11/09/2008 | 1054

Hay que terminar con el régimen de Othacehé

A fines de la semana pasada, el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, despachó una carta documento que intima a tres dirigentes del Partido Obrero a rectificarse de lo señalado en un comunicado que denuncia un régimen de persecución política en el distrito, guardando la reserva de iniciar una acción judicial.

El intendente en cuestión buscó acoplarse de este modo a la ofensiva macartista impulsada por el gobierno nacional, en las personas de Aníbal Fernández y Carlos Stornelli, contra el Partido Obrero, el MST y Pino Solanas. La operación Othacehé tiene que ver con las luchas que se han desarrollado en el distrito, en particular las del movimiento piquetero, la del CBC
de la UBA, un amplio sector docente dentro de Suteba, la empresa de transporte –primero TDO y luego Econtrans– y en la propia línea Sarmiento. El intendente actúa en forma invariable como ‘lobbista’ del grupo Cirigliano (TBA, Econtrans, entre otros).

El PO ha estado comprometido con todas estas luchas y, naturalmente, en completa oposición al gobierno municipal, que ya pasó por todas las variantes del justicialismo (menemismo, duhaldismo) y es ahora kirchnerista, claro que hasta nuevo aviso.

A la campaña de Othacehé se sumó, cuando lo juzgó oportuno, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, con el mismo
propósito de defender los intereses capitalistas en el distrito. Jaime ha sido involucrado por numerosos políticos y otros sectores sociales en negociados aún más numerosos, con Aerolíneas como el más destacado.

El Partido Obrero ha decidido, en estas circunstancias, realizar una campaña de esclarecimiento en Merlo, que consistirá en la difusión del texto de Othacehé y la respuesta de los compañeros involucrados por el intendente.

De Othacehé

Intimo plazo 48 horas ratifique o rectifique términos calumniosos e injuriosos contra mi persona reproducidos en comunicado titulado «El Partido Obrero ante la rebelión popular en Merlo y Castelar-el Grupo Cirigliano, peor que Marsans» difundido en la página web www.po.org.ar/ en el día de la fecha bajo apercibimiento de iniciar inmediata querella penal.

Raúl Alfredo Othacehé
Av. Libertador 391
1722 Merlo Buenos Aires

Respuesta a Raúl Othacehé

En relación a su carta documento del 6/9/2008, intimando a que ratifiquemos o rectifiquemos los dichos del comunicado del Partido Obrero del día 4 de septiembre ppdo, manifestamos lo siguiente:

1. El señalamiento de que su gobierno «ha impuesto un régimen de terror y quiere valerse de estos acontecimientos para reforzar estos métodos de intimidación» constituye una expresión objetiva del accionar de la intendencia a su cargo, con hechos que venimos denunciando de un modo sistemático.

Entre ellos:

– El suicidio del senador Miguel de Armas en el año 2000, quien denunció un hostigamiento sistemático de su parte.

– El ataque a la labor periodística de medios opositores locales, tales como Redacción Sur – en 1998-  y FM Radio Ciudad, que intentó ser clausurada en 1999 y sufrió nuevas intimidaciones en 2001. El periodista José Romano, así como el dueño de la radio, Del Bono, recibieron amenazas de muerte del mismo modo que sus familiares.

– El apaleamiento de asambleístas populares el día 22 de febrero de 2002. Según diversos testigos, elementos del PJ de Merlo y de la intendencia estuvieron al frente de la agresión. A esto hay que agregar la negativa de las autoridades del Hospital de Merlo a atender a los manifestantes agredidos, como resultado de las presiones recibidas desde la Municipalidad. Esta agresión motivó una respuesta colectiva de numerosas asambleas populares de la Ciudad y del Gran Buenos Aires, que convergieron hacia la ciudad de Merlo para realizar un acto de repudio.

– La represión salvaje en la que intervinieron patotas -a la par de la acción policial- que tuvo como destinatarios a los remiseros del distrito, movilizados en defensa de sus fuentes de trabajo.

– Las amenazas recibidas por el Dr. Luis Guzmán Domínguez luego de revelar maniobras irregulares en el hospital municipal de Merlo -ver Página/12 del 2/6/2008-  así como las agresiones sufridas por el sacerdote Raúl Vila en el curso del año 2007.

– Las agresiones hacia los médicos nucleados en la CICOP en el hospital provincial «Hermanos de Malvinas», a quienes se les impidió sesionar en asamblea con la irrupción de patotas que respondían políticamente al municipio.

– Las agresiones de patotas del mismo origen contra docentes y delegados del transporte, en reiteradas oportunidades. En particular, la represión salvaje ordenada por el municipio contra los trabajadores de la Línea 501 y el hostigamiento permanente de la intendencia contra los trabajadores de TDO en ocasión del conflicto para impedir el cierre.

– La persecución política a la concejal del Frepaso, Márquez, quien denunció la existencia de sobreprecios en las compras de los comedores escolares del municipio. Ese hostigamiento la forzó a abandonar su cargo.

– Los golpes y amenazas recibidos por la propia hermana del intendente, Zulema Othacehé, cuando denunció corrupción en el Consejo escolar.

– Seguimientos e intimidaciones contra Gabriela Ferraz, Mabel Austiniano y José María Escobar, militantes del Partido Obrero, lo que motivó una denuncia y presentación legal a mediados del 2003.

– La muerte de José Luis Knor y de su secretario en un misterioso accidente, mientras se encontraban investigando la estafa de la leche en el Consejo Escolar de Merlo.

– Las amenazas anónimas y armadas contra Roberto G. Ayoub, titular de Redacción Sudoeste, para «que deje de hablar de la Municipalidad». Luego, fue despedido de su trabajo de remisero por presiones hacia la agencia en la que trabajaba.

– El ataque armado a José E. Trevisiol, ex director de la Municipalidad, en su domicilio, tras varias denuncias contra funcionarios municipales por incumplimiento de deberes de funcionario público.

– Las decenas de denuncias contra su gobierno radicadas en la justicia de Morón por «daños, amenazas, abuso de autoridad, lesiones y hasta intento de asesinato», según informa el diario Crítica del 30/03/2008. Entre otras, las causas números 28686, 40250 y 42302.

– La extensa presentación realizada por la letrada Rossana Beatriz Matarollo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – septiembre de 2005- , donde denuncia la imposibilidad de ejercer la abogacía en Merlo ante las permanentes amenazas y agresiones por parte de personas allegadas al municipio.

– El hostigamiento y la agresión a los estudiantes del CBC de Merlo por parte de elementos vinculados al PJ y al Municipio.

– Los atentados contra comedores de organizaciones de desocupados, como la FTV o el Futrade.

– La «declaración» recientemente promovida por concejales afines a su gobierno – número de expediente 6380/08-  contra el accionar del Partido Obrero y otras organizaciones en el distrito, en lo que constituye un claro ataque a las libertades públicas.

– En el mismo sentido, la salida sistemática de volantes apócrifos del Partido Obrero, siendo Merlo el único distrito del país donde hemos registrado este hecho. Entre ellos, el difundido en marzo de este año en ocasión del conflicto con la sede del CBC de Merlo.

– Finalmente, las agresiones lanzadas contra militantes de nuestro partido el pasado cuatro de septiembre, cuando se manifestaban en las inmediaciones de la estación de Merlo. Como resultado de esas agresiones, varios de ellos terminaron hospitalizados.

2. Del mismo modo, reivindicamos el señalamiento del comunicado que denuncia «la connivencia del municipio con Cirigliano y las patronales del transporte», que se fundamenta en:

– Las acciones realizadas, desde la intendencia, en favor de la empresa que explota la línea 216, entregándole recorridos comunales que correspondían a la empresa  Libertador General San Martín y a la ex TDO (Transporte del Oeste), hecho que fue reiteradamente denunciado en esa oportunidad por directivos y trabajadores de dicha empresa.

– La completa omisión del municipio respecto del pésimo servicio que brinda la línea  comunal 503 a cargo del grupo Cirigliano, así como de sus talleres e instalaciones de cabecera, que no resistirían  la menor  inspección.

Todo esto es objetivo y se encuentra documentado, la injuria está en los hechos, no ha sido fabricada subjetivamente. En lugar de quejarse por las injurias usted debería retirar a sus grupos intimidadores de las calles de Merlo, dejar de alentar volantes provocadores sin firma, o en todo caso investigar su origen e intencionalidad, algo que usted nunca ha hecho, de modo que es responsable por acción u omisión.

Por nuestra parte, nos oponemos a toda forma de censura de la opinión, incluso cuando ella se disfraza de la figura de ‘injurias’. Usted, sin embargo, no se escandaliza de los verdaderos atropellos que cometen los ministros del gobierno nacional, que utilizan los poderes del Estado para montar una campaña macartista, o sea que hacen abuso de su posición para montar campañas persecutorias.

Pondremos en conocimiento de la población tanto su texto como esta respuesta, al tiempo que la continuaremos convocando a la movilización y organización política contra su gobierno y los intereses sociales que representa.

 

En esta nota