.

 

 

Vamos hasta el final

 

Apenas producida la agresión, presentamos una denuncia penal por amenazas. Los abogados de Apel han reforzado la presentación inicial con videos que documentan abrumadoramente la amenaza. La Justicia de la Ciudad nos ha propuesto una mediación que, naturalmente, rechazamos. No estamos ante un ‘diferendo entre vecinos', sino ante un conflicto político. Lo que está en juego es el derecho del pueblo de la Ciudad a enarbolar sus reclamos contra el Estado y, como parte de ello, el de los tribunos de los trabajadores a expresarlos, y a plantear un programa antagónico al que levantan los partidos del sistema. El gobierno y el bloque que avaló a Quattromano es el mismo que armó una banda de patotas -la Ucep- para golpear a las personas sin techo, y que contrató a “Fino” Palacio para armar su cuerpo policial y una red de espionaje político y personal en la Ciudad. Los opositores que callan frente a esta amenaza son los mismos que le permitieron a Macri zafar de un juicio político por esa red de espionaje y que han pactado con el PRO los negocios inmobiliarios, el perdón impositivo al casino de Cristóbal López y la entrega de tierras en la zona sur.

 

¡Fuera la patota de la Legislatura! Los responsables de la amenaza a la banca del Frente de Izquierda deben ser juzgados y sancionados. Reforcemos, a la escala de toda la Ciudad, una alternativa propia de los que viven de su trabajo.