Una de las primeras medidas de Lorenzo fue el nombramiento de nuevos jefes departamentales. En los puestos claves fueron designados hombres ligados a los ex comisarios Klodzyc (jefe de la Bonaerense entre 1990 y 1996), Ribelli (preso por la voladura de la Amia), ‘Chorizo’ Rodríguez (responsable de varias masacres, asesinatos en comisarías y encubrimiento de falsificadores) y el ‘Gordo’ Naldi (acusado de negociados con narcotraficantes).

Si estos ‘jefes’ pueden ‘volver’ a través de sus ‘hombres de confianza’, es porque, en realidad, nunca se fueron del todo. La ‘reforma’ de Duhalde, Arslanian y la Alianza fue, antes que nada, un intento de contemporizar con la ‘segunda línea’ de la ‘maldita policía’, resguardando una parte de sus ‘negocios’. Según “un oficial de la Bonaerense (…) los arreglos de comisaría se mantenían: los kioscos de falopa, los desarmaderos, las putas, el juego y las agencias de autos seguían aportando”. Esto fracasó porque, según ese mismo oficial, “la plata grande sale de los arreglos con los delincuentes, y una parte de eso se había cortado” (Página 12, 6/8).

Además de los ‘jefes’, vuelve la ‘tropa’. Lorenzo anunció la reincorporación de 400 oficiales y 600 suboficiales que habían sido puestos ‘en disponibilidad’ por distintos delitos. Duhalde se apresuró a decir que sólo serían reincorporados los que hubieran cometido “faltas menores, como perder una gorra, (pero) una fuente cercana al ex ministro” explicó que “la disponibilidad sólo está prevista para casos de faltas graves” (ídem, 18/8). “La realidad —ironiza un comisario retirado— es que se pretende reincorporar a unos 400 operativos, es decir gente acostumbrada a arreglar con los delincuentes” (ídem, 17/8).

La oficialidad de la Bonaerense ha tomado el retorno de los comisarios de ‘la mejor policía del mundo’ con alegría porque “confía en que volverá la plata grande (…) producto de los ‘negocios’ que se hacen con las grandes bandas de ladrones, los piratas del asfalto, los narcos de cierta envergadura y las organizaciones de robo y doblado de autos” (ídem, 6/8). Para medir la envergadura de estos ‘negocios’, alcanza con la siguiente ‘muestra’: a través de las ‘pinchaduras’ telefónicas realizadas para investigar su participación en el atentado de la Amia, se determinó que el ex comisario Ribelli “en apenas 15 días, recaudó a través de arreglos y extorsiones a delincuentes la suma de 350.000 pesos” (ídem, 1/8).

Autogolpe

Por su alcance político y los métodos conspirativos con que fue impuesta, la caída de Arslanian constituye un auténtico golpe de Estado. Claro que no fue sólo “un golpe restaurador de algunos jefes policiales desplazados en 1996”, cuyos “cerebros habrían sido el ex secretario de Seguridad Alberto Piotti y el comisario retirado Mario ‘Chorizo’ Rodríguez” (ídem, 8/8) sino que partió de las propias entrañas del oficialismo duhaldista. Es decir que se trató de un auténtico autogolpe.

En la primera fila golpista está el aparato de intendentes del PJ. “Marcelo Fabián Saín, que desde el Instituto de Política Criminal y de Seguridad fue uno de los redactores de las leyes de seguridad pública y orgánica policial, añadió que los punteros del PJ en el conurbano financian sus actividades políticas con el tráfico de productos estupefacientes, en complicidad con la policía. El secretario de Seguridad (de Arslanian) Alberto Beraldi, que estaba presente, no refutó este tremendo punto”. El propio Arslanian señaló que “me tuve que bancar presiones de los intendentes cuando les tocamos su sistema recaudatorio” (ídem). En mayo pasado, estos mismos intendentes —y los legisladores provinciales y jueces que les responden— lograron la reincorporación de 200 policías desplazados.

Cuando Ruckauf cargó contra Arslanian no hizo más que subirse a esta ‘ola’ del aparato duhaldista “que venía de antes y contaba con la anuencia del propio Duhalde” (ídem). Según distintas informaciones, Duhalde se deshizo de Arslanian para llegar a un acuerdo electoral con el menemista Patti (Clarín, 18/8).

Hasta la oposición aliancista participó a su manera del golpe de Estado. “Las críticas hacia la gestión de Arslanian se disparan ahora desde los principales referentes de la Alianza como Fernando De la Rúa y Chacho Alvarez, que apoyan los pedidos de remoción del ministro formulados por Melchor Posse” (Página 12, 5/8). Según el mismo diario, “los radicales plantearon la necesidad de regresar al viejo sistema inquisitivo (juez de instrucción que delega la investigación en la policía y luego sentencia) y hasta llegaron a requerir la reincorporación de algunos de los comisarios de la mejor maldita policía del mundo” (ídem, 11/8). El retorno de la instrucción a la policía es uno de los principales reclamos de la cúpula policial porque es una fuente fundamental de‘negocios’ y ‘arreglos’. Ahora, con la instrucción a cargo de los fiscales, según reconoció un oficial, “no hay tiempo para que los abogados de los detenidos traigan la plata” (ídem, 6/8).

El montaje de este autogolpe explica la ola de inseguridad que sacudió a la provincia en los últimos tiempos. Cada purga en la policía fue acompañada de un recrudecimiento de la ola de asaltos y de crímenes. Ahora, retornados al ‘poder’ y en vísperas de las elecciones, los jefes policiales detendrán, por un tiempo, los hechos delictivos más graves. Un comisario en actividad, citado por Página 12 (6/8), sostiene cínicamente que “vamos a ver mano dura armada de apuro. Se pondrán varios buchones de la fuerza a armar algunas banditas, harán dos o tres robos y los cagarán a tiros (…) con dos o tres ejemplos resonantes, en plena campaña electoral, se va a causar una buena impresión. Después tiene que venir la plata y más cuerda para movernos como antes”.

Descomposición del Estado

La caída de Arslanian es un golpe demoledor, y quizás definitivo, a la candidatura de Duhalde porque demuestra que no gobierna la Provincia de Buenos Aires ni al PJ y que es un rehén de la mafia que voló la Amia y asesinó a Cabezas.

Pero los métodos de la Bonaerense no difieren sustancialmente de los de otras policías. La Federal está acusada de estar involucrada en la ola de asaltos a bancos (La Nación, 1/7) y sospechada de haber asesinado a un agente de la Side por rivalidades en el negocio de la prostitución infantil (Página 12, 8/8). Las policías de Mendoza y Córdoba están acusadas de numerosos casos de ‘gatillo fácil’. La de Río Negro encubre (y quizás alberga) a los responsables del triple crimen de Cipolletti como antes la de Catamarca encubrió el crimen de María Soledad. La policía de Entre Ríos está sospechada de haber dado‘zona liberada’ para distintos asaltos a bancos en la provincia (La Nación, 19/8).

La lista sigue.