En su discurso en el acto por el Día del Ejército, Macri reafirmó su objetivo de integrar a las fuerzas armadas a tareas de represión interna. El tema cobra un relieve acuciante al calor de las negociaciones con el FMI, que depararán un ajuste aún más draconiano contra el pueblo que vive de su trabajo. El reforzamiento represivo se discute abiertamente en el gobierno, con todos sus matices. Recientemente, el ministro de Justicia, Germán Garavano, reconoció que su área estudia “un nuevo paquete de leyes para emparejar [sic] el escenario de protestas y reclamos que el gobierno vislumbra para la etapa postacuerdo con el FMI” (La Nación, 27/5). El reformado Código Penal incluirá nuevas herramientas para criminalizar la protesta social.

En esa línea, el gobierno pretende “redefinir” el rol de las fuerzas armadas. "Necesitamos Fuerzas Armadas que se adapten a las necesidades del siglo XXI y preparadas a las amenazas que hoy nos preocupan", exhortó Macri. Estas serían, según el discurso oficial, el narcotráfico y el terrorismo, dos “enemigos” de contornos indefinidos. En los hechos, el gobierno apostrofa como “terroristas” a los mapuches que dan pelea en la Patagonia contra el despojo de sus tierras o su contaminación a manos de petroleras y mineras.

El gobierno sigue el libreto dictado por el Departamento de Estado norteamericano. La compenetración del aparato represivo local con el imperialismo cobró renovado impulso de la mano de Macri y Patricia Bullrich. Prueba de ello son las gestiones para establecer enclaves militares yanquis en la Triple Frontera y en Neuquén y el asiduo intercambio del ministerio de Seguridad con el FBI.  

El gobierno debate si remover por decreto o por la vía parlamentaria la reglamentación de la Ley de Seguridad Interior que dispone que las Fuerzas Armadas responderán "ante agresiones de origen externo perpetradas" por ejércitos de otros Estados, para incorporar al “enemigo interno”. El inminente relevo de la plana mayor de las fuerzas armadas y su unificación bajo un Comando Conjunto apuntan a adecuarlas a este propósito. Desde el punto de vista del andamiaje legal, el gobierno cuenta con el legado de las leyes “antiterroristas” sancionadas por el kirchnerismo. Asimismo, los K preservaron, en el articulado de la llamada Ley de Defensa de la Democracia, el recurso de la intervención de los militares en caso de “conmoción interior”, previo dictado de estado de sitio, como lo han hecho todos los gobiernos “democráticos” desde Alfonsín hasta la fecha. 

Macri adoptó como un objetivo estratégico la reinserción de los militares en la vida política del país desde el inicio mismo de su gobierno. Esto se vio reflejado en los cuestionamientos a la cifra de 30 mil desaparecidos, en el decreto de autogobierno de las fuerzas armadas, el fallo del 2×1 y el listado elaborado por el Servicio Penitenciario para excarcelar a un centenar de genocidas, entre otros. En pleno ajustazo, al único sector que el presidente prometió blanqueos salariales fue a los milicos. El compromiso de Macri con los militares se acentuará con el curso de la crisis política y económica.

Actualmente, las fuerzas armadas prestan apoyo “logístico” a las fuerzas de seguridad, como lo vienen haciendo desde la época de los K. Según los medios, se baraja la posibilidad de que el Ejército releve a Gendarmería y Prefectura de la custodia de las fronteras y costas, y que éstas pasen a depender de la jefatura militar. Como se ve, del “apoyo logístico” a la intervención directa media un solo paso. Ambas fuerzas ya tienen un largo historial represivo, que no se agota en los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel ni en sus acechanzas en la villa 21, de Barracas.  

Hasta ahora, el macrismo asentó su gobierno a través de la colaboración de los gobernadores y legisladores del pejota y la burocracia sindical. Sin renunciar a esa colaboración, ahora pretende valerse de las fuerzas armadas como reaseguro contra una eventual rebelión popular –un objetivo que acariciaron todos los gobiernos de la “democracia” desde 1983.

Impulsemos una gran movilización política contra este rearme represivo y por el juicio y castigo a todos los culpables.

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