El pasado miércoles 25, la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura trató los proyectos relacionados con las empresas ocupadas Grissinópoli y Brukman. Como en las anteriores reuniones, cada proyecto fue objeto de “tratamiento por separado”. Es decir que volvió a ponerse de relieve el esfuerzo de la Legislatura y sus partidos por bloquear un frente común de las fábricas ocupadas frente al Estado.

Como había sido anticipado por funcionarios de Ibarra, para Grissinópoli los legisladores sólo encontraron “viable” un proyecto que declara la “ocupación transitoria” de las máquinas y del inmueble. Por ambos conceptos, el Estado de la Ciudad le pagará a los dueños – o al grupo especulador que ofertó por los bienes – un alquiler mensual. En cambio, se rechazó explícitamente que los trabajadores reciban al menos un subsidio para afrontar la puesta en marcha de la empresa, comenzando por sus propios ingresos. En la ley, se incluyó una cláusula que “faculta” a los trabajadores a ejercer la expropiación con pago dentro de dos años, cuando venza la ocupación transitoria. Lo cierto es que, si la gestión obrera prospera, ello revalorizará todos los activos que hoy sólo valen como chatarra, y que el Estado se negó a expropiar. Es decir que, a partir de la amenaza de un desalojo inminente, se extorsionó a los trabajadores con una “salida” que rescata al capital con los fondos públicos y el esfuerzo obrero (esto o el desalojo).

Paradójicamente, las brutales limitaciones de esta salida quedaron de manifiesto cuando, minutos después, se debatió el proyecto de Altamira, que plantea la expropiación sin pago de Brukman bajo control de los trabajadores. El Ari – que preside esta Comisión legislativa – tomó la voz cantante, para señalar que el proyecto del PO “carecía de consenso”, y que no lograría la mayoría legislativa. En nombre del “voto de otros”, omitió decir cuál era la posición del propio Ari en relación al proyecto. Los legisladores le exigieron a los obreros de Brukman que “explicitaran el contenido de su propuesta”. Cuando los trabajadores tuvieron la palabra, pusieron de manifiesto las limitaciones de las salidas legislativas diseñadas para las otras fábricas.

Los argumentos expuestos por los compañeros no sorprenderán, claro está, al lector de Prensa Obrera. Frente a la imputación de algún legislador, en el sentido de que había en Brukman una “oposición ideológica a constituirse en cooperativa”, los compañeros respondieron que su oposición residía, en verdad, en el contenido que los proyectos de Ghelco, Chilavert o Grissinópoli le deparaban a las cooperativas obreras. Las definieron, acertadamente, como “cooperativas vacías”, donde los capitalistas no son expropiados, y los trabajadores sólo acceden a los medios de producción bajo la forma de un “comodato” o de una “ocupación transitoria”. Mientras tanto, los capitalistas son resarcidos económicamente por el Estado. Agudamente, los obreros de Brukman pusieron de relieve que, mientras rescatan al capital, los proyectos no le garantizan a los obreros ni los derechos que tenían bajo la gestión patronal. “Bajo las condiciones que ustedes nos ofrecen – señaló una trabajadora de Brukman – , no tendríamos salarios, no tendríamos obra social. Claro que ya estamos viviendo sin salario, y sometidos a la feroz competencia de otros capitalistas que hacen indumentaria. Pero todo eso lo estamos soportando sin ninguna ley. ¿Qué salida superadora nos ofrecen los legisladores respecto de nuestra situación actual?”. Respaldando el punto de vista expresado por los trabajadores, Altamira señaló: “Si alguien, algún legislador, le reclamó a los compañeros de Brukman el contenido de una propuesta, ellos la acaban de hacer con toda claridad. Exigen la intervención estatal para asegurar una garantía salarial, una obra social y jubilación; en definitiva, todo lo que se ha negado en los proyectos tratados hasta ahora”.

Los diputados del Ari insistieron en que los compañeros debían aceptar “un proyecto posible”, en alusión a los aprobados para las otras fábricas. Pero la “medida de lo posible” no la conoce nadie, comenzando por la propia Legislatura que, en dos casos – Ghelco y Chilavert – expropiará las máquinas para prestárselas a los obreros, y que en otro – Grissinópoli – ha resuelto no concretar ni siquiera esa expropiación. Según parece, sería “posible” empeorar los proyectos de expropiación, pero nunca mejorarlos a favor de los trabajadores. A esta presión sobre los obreros, se sumó Vilma Ripoll, exhortando a los compañeros de Brukman a que avalen algún “proyecto que pueda salir”, a sabiendas de que ninguno de los legisladores de la Comisión se había pronunciado favorablemente por los puntos que levantó Brukman.

Al término de la reunión, los trabajadores continuaron fundamentando, ante quien quisiera oírlos, su posición: “a la puerta de Brukman, vienen compañeros de varias fábricas a las que se les ha ofrecido salidas ‘cooperativas’ sin ayuda estatal, sin salarios, sin capital de trabajo. Hoy no consiguen reunir ni lo necesario para alimentar a sus familias. Nosotros fuimos de los primeros en ocupar. Hemos puesto mucho sacrificio en esta lucha, y no estamos dispuestos a ‘rifarla’ a cambio de nada”.