Políticas

25/1/2007|979

Gerez: Los secuestradores no están lejos…


El gobierno está tratando de hacer olvidar cuanto antes el “episodio” Luis Gerez; la “victoria” que se atribuyó con su aparición se está convirtiendo en un búmeran.


 


La investigación refleja un fuerte enfrentamiento político en el seno de la “justicia” y las fuerzas de seguridad. Las fiscales, presuntamente en el campo de Duhalde y Luis Patti, investigan a los familiares y el “entorno” del albañil, con la presunción, no dicha, de que se habría tratado de un autosecuestro o una simulación (La Nación, 15/1). La línea “oficial” pone el centro de la investigación en la Comisaría de Escobar, donde Patti conservaría influencia, y en la presunta “zona liberada” que habría facilitado el secuestro. A la vez, familiares y amigos de Luis Gerez han propuesto actuar con la Inteligencia Federal porque no confían en la Bonaerense, a la que atribuyen el propósito deliberado de no llegar a nada. Es decir que la investigación está en crisis y en manos de fiscales y policías al menos sospechados de actuar en connivencia con los secuestradores.


 


Nadie, sin embargo, en el campo oficial, tiene el menor interés en alterar este rumbo. La Bonaerense, que está a cargo de la investigación, acaba de protagonizar el asesinato alevoso por “gatillo fácil” de un pibe de Los Hornos (en la seccional que corresponde al barrio de Julio Jorge López, supuestamente depurada luego de su secuestro).


 


Esta parodia sigue su curso luego que León Arslanián, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijera que “hay grupos parapoliciales que quieren sembrar terror” y más aún, que están “documentadas las amenazas que muchos de los testigos (de los juicios) han sufrido” (La Nación, 14/1). Quince días antes, Kirchner había responsabilizado a grupos “parapoliciales y paramilitares” por delitos comunes (“atroces”) con fines políticos. Ninguna de estas denuncias alteró el curso de la política oficial de encubrimiento.


 


No pasa nada en ninguno de los casos que denuncian el accionar de los “grupos de tareas”. No sólo en los de López y Gerez. No pasa nada con el supuesto suicidio de Montecucco, ex agente de inteligencia del Ejército, ahorcado el mismo día en que debía presentarse como testigo. Tampoco pasa nada con el secuestro y tortura durante dos semanas de Héctor Darío Bustos, militante de derechos humanos de Venado Tuerto. Menos con los centenares de ataques, amenazas, seguimientos y golpizas a testigos, militantes de derechos humanos, ex desaparecidos, fiscales y hasta jueces. ¡Ni un detenido por los centenares de casos producidos desde la desaparición de López!


 


El gobierno no quiere una investigación en regla de lo ocurrido con Julio López y otros casos porque esto lo llevaría a un enfrentamiento mayor con las fuerzas de seguridad y a una crisis política. Horacio Verbitsky, el amanuense de la Rosada, lamenta que el gobierno no busque “acelerar los procedimientos para que haya condenas en juicio y no sólo arrestos preventivos” siendo que “los casos no se agrupan por centro clandestino y cada desaparición, tortura o ejecución ilegal se considera como un hecho aislado (lo que) desgasta a los testigos y multiplica su exposición, con el consiguiente peligro” o que los jueces se excusen o sean recusados en una historia de nunca acabar para no consumar los juicios (Página/12, 2/1) . Pero ésta es la política oficial: empeñarse en la búsqueda de López pondría un límite a la política de encubrimiento e impunidad, esta vez, vía juicios. El régimen democrático quiere preservar el aparato represivo porque lo necesita para usarlo contra los que luchan —35 luchadores obreros han caído bajo las balas de los gobiernos de la democracia desde el ’83 y 31 de estos crímenes siguen impunes.


 


No sólo la Bonaerense…


 


Según un alto oficial de las fuerzas armadas los secuestros de los testigos “no son un tema castrense… ni López ni Gerez son testigos contra personal militar. Y ningún testigo en causas que involucran a militares ha sido objeto de persecución o de amenazas” (Clarín, 16/1).


 


¿Cuál es la razón? Del total de imputados por crímenes de la dictadura sólo tres oficiales del Ejército han sido condenados. En la actualidad, están bajo arresto por crímenes bajo la dictadura 254 militares, policías, penitenciarios y agentes civiles. Sólo un diez por ciento de estos detenidos (25) están en cárceles comunes, el resto en lugares VIP (como Astiz) o en sus domicilios. Esto podría explicar el comentario del “alto oficial” entrevistado por Clarín: “entre los militares nadie se siente presionado por estos temas”.


 


Sin embargo, días después del secuestro de Gerez, el Ministerio de Defensa ordenó trasladar y aislar al ex represor de la Armada Adolfo Donda Rigel, a partir de “la hipótesis de que el capitán de fragata retirado podría estar conectado con grupos que promovieran amenazas contra testigos (…) Donda Rigel es dueño de una agencia de seguridad, Top Air Security, que operaba en Ezeiza y podría brindarle estructura para una acción de esas características”, aunque “no está previsto ningún otro traslado de represores” (Clarín, 16/1).


 


El régimen de impunidad, intacto


 


A la luz de todo esto, el planteo de Verbitsky de que “esta Semana Santa en cuotas (por los sucesivos ataques a los testigos de los juicios) procura quebrar la voluntad estatal para continuar con estas investigaciones” (Página/12, 31/12/06) es inventar una lucha que no existe. El CELS como el resto de organismos de DDHH cooptados por el gobierno, caucionan la política oficial… al menos hasta las elecciones.


 


Lo real es que el gobierno está jugando un rol activo en el ocultamiento del accionar del aparato represivo en los secuestros, torturas y asesinatos.