Al calor de la crisis y del pedido de rescate al FMI, el gobierno de Vidal presentó en la Legislatura un proyecto de modificación del Pacto Fiscal que firmó con los municipios. Esta profundiza lo establecido en la ley votada a fines del año pasado, explicitando que el gasto público no puede crecer por encima de la inflación prevista por el gobierno nacional para el año entrante –la “meta” del 15%– y que “el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal determinará la relación óptima de cargos ocupados adecuada a las características de cada jurisdicción” –es decir despidos. Acto seguido, agrega el compromiso de no aumentar la carga impositiva a las empresas.

En simultáneo, legisladores de Cambiemos afirmaron que no se aprobará en la Legislatura ningún proyecto que tenga afectación presupuestaria, a excepción de los del Ejecutivo. Esta política, que hace de la Legislatura una escribanía oficial, tiene por objetivo ´amarrocar´ hasta el último peso como garantía del endeudamiento, que continúa creciendo. La semana pasada, el gobierno de Vidal emitió Letras por más de 4.400 millones de pesos a una tasa del 37%, que se suman a los bonos en pesos ya emitido por 30.000 millones al 27%, mientras pretende imponer un 15% en cuotas a los trabajadores del Estado. Bajo la gestión de Vidal, la provincia acumula un endeudamiento que se aproxima a los 300.000 millones (la mayor parte en dólares).

Esta exacerbación del Pacto Fiscal no tiene otro fin que asegurar el repago de la deuda, ya que la Provincia cuenta con fondos que no fueron incluidos en la previsión de recursos del Presupuesto 2018. Por ejemplo, los 37.000 millones de pesos que recibió de Nación por el Fondo del Conurbano, a lo que se suma que la recaudación del primer cuatrimestre se ubicó un 5% por encima de lo proyectado según un informe de Arba, ratificando la impugnación que presentó el FIT al tratarse el Presupuesto por subestimar éste los recursos reales con que cuenta la Provincia.

En este cuadro se recrudecen los despidos en el Estado provincial, los descuentos por medidas de fuerza, la exclusión de la mayor parte de las licencias como causales para no perder el presentismo, y la amenaza de perpetrar otro robo a los jubilados del IPS que hizo abrir el paraguas a la burocracia de UPCN y Suteba denunciando el vaciamiento del organismo. Junto a la presentación del Pacto Fiscal, se dio a conocer el decreto que habilita la oferta de ´retiros voluntarios´. Mientras el gobierno perfila estos nuevos ataques, la provincia se encuentra cruzada por los cierres de plantas y despidos masivos, y entre la juventud trabajadora la desocupación alcanza un 20% y hay otro 10% de subocupación según datos del Ministerio de Trabajo.

El parazo docente es, del otro lado del mostrador, la muestra cabal de la voluntad de lucha que anida en los trabajadores, que buscan un canal para enfrentar este plan de guerra que solo beneficia a los que especulan con la quiebra del país. Lo mismo se expresó en las masivas movilizaciones del Astillero Río Santiago. La militarización de los conflictos obreros como el INTI, el Subte y Cresta Roja confirman que el gobierno pretende doblegar esta predisposición a la lucha a fuerza de represión, allí donde no alcanza la contención o el boicot directo de la burocracia sindical.

En oposición a este plan de guerra de un gobierno que está hundiendo al país, el Frente de Izquierda y el Partido Obrero, a través de la banca que ocupa Guillermo Kane, denunciará este pacto ajustador y opondrá un programa de salida a la crisis para ajustar a los ajustadores, que sirva de contribución a la deliberación que recorre los lugares de trabajo.

No al pago de la deuda usuraria, gravamen progresivo sobre las grandes fortunas, ningún despido y pase a planta permanente de todos los precarizados, salario igual a la canasta familiar, IPS bajo control de los trabajadores.