En La Pampa, el comisario Hugo Ledesma denunció al jefe de la policía provincial, Ricardo Baudaux, y a su segundo, Juan Domingo Pérez, por promover y encubrir la trata y las redes de prostitución de la provincia (Página/12, 22/3).

Pocos días después, el miércoles 25, se desarrolló en Buenos Aires una reunión, organizada por la OEA, de autoridades de distintos países del continente en materia de trata de personas. El canciller, Jorge Taiana, y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, denunciaron a los clientes de la prostitución y elogiaron a las fuerzas policiales y judiciales: “No encontramos problemas en la lucha contra este delito, los magistrados están trabajando bien, cada vez que tenemos una prueba la elevamos a consideración del juez y tenemos la orden de forma inmediata, los allanamientos son exitosos y eso lo quiero rescatar”, dijo Fernández (Télam, 26/3). La “historia oficial” contrasta claramente con los hechos y con las noticias referidas al modus operandi de la policía pampeana para encubrir los prostíbulos, una historia repetida en todo el país: “El comisario contó que era frecuente que se filtrara dentro de la fuerza la información de que iba a realizar operativos y se alertaba a los propietarios de prostíbulos” (Página/12, 22/3). En la Argentina no hay un solo funcionario político ni policial detenido por este delito, a pesar de que están denunciados en los casos de Fernanda Aguirre, en el de Otoño Uriarte (quien finalmente apareció muerta), en el de Marita Verón y tantos otros. El caso de Andrea López, desaparecida en La Pampa, sigue sin resolverse.

La Pampa es reconocida por el informe 2006 de la Organización Internacional de Migraciones como una de las provincias receptoras de mujeres de otras provincias y de Paraguay. Al año siguiente del informe, el entonces gobernador Carlos Verna (PJ) impulsó una ley “reglamentarista”, en la que se proponía alistar los boliches habilitados como wiskerías, pero funcionan como prostíbulos, y empadronar a las mujeres allí sometidas. Una medida similar impulsó un puntero de Urtubey en Salta, hace apenas unos meses. El Código Penal castiga el proxenetismo; sin embargo, los gobiernos habilitan los negocios donde se lucra con la esclavitud sexual. “Para vender tragos, los municipios, como el de Santa Rosa, exigen a los propietarios de las whiskerías que las coperas renueven una libreta sanitaria que incluye exámenes para determinar que no tienen enfermedades de transmisión sexual”. El mismo proxeneta retira las libretas sanitarias del municipio, declaró el intendente de Santa Rosa, Francisco Torroba (ídem). Está en juego un movimiento de dinero importante que incluye abultadas coimas policiales, impuestos recaudados por el Estado y cometas para punteros políticos barriales.

Bajo el comando de Aníbal Fernández, el gobierno kirchnerista, con el apoyo de todo el arco opositor patronal, protagoniza un operativo de resguardo de este negocio que incluye a empresarios de la industria del deporte, el turismo, la actividad agrícola y la indumentaria. Por esta razón, el ministro se encargó personalmente de que la Ley de Trata no incluyera la pesquisa de los bienes de los tratantes, re-victimizó a las mujeres mayores de edad e impuso penas excarcelables para los tratantes.

El 3 de abril habrá una radio abierta en el Congreso Nacional. Abajo la trata, aparición con vida de las mujeres desaparecidas.

Vanina Biasi