La reunión clandestina que mantuvieron Menem y Alfonsín para pactar la reforma de la Constitución, ha puesto las cosas en el lugar en que efectivamente están: el plebiscito era y es una simple estafa contra el pueblo y la aceptación del plebiscito trucho por parte de la oposición patronal era una forma disimulada de legitimar la prepotencia y el atropello del gobierno.

“Ambito Financiero” podrá reivindicar la primicia de haber logrado anticiparse a sus competidores en la tarea de comprar la confidencia de los participantes de la reunión secreta, o la de alguno de los que la prepararon. Pero nadie podrá negar la primicia aún mayor del Partido Obrero, que, en un volante que salió 72 horas antes de la revelación exclusiva de Ambito, planteaba: “Ni Menem, ni Alfonsín, Boicot”, y convocaba a “repudiar el pacto antidemocrático entre un presidente… entreguista y hambreador… y una oposición impotente y derrotista que le hace de cómplice”.

La reunión clandestina entre el jefe del Sí y el jefe del No ha servido para desenmascarar la falsedad de las afirmaciones democráticas con que Menem pretendió adornar a su plebiscito ilegal convocado por decreto —pero, por sobre todas las cosas, ha desenmascarado la vía sin salida de los partidarios del No, que aceptaban concurrir a un plebiscito trucho, unilateral, falso y despótico, para único beneficio de los capitalistas y de los banqueros privatizadores.

Porque el Partido Obrero supo caracterizar los lazos de complicidad entre el Sí y el No, fue que pudo adelantarse a todo el mundo en anunciar y denunciar el inminente pacto conspirativo entre Menem y Alfonsín. El acierto de un planteo político debe medirse, al menos en última instancia, por sus resultados. Esta reunión clandestina ya ha confirmado, entonces, sobradamente, el acierto de la consigna del boicot levantada por el Partido Obrero.

¿Pero qué conclusión corresponde sacar ahora de los nuevos datos políticos?

La primera conclusión que se impone es, naturalmente, que hay que reforzar la consigna del boicot, para el caso de que el plebiscito aún tenga lugar. No son diferencias de principios las que oponen a Menem y a Alfonsín, sino una lucha sin principios por la manija. De todo lo que se ha podido leer acerca de la reunión, la principal diferencia que aún los estaría separando es la pretensión de Menem de que la posibilidad de la reelección comience a tener vigencia a partir de 1995, lo que le daría el derecho a presentarse en 1999… Si esta diferencia prosperara y el plebiscito se hiciera de cualquier manera, la posición de concurrir y legitimar la “consulta” trucha sería definitivamente insostenible y un seguro síntoma de desmoralización. La posición concurrencista por el No estaría debilitando, en tal caso, la lucha que ya es necesario dar para ganar al boicot a los partidarios del Sí, que ahora descubren el rostro real del plebiscito —su carácter de farsa. El boicot es una consigna que ahora puede unir más que antes, de un lado, a los trabajadores ganados a la idea de la reforma de la Constitución, con los trabajadores que se oponen a ella; del otro, sobre la base de que tanto para unos como para otros el plebiscito es una manipulación del pueblo y de ningún modo una posibilidad de vigencia de la soberanía popular.

Ya antes de la reunión clandestina, la tendencia al boicot superaba a la del No en la preferencia popular, pues las encuestas le daban un 35% a la primera y un 20-25%  a la segunda. Reforzar la tendencia boicotista dejaría al gobierno sin la posibilidad de concretar su propósito continuista y reaccionario, y dejaría a la oposición patronal sin la posibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno. Porque no hay que olvidar nunca que el No de la oposición patronal fue siempre un No a la reforma unilateral de la Constitución, por parte del menemismo, pero siempre en favor de la llamada reforma “consensuada”. Expresa esta posición mejor que nadie la consigna que pactaron la UCR de Capital y el Frente Grande: “Así No”. Es decir, el No era el Sí al acuerdo con el menemismo.

La reunión clandestina ha desenmascarado, no a dos hombres simplemente, sino a las propias instituciones del Estado “democrático”. Un Ejecutivo que conspira; un Congreso transformado en cero a la izquierda y en mero títere de lo que se teje a sus espaldas; los dos principales partidos de la oposición usados como marionetas por sus caudillos; el electorado de esos partidos manipulado como fichas de presión en un juego sin principios por el poder.

La conclusión consecuente de lo ocurrido es entonces muy simple: fuera los farsantes, abajo el Estado capitalista y sus instituciones impotentes, abajo la conspiración contra el pueblo. Con los partidos capitalistas no hay democracia ni régimen representativo; es necesario un gobierno de trabajadores. La conclusión es entonces agruparse y organizarse en un polo político de los trabajadores y en un frente de izquierda.

El pacto Menem-Alfonsín plantea, en el caso de entrar en vigencia, que el Congreso de la Nación y una próxima Asamblea Constituyente deberán obligatoriamente obedecer los puntos acordados entre los conspiradores. El radical Zavalía, caudillo de Santiago del Estero, fue por cierto el que mejor entendió el problema al proponer que, a partir del acuerdo, para las elecciones Constituyentes, ¡radicales y peronistas formaran una sola lista!

Los puntos de reforma constitucional ya pactados entre Menem y Alfonsín constituyen de por sí un violento atentado contra la democracia. En primer lugar la reelección, que refuerza aún más el enorme poder de los burócratas y camarillas del Estado que responden al presidente de la República. Otro aspecto es la formación de un Tribunal Constitucional, elegido por partes entre la burocracia del Poder Judicial, la corporación de los estudios de abogados, el Ejecutivo y el Senado, que podrá descalificar las leyes que aprueba el Congreso, debilitando todavía más la única institución representativa del Estado y convirtiéndola en una nada. También acordaron que los proyectos de ley del Ejecutivo puedan aprobarse transcurridos sesenta días, sin necesidad del voto del Congreso. Coincidieron, asimismo, en espaciar las elecciones legislativas de dos a cuatro años. Una reforma de la Constitución como la que pergeñaron entre cuatro paredes estos “próceres” de la “democracia argentina”, tiene la inconfundible finalidad de reducir a la nada la soberanía popular, limitándola a la emisión simbólica del voto cada cuatro años.

En los mentideros políticos se ha atribuido el pacto a la necesidad que tiene Menem de los votos radicales para obtener los dos tercios que habilitan una reforma de la Constitución, y al temor de Alfonsín de que el radicalismo sea aplastado en el plebiscito. Esto es naturalmente así, pero tiene un carácter secundario: la función del pacto y de una reforma constitucional acordada es sellar una “unión nacional” en torno a las privatizaciones y al pago de la deuda externa establecido en el “plan Brady”. Es la “garantía” que reclama el imperialismo y el “blanqueo” que necesitan los “atorrantes” del menemismo (palabras de Béliz) y los “estatizantes” de la UCR.

Pero como lo están demostrando las crisis de Méjico y de Brasil, y el virtual fracaso del plebistrucho  de Fujimori, estos acuerdos y “uniones nacionales” no tienen la capacidad de dar una salida a la impasse capitalista, y mucho menos a las masas. Bastó que subiera un cuarto de punto la tasa de interés en Nueva York, para que en el “microcentro” cundiera el “pánico”. Después de haber elogiado su “logro” de haberle devuelto a la Argentina el “crédito”, Menem acaba de pedir a los capitalistas y a los consumidores que “no se endeuden”. Esta situación de conjunto plantea la necesidad de una firme respuesta política.

Llamamos a reforzar y profundizar un Frente de Izquierda y los Trabajadores, para desenmascarar a los partidos patronales y organizar a los trabajadores como alternativa de poder.