El impetuoso allanamiento a una empresa hotelera propiedad de Cristina Kirchner, ordenado por el juez Claudio Bonadío, provocó una reacción generalizada del gobierno. Capitanich lo calificó de "ataque despiadado y sistemático" del Poder Judicial, que sería parte de "una estrategia de golpismo activo" junto a algunos medios de comunicación y miembros de la oposición. En la misma línea, voceros del kirchnerismo lo vincularon a lo que llaman la "actitud sediciosa" de los senadores opositores que se negaron a tratar la designación de un nuevo juez en la Corte Suprema.

 

La empresa Hotesur, de la cual la Presidenta es accionista, administra el lujoso hotel Alto Calafate, propiedad de los Kirchner desde 2008. Las primeras pericias judiciales detectaron balances falsos y contrataciones ficticias. Según las denuncias, durante 2010 y 2011 empresas de Lázaro Báez alquilaron 935 habitaciones por mes que no se ocuparon, por alrededor de 10 millones de pesos. El alquiler de habitaciones "fantasma" en hoteles es un procedimiento típico de los lavadores de dinero. La Inspección General de Justicia (IGJ), controlada por el oficialismo, hizo la vista gorda frente al hecho de que Hotesur ocultara la constitución de su directorio desde 2009 y sus balances desde 2010. La misma función de ocultamiento llevó adelante la IGJ en los casos de Ciccone, Shocklender o el propio Lázaro Báez.

 

 

 

El kirchnerismo aturde con sus peroratas sobre golpismo y sedición cuando quedan al descubierto sus actividades delictivas. El gobierno, que se resiste a ser investigado mientras sus funcionarios se han enriquecido obscenamente durante el ejercicio de la función pública, es el primero en asumir, por eso mismo, actitudes sediciosas. También, y muy especialmente, cuando hace frente a medidas de fuerza de los trabajadores. No obstante, los gritos sobre golpismo y sediciones no han logrado desmontar uno solo de los abrumadores argumentos de la acusación.

 

La causa de los hoteles forma parte de la oleada de imputaciones judiciales que tienen cercado al gobierno, desde los procesamientos a Amado Boudou hasta el manejo de los fondos de Fútbol para Todos y la nueva indagatoria a los hermanos Zacarías por el tráfico de efedrina, incluido un allanamiento a la Procuración, controlada por Alejandra Gils Carbó, por el posible espionaje a un fiscal.

 

Los jueces torean al gobierno con el objetivo de marcar la cancha y reposicionarse frente al nuevo escenario político del año que viene. Sin embargo, el límite a esas investigaciones lo pone la propia burguesía, la que no se propone voltear al gobierno, sino que quiere que se haga cargo del ajuste que está en marcha y resuelva las crisis abiertas con el gran capital. La "hoja de ruta" exigida por la derecha es transitada hoy, puntillosamente, por el gobierno "nacional y popular". Para cualquier crisis o desvío en ese rumbo, están los "carpetazos" -cada vez más voluminosos- de la corrupción oficial.