Políticas

21/4/2011|1173

Gobiernan las corporaciones

Que CFKirchner pontifique que “las corporaciones no ocupan más la Casa de Gobierno” es, por lo menos, presuntuoso.

Incluso los gobiernos que se deleitan oficiando de agentes de los pulpos capitalistas tienen roces con ellos, a veces frecuentes. Fue el caso de Cavallo, adorado en su época por los K, quien en dos ocasiones entró en choques importantes con el FMI (por coincidencia, sobre el mismo tema que parece obsesionar a la camarilla de gobierno actual: el ‘enfriamiento’ de la economía). En cambio, el gobierno K, que no abre el pico sin reivindicar su autonomía, es un conocido agente de los pulpos mineros; durante mucho tiempo ofició de abogado defensor de Techint. Es también responsable de concesiones leoninas a las petroleras y ahora está embarcado en una operación de rescate de los accionistas de Repsol con el dinero de los dividendos enormes que les está pagando su filial argentina, YPF. Con los Roggio y compañía, la complicidad es maridaje -véase si no lo que ocurre en el transporte. Un gobierno que ha mantenido en tubo de oxígeno a las privatizadas y conservado el monopolio de las telecomunicaciones para Telecom Italia y Telefónica de España (uno de los negocios más rentables) solamente puede blandir su autonomía ante un coro de alcahuetes. La Presidenta, de cualquier modo, comete un error de concepto, porque por más autónomo que un gobierno pretenda ser de las corporaciones, lo hace siempre en defensa del capital en su conjunto. No deja de ser un protector y garante de las relaciones sociales capitalistas, en las cuales las corporaciones desarrollan su hegemonía. Bajo el gobierno del matrimonio K, la Bolsa rompió todos los récords de ganancias y de capitalización, y lo mismo ocurre con el valor de mercado de la deuda pública. El mérito mayor de los K, haber reconstruido en buena parte las relaciones sociales quebradas por la crisis de 2001, lo tipifica como un gobierno capitalista ‘par excellence’ -mucho más que Menem, que demoró más de dos penosos años en salir de la hiperinflación para caer en la ‘convertibilidad’. Es sabido que sólo por vía de excepción los gobiernos nacionalizan empresas en perjuicio de sus dueños; la regla general es para salvarlos a ellos o a sus numerosos acreedores de la bancarrota. En 2008, el gobierno nacional puso en práctica un plan de pago de salarios de trabajadores suspendidos pero también en actividad (Repro) a cargo del Estado.

Negocios

Que la presidenta reivindique la autonomía frente a Techint sólo puede atribuirse a una memoria muy selectiva. Techint le debe la vida al matrimonio K, que consiguió que Chávez valuara el capital de su filial en Venezuela ¡cuatro veces por encima de su valor real! a la hora de determinar la indemnización que reclamaba por la nacionalización. El conflicto actual con el pulpo de San Nicolás obedecería precisamente -según la versión del escriba Verbitsky- a que Rocca, la familia propietaria de la acería, no habría cumplido con la promesa de invertir parte de esa indemnización en la ampliación de un alto horno. La represalia de la Presidenta ha sido nombrar a un chavista arrepentido como representante de la Anses en el directorio de Techint, cuyo primer pronunciamiento fue que ni en sueños el gobierno fantaseaba con nacionalizar la compañía.

Los conflictos entre Techint y el gobierno no comenzaron ayer. En un caso de corrupción (Skanska), el pulpo no quiso quedar pegado a la camarilla de De Vido. Más sustancial es el caso de TGN, interesadísima en un gasoducto desde Bolivia, que no pudo concretarse por la imposibilidad de pagar el precio internacional del gas. El caso fue ilustrativo de las contradicciones entre los intereses de Techint y la política económica oficial; los voceros de Techint empezaron a declarar que la economía de Argentina se estaba ‘primarizando’ o desindustrializando. La crisis mundial y del ‘modelo’ generaba un cuestionamiento de conjunto. Para Techint, el ‘modelo’ se ha ido al tacho a partir del congelamiento del tipo de cambio y del abandono de la política del “dólar alto”; ¿Techint quiere una devaluación?

Neoliberales con K

A pesar de la generosa indemnización que Techint recibió de Chávez, vía K, la asociación diplomática y no diplomática entre ambos gobiernos no le daba bastante ‘seguridad jurídica’ para invertir en Argentina; muy rápido anunció que recompondría su estructura en América Latina a partir de una asociación con empresas radicadas en Brasil. Por último, seguía siempre latente el conflicto con los pulpos automotrices, que se quejaban de los precios que Techint ponía a la chapa, una materia prima fundamental para los coches. El vigilante Moreno congelaba y liberaba los precios del acero a piacere. Con el tipo de cambio congelado, el precio de los insumos de los automotores crece en importancia para las enormes exportaciones a Brasil. No estamos ante una riña, sino ante una crisis de conjunto que ambos se han esforzado sistemáticamente en ignorar. Es oportuno observar que un ultra liberal como Carlos Rodríguez (titular del instituto ultra neoliberal Cema, ex viceministro de Economía del ultra neoliberal Menem, y tutor pasado y presente del ministro Boudou) apoya al gobierno contra Techint (Ambito, 19/4). Este Rodríguez es un vocero de las multinacionales y un enemigo constante de Techint, a la que no le perdona la devaluación de Duhalde en 2002.

¿Pero qué quiere el gobierno? A primera vista, ni siquiera parece saberlo. Según Verbitsky, lo que quiere es que Techint amplíe un alto horno y que no mande la plata a Brasil. El patrón de la Anses quiere lo contrario: que no invierta nada, para distribuir más ganancias en forma de dividendos. De acuerdo con la primera versión, el gobierno estaría preocupado por la desindustrialización y la necesidad de tener que importar acero; en la segunda, la Anses parece necesitada de más fondos a pesar de contar con superávit (debido a las jubilaciones bajísimas que paga). La confusión tampoco se limita a lo enunciado: ¿para qué quiere más fondos la Anses: para cubrir más jubilaciones, más pensiones, más asignaciones o lo que sea, o para transferir más fondos al pago de la deuda externa o al financiamiento de otros grupos, como lo viene haciendo en forma sistemática? En este último caso, la autonomía de la que se jacta el gobierno consistiría en desvestir a algunas corporaciones para vestir a otras. La política industrial del gobierno tampoco es un aliciente para el acero -esto porque se usan cada vez más partes importadas para armar un automóvil. A diferencia de China, que sólo autoriza inversiones en este rubro a cambio de transferencia de tecnología, en Argentina la llamada industria automotriz no fabrica casi nada. Hay un punto en que la unidad de los K y el pulpo es inquebrantable: los dos se oponen a rabiar al reclamo de las asambleas de la UOM para que el salario básico del operario general sea de cuatro mil pesos y al de los obreros de la construcción, quienes trabajan dentro de la planta, para igualar su convenio al de los metalúrgicos.

Quién quiere estatizar

Techint hace olas con la amenaza de una estatización, a sabiendas de que el gobierno no tiene la plata para pagarla, ni aun cuando ya posea un cuarto de la firma, ni tampoco la voluntad política para hacerlo. Una medida así podría alegrar a los rivales del pulpo en el mercado mundial, pero pondría sobre ascuas a sus socios. La amenaza es papel mojado; los jueces acabarán dando la razón al gobierno en su pretensión de aumentar a tres los directores de la Anses en Techint, siempre una minoría sin capacidad de bloqueo, aunque los tiempos serán largos. Los Rocca seguirán usufructuando una privatización que pagaron con papeles sin valor de la deuda externa argentina bajo el menemato -cuando los K hacían lo mismo con el banco provincial de Santa Cruz.

Nuestra posición es, en primer lugar, que se abran las cuentas y libros de Techint, no para los directores K sino para todo el pueblo, y que sea abolida cualquier forma de secreto comercial. Los directores del Estado nombrados hasta ahora han sido cómplices de las compañías. En segundo lugar, la Anses tiene que ser sustraída a la camarilla gubernamental y devuelta a los trabajadores y los jubilados. Por último, hay que nacionalizar sin pago la industria del acero, para llevar adelante un plan de industrialización que la burguesía nacional fue incapaz de desarrollar cuando se encontraba en manos del Estado.