No exageramos un ápice si afirmamos que la jornada del 7 de marzo tiene reservada una página en la historia del movimiento obrero argentino. La tendencia subterránea a la rebelión popular, que ya habían sacado a relucir los docentes con un parazo y una movilización masiva, se expresó con toda su fuerza en la movilización de más de 200.000 personas convocada por la CGT ante la creciente ola de despidos y suspensiones. La bronca de las bases contra el triunvirato cegetista y contra la burocracia sindical en general derivó en un repudio abierto cuando quedó claro que se volvía a dilatar la convocatoria a un paro nacional. El reclamo de que se le ponga fecha a la medida de fuerza fue generalizado, incluyendo a sectores vinculados con el aparato. La huida como ratas del triunvirato fue la postal que retrató el hundimiento inexorable de la burocracia sindical, plagada en su historia por traiciones de todo tipo contra la clase obrera y el pueblo. La Argentina asistió así a un curso acelerado de política obrera. El carácter putrefacto de esta burocracia, que antes era un planteo exclusivo de la izquierda combativa, se transformó en un tema de debate nacional. El progreso de la situación política ha sido sencillamente enorme. Un pilar central de la coalición del ajuste ha sufrido una severa derrota política.

 

Golpe a la coalición del ajuste

 

El repudio generalizado al triunvirato de la CGT en medio de una movilización masiva es, aunque de manera indirecta, un duro golpe al macrismo. La burocracia fue condenada por pactar con el gobierno (no por enfrentarlo). No es casual que los comentaristas de los diarios hayan recogido la preocupación de los funcionarios que ven en el debilitamiento extremo de los Daer, Acuña y Schmid la pérdida de la capacidad de contención de los trabajadores. La burguesía tiene extrema conciencia que sin el concurso de ellos la tentativa de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores se convierte en una operación de riesgo extremo.

 

Como agente del Estado y de la clase capitalista en el movimiento obrero, la desintegración de la burocracia refleja necesariamente la crisis de sus mandantes políticos. Por eso, Mauricio Macri no tiene nada que festejar. Sus propias filas están sacudidas por crisis de envergadura similar o aún mayor. Las disputas por la integración de las listas electorales en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires son el telón de fondo de una desintegración acentuada, que potencialmente pone en riesgo la continuidad de Cambiemos. El pedido del radicalismo de que Elisa Carrió encabece la lista de provincia y Martín Lousteau en la Ciudad es resistido con lógica por el PRO, que no puede ceder a dos semi-opositores la cabeza de las listas centrales del país. Pero si no lo hace, corre el riesgo de perder las elecciones en ambos distritos. Una parte del radicalismo, con Ricardo Alfonsín y Julio Cobos a la cabeza, está pidiendo hacerle a Macri lo que “Chacho” Alvarez le hizo a De la Rúa.

 

El golpe sufrido por la burocracia se transfiere casi sin mediaciones al peronismo, que ha sido su apoyatura política histórica. Cuando muchos conjeturaban que la unificación de la CGT anticipaba la unificación del peronismo, asistimos a lo contrario: la desintegración de la burocracia y del propio PJ. En los días previos al acto del 7, Florencio Randazzo se mostraba con la burocracia pedracista de la Unión Ferroviaria, con un bombo inmenso de Clarín, como la carta que podía enfrentar a Cristina Kirchner. Otros gremios, como el Smata, también serían de la partida. No hace falta demasiada suspicacia para ver la mano del gobierno detrás de este lanzamiento, aunque claro, el tiro podría salirle por la culata: una interna entre Randazzo y Cristina arrastraría los votos del PRO a la interna pejotista.

 

Bancarrota económica

 

Esta desagregación, que alcanza a la burocracia sindical y a los partidos patronales, es la expresión política de una bancarrota económica que el gobierno no ha logrado superar. Cuando los funcionarios afirmaban que los reclamos contra los despidos y los cierres de fábricas carecían de fundamento se conoció la decisión de Sancor de cerrar cuatro plantas y pasar a disponibilidad a 500 trabajadores. Y la de General Motors de suspender a 350, que se convertirían en despidos en noviembre. Las estadísticas de los primeros meses de 2017 son pavorosas. La Confederación Argentina de la Mediana Emporesa (Came) habla de una caída de las ventas del 4,1% en febrero. La UIA sostiene que el retroceso de la producción industrial continúa y que la capacidad ociosa es la mayor desde 2003. La construcción, por su lado, sigue en picada. Las perspectivas internacionales tampoco son halagüeñas. Brasil, el principal socio comercial y casi el único receptor de exportaciones industriales, sufre la recesión más fuerte desde 1948. Estamos a punto de pasar de la caída del PBI (el 7,8% en dos años) a la caída de Temer.

 

Las contradicciones del rescate armado por el gobierno con el concurso de la oposición están llevando al macrismo al inmovilismo. El endeudamiento fenomenal, que en dos años alcanzó la friolera de los 77.000 millones de dólares, ha derivado en una apreciación del peso que acentúa la crisis industrial y la escalada importadora. La recesión que se deriva de esta situación no ha servido para una reducción significativa de la inflación, que sigue en los mismos niveles de 2013 ó 2015. Las estadísticas que exhibe el gobierno para desmentir la avalancha importadora son tramposas, porque detrás de un número constante se encubre que caen las importaciones de capital y crecen las de productos terminados que reemplazan la producción nacional. En este cuadro, empieza a operarse una diferenciación en la clase capitalista, pues un sector de la burguesía nacional no quiere pagar las consecuencias de la política de ‘vuelta a los mercados’ y de ‘normalización económica’ que reclamó con tanta vehemencia. El reclamo devaluatorio de este sector se conjuga con el pedido de una mayor flexibilidad laboral y eliminación de los convenios colectivos de trabajo.

 

Las luchas

 

En este cuadro general, la intervención de las masas juega un papel dislocador para la ‘coalición del ajuste’. La resistencia a aceptar el techo paritario del 18% coloca a toda la política económica del gobierno en crisis. Un aumento salarial que recupere lo perdido en 2016 y la inflación prevista para el año hará recrudecer las presiones devaluatorias de la burguesía, especialmente de los sectores industriales. A la vez, el reclamo docente de los 15.000 pesos de mínimo golpeará la línea de ajuste fiscal que Dujovne vino a imponer contra los trabajadores, mientras continúa el saqueo del Estado por parte de los capitalistas. Con las luchas contra los despidos y las suspensiones ocurre otro tanto. El gobierno está obligado a proceder a una política de liquidación de capital sobrante y de degradación de la fuerza de trabajo, para reconstituir la tasa de beneficio del capital. La conexión entre los reclamos populares más sentidos y la necesidad de una reestructuración social integral de la economía bajo la dirección de los trabajadores se plantea de manera directa. El carácter extremadamente conservador de la burocracia sindical está determinado en última instancia por la envergadura de la crisis y la falta de una salida política clara por parte de los partidos tradicionales.

 

El cuadro de movilizaciones crecientes ha venido para quedarse con independencia del resultado momentáneo de ciertas luchas. La rebelión docente es un factor que acicatea al conjunto del movimiento obrero y que tiene implicancias políticas evidentes, por ser el gobierno la parte patronal. La gigantesca movilización del 7 de marzo contra los despidos y las suspensiones es una expresión de que esa rebelión alcanza a los estratégicos gremios industriales. La gran ocupación de AGR fue un anticipo de esa tendencia, que ahora empalma con otros grandes conflictos y posibles nuevas ocupaciones. La masiva marcha del 8 de Marzo de la mujer, saboteada por la burocracia sindical incluida la Ctera, fue otro dato elocuente de que se han reunido las fuerzas para derrotar el ajuste de la clase capitalista que comanda el gobierno en alianza con los gobernadores y los bloques patronales opositores.

 

Ahora es cuando

 

Las movilizaciones masivas de los últimos días han modificado la situación política tomada en su conjunto. Los trabajadores ven cómo se van reuniendo las condiciones para derrotar la ofensiva capitalista, pero a la vez observan de una manera nítida la naturaleza de los obstáculos que se deben remover para poder triunfar. En primer lugar, la burocracia sindical, repudiada abiertamente, pero también los falsos opositores del kirchnerismo, que han gobernado con esa burocracia y que ahora subordinan su acción política a la unificación de un pejotismo que ha votado las leyes ajustadoras del macrismo. La lucha por el “paro nacional ya” debe inscribirse en el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores. Esto plantea una campaña y un método: desarrollar una deliberación en todo el movimiento obrero, buscando pronunciamientos por el paro activo e impulsar plenarios de base que sirvan para respaldar las luchas en curso mediante una acción que envuelva a sectores cada vez más crecientes de trabajadores.

 

A la luz de lo expuesto surge que las posibilidades que tiene por delante la izquierda que se reclama revolucionaria son simplemente enormes. Esto vale en primer lugar para el Frente de Izquierda, quien ha catalizado el ascenso de la izquierda en la Argentina, atrayendo al campo de la independencia de clase a un sector importante de los trabajadores y de la juventud. La condición para que asuma ese papel, sin embargo, es salir de la pasividad y el faccionalismo, y eliminar toda seguidismo al kirchnerismo. A eso apunta la propuesta que realizamos en el Manifiesto del Partido Obrero para que el FIT tome la iniciativa de convocar a un Congreso del Movimiento Obrero y de la Izquierda para intervenir en la crisis con un planteo político definido y como un bloque diferenciado tiene más actualidad que nunca.