Políticas

10/10/1995|468

Gran crecimiento del voto en blanco

El triunfo de Felipe Sapag (MPN) con el 55% de los votos no es, con todo, el aspecto más destacado de las elecciones neuquinas. Hubo casi un 10% de votos en blanco, para gobernador, cifra que salta al 15% en ciudades de fuerte predominio obrero como Zapala, Centenario, Plottier, Piedra del Aguila  y a casi el 20% en San Martín de los Andes. En Zapala y Centenario el voto en blanco salió “segundo”. En la capital neuquina el voto en blanco fue del 5%, pero subió al 10% para intendente y concejales.


El MPN casi duplicó la votación en relación al 14 de mayo. Acaparó los votos del Frepaso, del PJ y del radicalismo, e inclusive de la izquierda, con un discurso contra el menemismo y el Plan Cavallo, calificando al gobernador del MPN Sobisch, como un infiltrado menemista en sus filas.


Sin embargo, en una amplia capa de población, en especial   entre los desocupados, el discurso sapagista encontró un límite infranqueable, como lo demuestra el voto en blanco en el interior de la provincia. En la capital  hubo un mayor voto a Sapag, que no se extendió al resto de los cargos, duplicándose el voto en blanco.


Felipe Sapag se sentará  entonces en la gobernación sobre un barril explosivo. Su discurso demagógico no tiene ninguna sustentación y deberá rápidamente aplicar la política de “ajuste”, pero  en condiciones en que un amplio sector popular no fue cautivado por sus promesas de “salvador provincial”. Esto marca un giro importante en un sector de los explotados que, tradicionalmente, se encolumnó detrás del sapagismo.


Esta situación explica la provocación lanzada contra la izquierda en las vísperas de las elecciones porque, evidentemente, esta gran masa de trabajadores podía votar por los partidos de izquierda y en especial por el Frente PO-Mas. La provocación y todo el clima de intimidación posterior bloquearon esta posibilidad.


La izquierda  fue “acusada” de “provocar los disturbios” e “instrumentar” a los desempleados en la movilización del 2 de octubre que ocupó la gobernación cuando los dos diarios de circulación en Neuquén tuvieron que reconocer que la agresión partió de las fuerzas de seguridad. Se lanzó un operativo de represión e intimidación sobre los partidos de izquierda y los activistas de la Coordinadora de Desocupados. Panario, miembro de la Coordinadora, fue  detenido luego de la represión y procesado por “daño a la propiedad pública”, una causa no excarcelable y con penas que van de 4 a 8 años.


La justicia emitió ordenes de captura contra dos dirigentes de izquierda y publicó una lista de16 “responsables” de la “violencia” que incluyó a la mayoría de candidatos y dirigentes de los partidos de izquierda. Estos pasaron a ser perseguidos sin imputación judicial  y con los métodos propios del “proceso”. Todos los medios comenzaron a pasar un video “armado” para involucrar a los activistas como iniciadores de la agresión y de los destrozos. La represión se centró en los barrios obreros, con allanamientos y un “control” constante de los patrulleros y aniquiló la campaña electoral de los partidos de izquierda , obligándolos a una dura lucha para sostener los fiscales el día de la elección.


La represión partió de las fuerzas policiales; agentes pagos del MPN y del gobierno infiltrados entre los desocupados tuvieron la iniciativa en los destrozos (ver reportajes), un “fotógrafo” de la policía se ocupó de filmar lo que luego sería presentado como “prueba” del accionar de los “activistas” (y habría incendiado el móvil policial).


La provocación del gobierno tuvo una deliberada intención política: quebrar el movimiento de lucha en ascenso de los desocupados, que en poco tiempo pasó a coordinar la acción de 17 barrios obreros de Neuquén y que tiene expresión a nivel de toda la provincia. El mismo 2 de octubre, al enterarse de la movilización en Neuquén, centenares de desocupados ocuparon la Intendencia de Centenario y en San Martín de los Andes se sucedieron  las asambleas con más de doscientos trabajadores organizados.


El propósito del gobierno (y del sapagismo) era quebrar lo que puede ser la columna vertebral de un movimiento de resistencia contra el “ajuste” que se viene en la provincia y que pondrá a Felipe Sapag  a la altura de Massaccesi, con el remate de EPEN (empresa de electricidad) y el Banco Provincia,  la anulación del estatuto del docente y del empleado público, el desmantelamiento de la salud y la educación públicas,  impuestazos y la mayor desocupación.


El PO denunció la campaña provocadora y presentó un recurso de amparo reclamando la suspensión de los comicios frente a “la proscripción de hecho y de derecho de una parte del pueblo y sus expresiones políticas”, que la justicia sapagista desestimó con un “alegato” abiertamente anticonstitucional.