29/09/1994 | 428

Gran movimiento provincial reclama la rebaja de la tarifa gas

El gas en la Patagonia está subsidiado por el presupuesto nacional. El usuario paga un 26/30% del precio que recibe la Distribuidora de Gas del Sur. A partir de la privatización, este subsidio está discriminado en la boleta. Cada año, la inclusión del mismo en el presupuesto nacional trae una crisis; en el ’94 fue vetado por Menem y luego restablecido por la Cámara. Los recortes presupuestarios anunciados para el año próximo dejan al subsidio pendiente de un hilo.


Este año, el crudo invierno motivó un incremento del consumo del gas, con lo cual muchas familias rebasaron el tope de subsidio y recibieron boletas impagables de 150, 200 pesos y hasta más. En esta situación, un grupo de vecinos del barrio Belgrano realizó una Asamblea con más de 150 personas para pedir la rebaja de la tarifa a 1 centavo el metro cúbico (la actual, con subsidio, es 1,82 centavo) sin tope, que el gobierno se haga cargo de esta boleta y que se asegure que a ningún vecino se le retire el medidor. Se resolvió también una nueva asamblea, con invitación al gobernador. La nueva asamblea fue masiva: reunió a unas 400 personas. Dada la magnitud que fue tomando el movimiento, se hicieron presentes el intendente, concejales, diputados y una delegación de funcionarios del gobierno.


Los funcionarios se limitaron a decir que no había habido aumento de tarifas, que analizarían casos de errores de liquidación y que se harían cargo de las boletas de los desocupados o carenciados. Pretendieron adueñarse de la asamblea, pero se tuvieron que retirar entre abucheos de los vecinos, que exigían la cancelación de todas las boletas y la rebaja de la tarifa. El intento del gobierno de romper la asamblea, fracasó rotundamente. A partir de aquí el movimiento se extendió a otros barrios y se decidió una movilización a Casa de Gobierno. El barrio El Trencito realizó su propia asamblea y eligió una Comisión. El 15 se realizó la movilización  a pesar de las presiones de todo tipo que ejerció el Ministerio de Sociales, y las amenazas de quitar la ayuda alimentaria y el pago de las boletas.


La movilización fue difundida por los medios  y los vecinos denunciaron públicamente las presiones y amenazas del gobierno.


Ahora, el reclamo se ha extendido a Calafate, donde se juntaron más de doscientas firmas y se han elevado petitorios a la Gobernación y al Concejo Deliberante.


El FUT se ha puesto a la cabeza de este reclamo, que apunta directamente al negociado de la privatización basada en subsidios.

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