A pesar de las victorias parciales que la movilización popular ha impuesto (libertad de Castells y de tres de los nueve presos de Caleta, postergación del juicio a Hernán Gurián), la ofensiva antipiquetera y criminalizadora de la protesta so­cial no ha amainado. Al contrario, está siendo reforzada día a día en todos los planos.

Bajo la acusación de “coacción agravada” -una figura no excarcelable-, la Cámara Penal de La Pla­ta elevó a juicio oral el procesa­miento de siete ex trabajadores de YPF, por protagonizar un piquete frente a la refinería de Ensenada en reclamo del pago de sus indem­nizaciones adeudadas desde hace casi 10 años. La oportunidad de ese piquete se correspondió con las de­nuncias de Kirchner contra los grandes pulpos petroleros. ¡Un año después los tínicos “extorsionadores” resultan ser los trabajadores!, a los que se quiere arreglar con “23 mil pesos en bonos” a cada uno, cuando les corresponde casi cinco veces esa suma, en efectivo. “Algu­nas financieras están haciendo su negocio, invitando a los ex trabaja­dores a retirar las acciones para comprárselas a bajo precio” (Página/12, 5/11). Se trata de una cues­tión que afecta a casi 30 mil com­pañeros.

El mismo día el juez Galeano sobreseyó, en cambio, a una pique­tera en una causa por supuestos destrozos en una movilización frente a la sede central de esa mis­ma petrolera. Sin embargo, “la me­dida fue apelada de inmediato por el fiscal” (La Nación, 5/11). Como se ve, el “estado de derecho” se es­tá transformando en una burla. Cuando el trabajo sucio de la Jus­ticia no basta, se ocupa directa­mente de ello el Ejecutivo a través de su representante en este ámbi­to (se complementa así el trabajo previo de la “fuerza pública” y su pléyade de organismos y servicios represivos).

También, continuarán presos hasta el juicio los detenidos de la legislatura.

Otra manifestación de esto co­mienza a dibujarse en la legisla­ción que se aprueba en diferentes provincias, como ha ocurrido en la Capital con el llamado “Código Contravencional”. En el Chaco, acaba de reglamentarse por ley el llamado “recurso de amparo”. El Foro en Defensa de los Derechos Ciudadanos de esa provincia de­nuncia que se “retrotrae el alcance de esta garantía constitucional a la ley (que rigió) bajo Onganía”.

En la misma provincia se ha promovido como conjuez de la Cá­mara Federal de Apelaciones a Rolando Toledo, “integrante de la Co­misión de Asesoramiento Legisla­tivo" del Chaco: el famoso organis­mo de la dictadura que sustituyó al Congreso y las legislaturas.

En Catamarca, mientras tanto, la directora de una escuela fue de­nunciada penalmente por permitir que los alumnos salieran a la calle a hacer un piquete sobre una ruta pro­vincial en demanda de medidas de seguridad, por obras que se ejecutan en la misma escuela, afectada tras un sismo en septiembre pasado. La Dirección Provincial de Escuelas dis­puso, además, una actuación suma­rial en contra de la directora y los do­centes que participaron del piquete (Infobae, 3/11). En esta misma pro­vincia, el Sindicato de Prensa local acaba de repudiar la agresión sufrida por periodistas de distintos me­dios que cubrían el desalojo de los vendedores ambulantes de la princi­pal peatonal de la capital catamarqueña. El gremio denunció que tras estas agresiones están “los mismos personajes… (Acusados por otros atropellos) en varias causas judicia­les pendientes de resolución”.

Esta sucesión de hechos desta­ca la importancia de redoblar la campaña en defensa de las liberta­des de organización del pueblo. El ensañamiento del gobierno de la “reconstrucción de la burguesía nacional” contra las libertades públicas plantea una tarea de delimitación política y de estructuración independiente de las masas en defensa de sus derechos. La lucha por las libertades y la denuncia de la política gubernamental en este plano están en el centro de la situación política presente.