El acuerdo firmado por el gobierno con la española Gas Natural BAN, concesionaria del servicio de gas, inaugura el tarifazo en la era K. Es considerado un “modelo” para las otras privatizadas.

 

En cuotas e indexado

 

El gobierno concede un aumento del 20 por ciento en las tarifas de gas para todos, incluidos los domicilios particulares.

 

Pero este aumento es “sólo un punto de partida, ya que el cuadro de precios definitivos para todas las categorías de usuarios surgirá después de la revisión tarifaria integral, prevista para mediados de año. De esta reestructuración surgirá, sin dudas, un aumento adicional” (Página/12, 19/2, destacado nuestro). Es decir que estamos sólo ante la primera cuota.

 

En épocas de “convertibilidad”, el negocio era atar las tarifas a la inflación estadounidense. Ahora que lo que sube es la inflación argentina, hay un consenso, según Página/12, para que las tarifas se ajusten de acuerdo con “la evolución de los precios locales”.

 

“Están eximidos”

 

Una de las cláusulas más importante establece que la “empresa se verá eximida de invertir en la expansión del servicio” (ídem). La inversión en infraestructura figuraba en todos los convenios de privatizaciones y fue sistemáticamente violada por las empresas (luego de 2001, alegaron insolvencia financiera). El reajuste tarifario sólo cubrirá deudas de las empresas (en el caso de Gas Natural BAN, de unos 200 millones de dólares) y la retribución a los accionistas. El gobierno premia a la empresa eximiéndola de la obligación de extender la red (en especial a la zona norte, donde hay mayor proporción del gas licuado y de garrafas que es más caro). El Estado se haría cargo de las inversiones armando para ello un nuevo “fondo fiduciario”, o sea, contrayendo deuda.

 

A lo único que se compromete la empresa es a absorber una eventual sentencia favorable a la demanda (de 260 millones) contra el Estado realizada por otro miembro de la sociedad, los yanquis L&G, por los “perjuicios” de la pesificación y el congelamiento de tarifas. Una ganga, en comparación con la rentabilidad que le representa la extensión y los términos del contrato.

 

A decretazo limpio

 

El contrato entrará en vigencia a partir de mediados de año, es decir en pleno invierno, cuando el consumo de gas es masivo.

 

Saldrá por un decreto del Poder Ejecutivo. Será diferente al documento “que meses atrás fue sometido a audiencia pública y el que, finalmente, llegó a los legisladores para su consideración” (ídem).