La prohibición, por parte de Macri, de hacer asambleas en los lugares de trabajo en la Ciudad es parte de toda una política anti sindical. Empalma con los despidos a los docentes por protestar contra el cierre de cursos, con el ataque a la Junta Interna del Teatro Colón y los intentos de despidos, con los descuentos a los días de huelga y con la impugnación de 22 elecciones de juntas internas de ATE por parte del "Ministerio de Modernización" de la Ciudad.

El objetivo del gobierno es atar de pies y manos a los municipales frente a la ofensiva que se viene. Busca tener herramientas para quebrar las huelgas y los movimientos de lucha independientes, como el que vienen desarrollando los enfermeros que se oponen a la liquidación de la carrera de enfermería, o la lucha de los trabajadores del Borda contra el desmantelamiento

El intento de transformar las reparticiones estatales en una cárcel no es privativo del gobierno. Macri actúa con la colaboración directa de la burocracia del Sutecba, encargada ella misma, en toda la Ciudad, de impedir el desarrollo de asambleas soberanas.

Los voceros "K" en la Ciudad han rechazado la medida. Sin embargo, en los ministerios y reparticiones del gobierno nacional rige la misma regimentación -esta vez, con la complicidad de UPCN.

La CTA presentó un recurso judicial para rechazar la medida, que tuvo un fallo de primera instancia contrario al gobierno.

Pero es la organización en cada repartición la que puede asegurar la libertad de organización en los lugares de trabajo en el Estado.

Reclamamos la libertad de organización gremial para todos los estatales, sobre la base de la expulsión de la burocracia del Sutecba. Rechazamos el ajuste y las sanciones que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad.