Políticas

26/7/2001|715

Fuera Ruckauf

Asamblea Constituyente en la provincia y los municipios

La provincia se está paralizando.


Los hospitales no reciben insumos porque los proveedores han cancelado el suministro y el gobierno ha dispuesto la formación de *comités de admisión* para seleccionar quién puede ser atendido y quién no. Los comedores escolares están dejando de funcionar por la falta de partidas. Las asignaciones por los planes de empleo no se depositan. Los maestros suplentes no han podido cobrar su sueldo. El cobro del aguinaldo para el conjunto de los empleados públicos está en crisis.


La penuria de los trabajadores, de por sí colosal, se ha acrecentado aún más.


Tan sólo por estas razones, por *dirigir* una provincia que ha sumado en los últimos seis meses 150.000 desocupados al millón ya existente, con récords de mortalidad infantil y muertes por *gatillo fácil* y que ha duplicado el endeudamiento público, sólo por estas razones el gobierno provincial debe irse.


Pero existen muchas más.


El gobierno del PJ, con el voto de la UCR y el Frepaso, ha resuelto pagar con bonos los salarios mayores a 900 pesos, bonos cuya aceptación *depende absolutamente de la buena voluntad de los empresarios* (Ruckauf), lo que los convertirá en bonos *basura* que terminarán canjeados por un tercio de su valor nominal.


En 60 días se definirá una reforma del Estado que significará reducción salarial y despido de contratados hasta lograr un *ahorro* de 280 millones de dólares a costa de los trabajadores y los jubilados.


No está prevista la asignación de nuevos planes de empleo, cuando sólo un 15% de los trabajadores desempleados recibe un plan.


La *patria contratista*, sin embargo, no recibirá *bonos basura*. *Los bonos de cancelación de obligaciones para proveedores tendrán equivalencia en dólares y un rendimiento semestral del 6%*, un negocio en medio de la crisis.


Pero, al mismo tiempo, el gobierno ha resuelto cancelar con un bono de deuda pública los créditos incobrables o morosos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1.100 millones de pesos o dólares que corresponden a las cuentas impagas de los grupos Yoma, Gualtieri y varios más, y que ahora son trasladados a los habitantes de la provincia a través de un título que tiene la garantía de la coparticipación federal. Otro negocio en medio de la crisis, en la línea de *sanear* al Banco Provincia para hacer aún más apetitosa la privatización reclamada por los banqueros.


No es todo. Se recortan los salarios a partir de los 1.200 pesos y se paga en bonos a partir de los 900, pero los funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo se han fijado 6.400 pesos mensuales de bolsillo.


Se ha dispuesto incorporar alícuotas extras en el impuesto inmobiliario y en ingresos brutos, lo que es una joda desde el momento que la clase en el poder no quiere pagar impuestos sino lucrar con la crisis, como se revela en una evasión impositiva del orden de los 3.500 millones de pesos, casi el 40% de la recaudación, evasión centrada en los *grandes contribuyentes*.


El gobierno tiene que irse por ineptitud manifiesta y sometimiento a los intereses que han fundido a la provincia y la nación. 


Es una cuestión de sobrevivencia, porque aún las reivindicaciones más elementales están en peligro con el actual régimen. Es una crisis vertebral que se expresa en el colapso de casi la mitad de los municipios, que han pasado a ser administraciones fantasmas.


Para conseguir el pan, el trabajo y la vivienda, hay que deshacerse de los De la Rúa, Cavallo y Ruckauf. Que se vayan, asambleas constituyentes en la provincia y en los municipios. Para resolver el no pago de la deuda externa, la apertura de cuentas y la intervención obrera en el Banco Provincia y el resto de la banca, la reestatización de las empresas privatizadas, un impuesto progresivo a la gran propiedad terrateniente, inmobiliaria e industrial para paliar el hambre y reconvertir y poner en producción a las miles de fábricas paradas, para establecer un salario mínimo de 600 pesos por ocho horas de trabajo, para disponer el cobro de impuestos en cada lugar de trabajo y en cada municipio bajo control de los trabajadores y sus organizaciones.