Políticas

10/1/2007|978

Gaspar y la discapacidad


A un año del accidente de Gaspar, compañero del Partido Obrero de Almirante Brown, aportamos esta experiencia con la salud pública para un trabajador desocupado y el acceso a su rehabilitación.


 


El Hospital Penna no tenía anestesistas el día de su ingreso. A pesar de su gravedad, debió ser trasladado al Fernández para la realización de una serie de estudios. Aun en Capital, no todos los hospitales cuentan con equipos de alta complejidad.


 


En dos oportunidades le suspendieron, dentro de la internación, operaciones programadas, por falta de instrumental.


 


Varias veces el Hospital debió llamar a licitación por el corsé ortopédico, que se consiguió después de tres meses.


 


Para obtener una cama en un centro de rehabilitación fue necesario amagar con el uso de un recurso de amparo, y así lo internaron.


 


En Capital sólo hay dos hospitales de rehabilitación, saturados de pacientes. Muchos son crónicos y otros provienen del interior. Los pocos lugares de este tipo con que cuenta el Conurbano están semidesmantelados. La atención en un centro privado de rehabilitación se cotiza por arriba de los mil pesos diarios. Las becas que otorgan a carenciados son muy básicas y duran un mes.


 


La obtención de elementos de ayuda (sillas de rueda, andadores) u ortopédicos (audífonos, camas, aparatos) resulta una dura prueba de resistencia a la burocracia.


 


La subfacturación por parte del Estado de estos elementos alcanza hasta el 800%.


 


Para muestra basta un botón: una cama ortopédica, solicitada algunos meses atrás, nos fue adjudicada en una fábrica de Venado Tuerto (¿?).


 


Según el Indec, suman millones las personas con discapacidad. Pero s ólo se censó en centros urbanos con más de 5.000 habitantes. Quienes viven en zonas rurales no sólo no son censados, sino que tampoco acceden a rehabilitación alguna.


 


Más del 20% de los hogares tienen al menos un integrante con alguna discapacidad.


 


Al certificado de discapacidad pueden acceder un 15%; permite una serie de beneficios como transporte, obra social, etc. Sólo se otorga en Capital y cinco provincias. La demora para la obtención supera los seis meses.


 


Por ley se estableció un sistema integral de prestaciones en rehabilitación. Abarca pacientes con obra social o sin cobertura y está financiado por el Estado. Pero de 17 provincias sólo recibe aportes Santa Fe.


 


La ley del cheque financia programas y proyectos a favor de la discapacidad. Este fondo recibió, en 2005, casi 49 millones, de los cuales se investiga la pérdida de unos nueve millones, y sólo se ejecutaron 6 millones. El resto fue a parar a fondos generales.


 


Con respecto a la inserción laboral, por ley existe un cupo mínimo de 4% de empleados con discapacidad en la Administración Pública. En realidad sólo accede el 1%.


 


Sobre accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas, existen leyes y decretos que apenas se cumplen. No hay control.


 


En cuanto al acceso a medios de transporte, el ferrocarril no llega al 5% de cumplimiento de las normas vigentes. En cuanto a los colectivos, no llega a la cuarta parte de la flota existente los que poseen rampas, y no existen sanciones.


 


Graciel Muñiz, de la Defensoría del Pueblo, afirma: “muchísimas leyes protegen a las personas con discapacidad, pero ninguna se cumple”.


 


El ombudsmán de la Nación, Eduardo Mondino, agrega: “El primer violador de esas leyes es el Estado”.


 


Frente a semejantes confesiones es necesario poner en pie una organización propia de los discapacitados, independiente del Estado y que luche por lo que les corresponde.


 


Pensión automática por discapacidad igual a la canasta familiar.


 


Certificado de discapacidad automático y renovable al primer diagnóstico.


 


Vivienda para el discapacitado a cargo del Estado.


 


Derecho a accesibilidad urbana y rural.