El espionaje político-policial contra la población tiene en Argentina un carácter general, nacional, planificado, sistemático y secreto, ordenado por el Poder Ejecutivo y “seguido” por los organismos de segu­ridad que dependen, directa o indirectam­ente, de la Casa Rosada. Las excusas que se han dado en los últimos días sobre los supuestos “excesos” de algunos jefes policiales son menos que eso, pues tam­bién pretenden ocultar las enormes di­mensiones del aparato estatal dedicado a la provocación política y las partidas pre­supuestarias destinadas al espionaje, mientras se derrumban la educación y la salud públicas.

La orden de espionaje a los estudian­tes fue dada por Manzano en noviembre del año pasado y confirmada por Béliz a principios de éste, en el cuadro del llama­do Consejo de Seguridad Interior. Este Consejo es un organismo cuyo funcio­namiento es secreto, que integran los ministerios de Justicia, de Interior y de Defensa, los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, además de los gobernadores y jefes de policías pro­vinciales. Fue creado por decreto por Alfonsín después de La Tablada bajo la presión de los militares y los organismos de inteligencia y convertido en un “orga­nismo de la democracia” por el parla­mento u principios de 1992.

El “interés” de los organismos de se­guridad por los estudiantes secundarios se “reactualizó” a partir de la gran movi­lización educativa del año pasado, los mismos que nos pintan una juventud “despolitizada” son los primeros en in­vestigarla, espiarla y armar provocaciones contra ella. El “ideólogo” del espionaje contra la juventud fue, naturalmente, el propio Menem quien, en medio de la mo­vilización educativa, no tuvo empacho en declarar que “no vaya a ser cosa que volvamos a tener en la República Ar­gentina otro contingente de Madres de Plaza de Mayo reclamando por sus hi­jos”. Ahora se sabe que, por aquella época, el ministro de Defensa Erman Gon­zález “había dado instrucciones a to­dos los organismos a su cargo para que iniciaran ‘tareas de prevención’ ante una posible ‘intervención subver­siva en círculos intelectuales ‘que abar­caban a estudiantes, docentes y mili­tantes de gremios combativos” (Página 12, 30/6). Como es sabido, Erman es apenas un “chirolita”.

El Estado capitalista es una gigantesca organización conspirativa contra las ma­sas y contra las libertades públicas. La “democracia” no ha hecho más que “perfeccionar” está máquina represiva: desde la sanción de la ley de segundad interior, a principios del año pasado, el espionaje está ‘ sometido” a “control parlamentario”…

La existencia de semejante aparato secreto de espionaje es completamente incompatible con la vigencia de las liberta­des democráticas más elementales e, in­cluso, con las normas constitucionales y legales.

La disolución inmediata de todos los organismos secretos, la publicación de todos sus archivos, informes y resolucio­nes y el juicio político a todos los miembros del poder ejecutivo y de todos los gobier­nos provinciales directamente implicados en el espionaje, empezando por el propio Menem, es la única salida democrática de este pantano de la caza de brujas y la provocación ideológica.