En una operación fulminante, el gobierno dispuso el relevo del presi­dente y el directorio del Banco de la Provincia. Antes, el presidente salien­te del Banco había anulado un contrato delictivo con la aseguradora ITT Har­tford, por el que la provincia desem­bolsó la suma de 2.472.349 pesos sólo en el período abril-setiembre de 1995. Según Trecco, el funcionario echado, la norteamericana ITT pretende vaciar el Banco a través de este tipo de contra­tos y finalmente “quedarse con él”, y acusa a este pulpo por la renuncia del directorio.

Bajo Angeloz, el gobierno de la provincia se convirtió en socio de la AFJP Claridad, a través del Banco de la Provincia y del Banco Social de Córdoba. Los otros socios fueron la ITT Hartford Cénit Seguros, Mastellone y las burocracias de Sanidad (West Ocampo) y de la Construcción (Gerar­do Martínez). El desfalco en favor de la ITT no comenzó con el contrato que ahora provocó la crisis.

En noviembre del ’94, Angeloz dis­puso que las pólizas complementarias de los empleados públicos, que hasta ese momento estaban a cargo de la Caja de Ahorro y Seguros, se contrataran directamente —sin licitación— con la ITT Hartford Cénit. El ministro de Eco­nomía en ese entonces, Jorge Caminotti, señaló que como la Caja de Ahorro había sido privatizada y los bancos ofi­ciales de la provincia estaban asociados con la ITT, ‘la elección era obvia, nos inclinamos por nuestros (!!!) ban­cos” (La Voz del Interior, 12/11/94).

Lo de “nuestros” era una manera de ocultar el traspaso compulsivo de las pólizas en favor de una compañía de seguros privada, asociada al gran capital internacional, por el que Ange­loz, obviamente, recibía la correspon­diente ‘comisión ’. La segunda fase del ‘negocio’ era asegurarse el enganche de los empleados públicos en cuentas de seguros, y la tercera, pasar a AFJP Claridad-ITT, los aportes jubilatorios regulares de estos empleados al mo­mento de transferencia de la Caja (que no puede hacerse hasta 1999, según la Constitución provincial).

Sin poner un mango, con una ofi­cina convenientemente alfombrada, un teléfono y una secretaria, la ITT Hartford se alzó con un negocio de miles de millones de dólares, basado en la confiscación del ahorro de los trabajadores. Esto, de todos modos, fue sólo el ‘aperitivo’.

Operación vaciamiento

A fines de 1994, el Banco acuerda con ITT la creación de la ‘cuenta Dotal Bancor’. Se le regalaba a todo depositante de plazo fijo en el Banco de Córdoba, una póliza de seguro to­tal, que sería cobrada después de los 65 años. “Un cliente de 40 años, que colocara 20.000 pesos a plazo fijo a 30 días, con una tasa del 10%, al finalizar cobraba 20.200, más el producto de la cuenta Dotal Bancor con vencimiento a 25 años, de 30 pesos”. Estos 30 pesos quedaban for­malmente en el Banco durante años, pero el Banco “estaba obligado a pagar a ITT el 40% de los intereses generados por el depósito”. Por este concepto, el Banco de Córdoba pagó a la ITT casi dos millones y medio de dólares sólo en el período abril-se­tiembre de 1995. Además, “en cuan­to a las primas, el Banco le entregó a ITT 1.516.000 pesos entre abril de 1995 y enero último por el seguro constituido sobre los saldos deudo­res” (La Voz del Interior, 23/2/96).

– En palabras del presidente rele­vado, “con el mero paso del tiempo el banco pasaba a depender exclu­sivamente de esa compañía inter­nacional (la ITT)”, por el peso de las deudas acumuladas.

“A la gente de ITT no le interesa la privatización del banco porque saben que pueden hacer mejores negocios con un banco oficial”, re­trucan directores del Provincia ‘cerca­nos’ al gobernador.

Qué es el Estado

¿Quiénes fueron los responsables de los ‘negocios’ de la ITT? “José Dorflinger, Marcos Aksel y Raúl Spilla, que actualmente son las per­sonas que tienen el sueldo más alto en la provincia de Córdoba. Uno de ellos es presidente de Claridad (AFJP) y dos están en ITT Har­tford”. Todos ellos, puntales del ‘esta­do angelocista’ y ejecutores del pulpo yanqui: “todas o la mayoría de las personas que en su momento repre­sentaron al Banco de Córdoba en la firma del acuerdo con ITT Hartford ahora están en cargos de conducción de ese holding de origen norteameri­cano o lo representan en la AFJP Claridad”, reconoce una editorial de La Voz del Interior (25/2).

Toda la artillería del gobierno está puesta en enlodar a Angeloz, pero “las acusaciones del funcionario renun­ciante (por anular uno de los contratos de la ITT) no son compartidas por el gobernador de la provincia, lo que hace pensar que tras el relevo produ­cido en la conducción del banco se retomará la otrora fluida relación entre esa entidad y la empresa de origen norteamericano” (La Voz del Interior, 25/2), En la lista de vaciadores del Banco, junto a la ITT, están varias de las empresas de la Fundación Me­diterránea, los bancos Feigin, Mariva, Columbia y la Compañía Financiera Extrader. Sobre esta verdadera red delictiva se guarda el más absoluto de los silencios y las causas están rigurosamen­te cajoneadas por la administración Mos­tré y la justicia’ angelocista-mestrista.

El relevo de las autoridades del Banco Provincia, para no chocar con la banca internacional, reconoce otra causa: el gobierno Mestre necesita apelar urgentemente al endeudamien­to, para sostener una administración que se cae a pesar del bárbaro ataque a los trabajadores.