Como broche de fin de año, la dupla Menem-Cavallo tomó dos medidas que significan un golpe a la salud y al salario de las masas trabajadoras, y la miseria permanente para jubilados y desocupados.  Por un lado, disminuyó en un 65% promedio los aportes patronales a las obras sociales, previsión social, asignaciones familiares y fondo nacional de desempleo. Por el otro, sustituyó, en acuerdo con los gobernadores, los impuestos a los ingresos brutos por un impuesto a las ventas provinciales que, como reconoce Ambito Financiero, “tendrán un desfavorable impacto sobre los precios al consumidor en el interior del país”(30/12).

Estas medidas fueron adoptadas por decreto y son manifiestamente inconstitucionales, pretendiendo esquivar a la reciente ley de presupuesto, que prohibía la reducción de los aportes patronales a las obras sociales. Menem vetó esta disposición y transformó la autorización que otorga la ley de reforma previsional para rebajar los aportes patronales jubilatorios, en una norma que abarca a la totalidad de las cargas sociales.

Jubilación y salud de miseria

Con la reducción de los aportes patronales jubilatorios, las Cajas dejarán de percibir unos 1.000 millones. Como a su vez la jubilación privada desviará una parte de los aportes obreros a las Administradoras, se calcula que la Cajas de Jubilación dejarán de recaudar por lo menos unos 2.500 millones por año.  Tamaño agujero será financiado endeudando a las Cajas con las Administradoras privadas, y congelando los haberes miserables de las jubilaciones.

A las obras sociales también se las desplumó en más de 300 millones. El propósito de esto es que presten una atención médica aún peor que la actual, y  forzar a los trabajadores a contratar los servicios de la medicina privada, y profundizar la quiebra de las obras sociales, para justificar la privatización total de la salud, que es adonde irán a parar los actuales aportes obligatorios a las obras sociales.

El mayor deterioro de las obras sociales llevará a los trabajadores a utilizar los servicios de los corroídos hospitales públicos, que, como dijera Enrique Visillac,  titular de la Asociación de Médicos Municipales “han sido dejados a la mano de Dios”(Clarín, 30/12).

Visillac señaló que “las consecuencias que dicha disminución de los aportes patronales puede ocasionar  resulta relativamente fácil de prever”, porque disminuirán “el número y complejidad de las prestaciones. Nosotros pensamos que ese grupo poblacional por su precaria situación económica, va a concurrir para solucionar los problemas de su salud que su obra social no le puede brindar, al hospital público”.

Lo mismo dijo sin pelos en la lengua el presidente de la cámara patronal de medicina privada. “El hospital público debe ser reformado para que el carenciado esté bien atendido y quien no es carenciado tenga que pagar la prestación… en un sistema desregulado” (Clarín, 30/12), es decir, sin la interferencia de la obra social.

La reducción de los aportes por subsidios familiares y al fondo de desempleo significa el congelamiento definitivo de las bajísimas asignaciones actuales.

El golpe de gracia es la sustitución del impuesto a los ingresos brutos (que pagan las empresas) por un impuesto a las ventas provinciales (que pagan los empobrecidos trabajadores y consumidores del interior del país), del orden de los 2.000 millones anuales. Además, en algunas provincias, las gobernaciones están aumentando los impuestos inmobiliarios urbanos, como en la provincia de Buenos Aires,  “de hasta 140% sobre los valores actuales”(Diario de Río Negro, 26/12).

De este modo, mientras a los empresarios Menem-Duhalde les largan un regalo de 4.000 millones —que no se traducirá en una reducción de precios—los trabajadores y jubilados  deberán cargar con una mayor inflación y con menos salud.

Precariedad

Esta agresión contra los trabajadores coloca en una situación más que comprometida a las finanzas públicas, que tendrán ahora un nuevo agujero de  3.000 millones de pesos. “La Nación”, en un editorial,  confiesa que “la incógnita que subsiste es si, con estos cambios que resignan aportes cuasi-impositivos importantes, será posible mantener el equilibrio fiscal….” (29/12).  La dupla Menem-Cavallo, desesperada por el santiagueñazo y las movilizaciones en el interior, se largó a “comprar” en 4.000 millones el “corazón” de los empresarios argentinos. Se trata, sin embargo, de un salto en el vacío que echa leña a la lucha de clases y abre las puertas a la bancarrota del Tesoro  y a la inflación.

Fuera el decreto.

Supresión de los impuestos al consumo; impuestos sobre el capital y las ganancias y anulación de la deuda externa.

Jubilación, obras sociales, asignaciones familiares, con aporte exclusivo de la patronal. Administración y control obrero de las Cajas de jubilaciones, subsidios familiares, obras sociales y Fondo Nacional de Empleo.

Aumento de salarios y jubilaciones.

Por un salario y una jubilación igual al costo de la canasta familiar.

Fuera Menem-Cavallo.