Políticas

7/3/2002|744

Fuera Miranda y su camarilla, por una Asamblea Popular Constituyente

El gobierno de Miranda acaba de promulgar una ley que convoca a una convención para reformar la constitución provincial. Miranda no oculta que el propósito básico de la reforma es habilitar la reelección del gobernador, los legisladores, intendentes y concejales. El mirandismo tampoco esconde que pretende impulsar otras reformas dirigidas a achicar la representación popular en la Legislatura y los concejos y darle carácter constitucional al ajuste del gasto público.


La ley de reforma fue aprobada en medio de un escándalo de denuncias sobre sobornos de legisladores del bussismo y la Alianza. Haciéndose eco de esas denuncias, la Sociedad Rural se pronunció en contra de la convocatoria a una convención, junto con la Unión Industrial y la Fundación del Tucumán, alegando que el achicamiento del gasto político y demás ajustes se podían hacer sin tener que convocar a elecciones.


Miranda y su camarilla quieren la reelección para, entre otras cosas, imponer un caudillismo en el PJ, que se encuentra en franca disgregación.


Miranda fue elegido como gobernador, en su oportunidad, mediante elecciones fraudulentas y ahora prepara su continuidad mediante un nuevo fraude, ya que las elecciones convencionales se van a realizar mediante el régimen de Lemas y Sublemas.


La oposición patronal (sectores del PJ, Pueblo Unido, la Alianza y el bussismo) ha planteado que en caso de ganar disolverían la convención. En esta misma postura se alineó el Partido Humanista y el Polo Social. Los medios dan cuenta de negociaciones para formar un frente electoral.


El Partido Obrero plantea el repudio a la convocatoria trucha y antidemocrática del gobierno, destaca el hundimiento de la provincia y la responsabilidad del actual gobierno (recientemente, ha entregado el piso de coparticipación y pesificado la deuda pública provincial acrecentando la quiebra del estado provincial, y ha anunciado, como consecuencia de ello, un nuevo y violento ajuste contra los salarios y la fuente de trabajo de los empleados públicos y la docencia). Por ello, más que nunca, está planteada la consigna de: fuera Miranda y todos los intendentes, que el poder en la provincia y los municipios pase a manos de asambleas populares constituyentes libres y soberanas.


Para impulsar la lucha por esta salida el PO plantea extender la formación de las asambleas populares y el desarrollo del movimiento piquetero, para ir a una lucha de conjunto (piquetes y cacerolas) que abra camino a la lucha de las masas, la huelga general.