El gobierno no pierde el tiempo tras los resultados adversos de las pasadas elecciones y rápidamente ha salido a atender las demandas y reordenar a intendentes, gobernadores y dirigentes sindicales claves para la desenvolver la agenda de ajuste que plantea el programa digitado desde el FMI.

En primer lugar se ubicaron algunos históricos pejotistas del Conurbano bonaerense, quienes hicieron la diferencia en la votación del Frente de Todos, entre ellos Alejandro Granados (Ezeiza), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y el exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra. El propio Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora devenido en jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, también pasó por el despacho de Manzur y fue recibido por el propio Fernández. Y el gobernador chaqueño Capitanich cerró la primera ronda de dirigentes políticos.

Divididos y dominados

Los trascendidos de estas reuniones hablan más de la rosca interna y de la hora de cobrar por ventanilla los resultados obtenidos que de una foto que ilustre al apoyo al gobierno y la unidad del oficialismo.

Entre los principales puntos de la agenda, quienes salieron más airosos en las últimas elecciones, incluyendo al gobernador chaqueño que logró una remontada de las Paso, ahora reivindican el método de las internas para dirimir las diferencias y “albergar las distintas voces” dentro del resquebrajado Frente de Todos, para tener juego libre en sus armados para las presidenciales del 2023 y desentenderse de la lapicera y la selección de candidatos desde arriba, que primó en estas últimas elecciones.

El carácter de los concurrentes, entre los que se encuentran algunos barones del conurbano, también puso en discusión otro de los temas que preocupa a los caciques peronistas bonaerenses: la reelección indefinida al frente de las comunas municipales. Es que gran parte del repunte oficial se debió a la tracción de votos de estos barones, que estarían impedidos de renovar sus mandatos debido a la normativa pactada entre Vidal y Massa, lo que los expone a ser “renovados” por elementos del camporismo, con menos control y capacidad de contestón en las barriadas populares.

Insaurralde no perdió oportunidad de valerse de los episodios de inseguridad para colocar una de sus mayores pretensiones, en tiempos en los que mantiene una interna que brega por el desplazamiento del ministro de Seguridad cristinista, Sergio Berni. El exintendente lomense oficia de voceros de los intendentes pejotistas, quienes reclaman una descentralización de la Bonaerense y mayor poder para los Ejecutivos comunales.

El desembarco de Insaurralde en la provincia, primero, y esta ofensiva de los barones del conurbano, ahora, procede como un cerco al gobierno de Kicillof, que debe ceder terreno en la medida del retroceso propio y la performance de sus contrincantes, lo que se suma a los impedimentos de Máximo y de La Cámpora para hacerse del control del PJ gracias a la intervención de otro pejotista, esta vez el Echeverriense Fernando Gray.

Todos estos reclamos, y más, serían el precio de la “unidad” peronista tras la derrota, para que el gobierno pueda tener a la tropa “ordenada” de cara a las consecuencias sociales que implicaría la implementación de las políticas y el programa de ajuste que reclama el FMI: es decir, la sumisión a la agenda de imperialismo.

La CGT también se anota… con el ajuste

Otros que desfilaron por los despachos del gobierno fueron los caciques de la nueva dirección cegetista, con la participación de Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.

El plan del gobierno para la CGT se inscribe dentro de las reuniones previas con las patronales y el FMI y la propuesta de ajuste que discutirán en el Consejo Económico y Social, como punto de partida para el paquete de medidas que Alberto Fernández espera presentar en el Congreso.

Las exhortaciones de Moyano a “combatir” los intentos de reformas antiobreras y las declaraciones del gobierno de que el FMI no “impondría” reformas estructurales en esta materia son solo la cobertura de un ajuste y una transformación que ya opera por lo bajo, como lo ocurrido en la multinacional Toyota con el amparo de la burocracia sindical del Smata.

La burocracia sindical se apunta para convertirse en la correa de trasmisión de la “adaptación” de las condiciones laborales a las pretensiones patronales, industria por industria, para lo cual también pretende más “decisión” en las medidas y políticas de gobierno, e injerencia en sus asuntos de intereses, como la caja de las obras sociales.

Las rondas del gobierno y los compromisos de asistencia al acto de la gran derrota se parecen más la soga que se extiende por el cuello del gobierno que al abrazo fraternal de sus “compañeros” de ruta. Una muestra de que el peronismo ha quedado más fragmentada y debilitado luego de las elecciones, lo que lo demuestra la extraordinaria elección de la izquierda en bastiones históricos del PJ, disputando la base social de los Barones del Conurbano y los punteros y abriendo un curso de intervención independiente para los trabajadores.