Tuvo lugar la primera audiencia pública de mayo para definir los nuevos aumentos en los servicios. Allí se analizó particularmente la suba del precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) durante el año 2022, es decir, el precio de la oferta mayorista que pagan las empresas distribuidoras a las productoras, el cual está subsidiado en un 75,6% por el Estado. En las próximas dos audiencias, pautadas para el miércoles 11 y el jueves 12, se discutirá el tarifazo en la electricidad y la segmentación para determinar la quita de subsidios en la boleta de ciertos usuarios, la cual posiblemente termine involucrando a más del 10% de la población que se anunció en un principio.

La Subsecretaría de Hidrocarburos propuso incrementar entre un 41,7% y un 46,3% el precio del gas dentro de la factura que pagan los consumidores (compuesta también por otros ítems), dando lugar a aumentos del 20% promedio para la mayoría de los usuarios en el mes de junio. Con esto, el gobierno busca no tener que cubrir con subsidios estatales el encarecimiento del precio internacional del gas que importamos y que seamos los trabajadores quienes paguemos la diferencia, ni las petroleras ni las empresas que prestan el servicio. Todo en función de arrimarse a los lineamientos fiscales del FMI.

Así las cosas, el oficialismo mantiene intactos los beneficios de los pulpos hidrocarburíferos que explotan las cuencas gasíferas del país, cuyo escaso nivel de inversión nos lleva al déficit energético actual, donde el Estado debe comprar gas más caro proveniente del exterior (a USD 39 por millón de BTU) en mayor cantidad para abastecer la demanda interna. Lejos de cualquier reprimenda, el gobierno premia a este sector permitiéndole exportar gas a Chile en función de aprovechar los altos precios internacionales, cuando la producción es insuficiente para atender el consumo local y el Banco Central dilapida divisas en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) a través de la estatal IEASA. Como si fuera poco, Guzmán prometió recientemente flexibilizar el cepo cambiario para las petroleras a fin de facilitarles el giro de utilidades a sus casas matrices.

Quienes también saldrán favorecidas son las empresas distribuidoras de gas, las cuales a pesar de haber recibido subsidios millonarios durante dos décadas no han garantizado el acceso al servicio para millones de usuarios que no tienen más remedio que comprarse garrafas ante la falta de conexión a la red. Son las mismas privatizadas que acumulan una deuda con IEASA de USD 15.000 millones por despachos de GNL importado, aduciendo que no pueden afrontar esos pagos debido a los altos precios; un rojo que se termina cubriendo con fondos públicos. Proceder a abrir los libros de la empresas en cuestión para constatar esa supuesta insolvencia está completamente por fuera de la agenda gubernamental.

A su turno, IEASA ofrece otra vía de subsidios patronales vendiéndole gas más barato a la industria (a USD 6 por millón de BTU), en virtud de reducir los costos de producción frente a las quejas del sector. Sin embargo, esta prebenda no tiene como correlato ninguna condición para que los empresarios no remarquen sus precios. Lo anterior choca con la reducción del gasto primario que exige el FMI, lo cual evidencia que los tarifazos son un factor de crisis y dislocamiento económico, constituyendo una encerrona para el gobierno.

Como vemos, este esquema energético inviable será descargado sobre el bolsillo popular por medio de tarifazos, en pos de perseguir las metas fiscales impuestas por el Fondo. Ahora bien, ni siquiera la segmentación que se definirá el jueves, la cual establecerá quiénes pasarán a pagar la tarifa plena, asegura que disminuyan los subsidios energéticos, los cuales pueden ascender a USD 2.317 millones en 2022 solo en el gas, según los cálculos oficiales. Por un lado, debido al escenario mundial que recalienta el precio del gas como ya mencionamos; pero además, en el caso del gas, lo más probable es que las distribuidoras no le paguen a las petroleras la facturación incremental que genere la segmentación como pretende el gobierno para desembolsar menos subsidios; seguramente opten por quedarse ellas mismas con la diferencia, acusando un retraso en los precios de distribución que figuran en la factura final.

Rechacemos los aumentos en los servicios y exijamos la apertura de los libros de la cadena energética, a fin de evaluar los costos reales, escudriñar qué hicieron los capitalistas involucrados con los subsidios recibidos y fijar tarifas acordes a las necesidades sociales, en el camino de nacionalizar bajo control obrero la industria energética y así terminar con el parasitismo reinante y abrir un curso de desarrollo al servicio del pueblo. Mientras tanto, luchemos por un salario mínimo de $180 mil y subas salariales indexadas a la inflación para defender nuestro poder adquisitivo frente a estos ataques. Abajo el ajuste del gobierno y el FMI.