Políticas

5/1/2006|930

Hospital Moyano: Lucrar con la locura


Cada día aflora un Cromañón en la Ciudad de Buenos Aires. El menú terapéutico del Hospital Moyano incluye golpes, abusos, violaciones y una red que explota a las pacientes obligándolas a ejercer la prostitución. Por si no alcanzara: laboratorios que investigan ilegalmente sus protocolos medicinales en las internas sin que las familias o la Justicia lo autorice. “Los laboratorios pagan hasta 6 mil dólares por paciente”, dijo el secretario de Salud porteño, el kirchnerista Donato Spaccavento, que se guardó muy bien de decir cuáles son los laboratorios implicados (Página/12, 23/12).


 


Las denuncias afirman que hay empleados acusados de violar a pacientes que siguen cumpliendo funciones, y dicen que el director Néstor Marchant “habría dado el visto bueno a la salida de un número no determinado de pacientes para ejercer la prostitución fuera del centro de salud” (La Nación, 22/12).


 


Estos hechos han sido denunciados muchas veces, y aunque algunos sumarios datan de 1999, el Gobierno de la Ciudad se hizo el sorprendido, intervino el área médica y separó del cargo a Marchant, un peso pesado que dirige hace una década la Asociación Argentina de Psiquiatras y está hace 22 en el Moyano. Marchant fue suspendido varias veces, siempre por graves descuidos de los pacientes, y a los pocos meses, acallado el escándalo, volvió a su lugar. “Me sacan cada tanto, se arma un poco de despelote y después me tienen que poner de nuevo”, fueron sus palabras de despedida en esta oportunidad (Clarín, 23/12).


 


Trabajadores del hospital entregaron a la prensa documentación en la que consta que el Gobierno de la Ciudad fue informado sobre cuatro supuestos abusos en el hospital. “Las denuncias existen, pero Marchant nunca las impulsó, nunca investigó”, dijo Pablo Berrettoni, el flamante interventor (La Nación, 22/12). Pero Berretoni es también director de Salud Mental de la Ciudad. O sea, responsable de todo lo que pasó en el Moyano.


 


El área administrativa del hospital ya estaba intervenida desde mayo, cuando un juez ordenó la evacuación porque había un importante escape de gas y techos y paredes corrían riesgo de derrumbe y estaban electrificados. De resultas, hoy están clausurados nueve de los 20 pabellones del hospital. La catástrofe edilicia tiene un beneficiario evidente: a pesar de que el gobierno tiene un presupuesto asignado de 15 millones de pesos para remodelar el Moyano, en lo que va del año, 400 de las 1.500 internas fueron trasladadas a clínicas privadas. La primera medida de Berrettoni fue desplazar a otras 72.


 


En el Moyano se enfrentan dos camarillas. Detrás de Spaccavento y Berrettoni están los progres “desmanicomializadores”. O sea los intereses inmobiliarios que pugnan por quedarse con los valiosos terrenos que ocupan el Borda, el Moyano y el Tobar García en Barracas. Con el argumento de que los neuropsiquiátricos son depósitos que cronifican a los enfermos —de eso no caben dudas— se proponen desmantelar el sistema de salud mental y entregar los predios a la especulación inmobiliaria. Spaccavento lo dijo clarito: “Acá hay una resistencia al cambio que es la ley 448 de salud mental” (Derf, 26/12). La ley plantea que la “comunidad, las ONGs, la familia” se hagan cargo de la reinserción de los enfermos mentales, y si éstos no pueden, lo haga Desarrollo Social. Pero el mismo Spaccavento reconoció que en el Moyano hay 198 mujeres con el alta firmada que siguen internadas porque no tienen dónde ir. Estos tipos quieren “desmanicomializarlas” echándolas a la calle. Nadie explica en qué se usó la partida asignada en 2003 para alquilar nueve casas de medio camino (pre-egreso), motivo por el cual el asesor cautelar Gustavo Moreno, en representación de las internas, demandó al Gobierno de la Ciudad.


 


Por el otro lado, está Marchant, un hombre amigo de los laboratorios y los electroshocks, apoyado por lo más corrupto de la burocracia de ATE. El titular de ATE, Mario Muñoz, no para por el salario pero sí cada vez que Marchant está en riesgo. Es un experto en golpear a las delegadas opositoras (PO Nº 733, 13/12/01) y tiene un juicio penal por agredir a una trabajadora del Moyano. La separación de Marchant le puso la lengua floja: “Hasta hace cinco días, Berrettoni fue médico del hospital. ¿No sabía nada antes?”, se preguntó Muñoz (La Nación, 22/12).


 


Respecto a la experimentación de drogas en los pacientes, la operación involucra a doce médicos. Sin embargo, Marchant salió a decir —y nadie lo ha desmentido— que “La experiencia no se hace sólo en el Hospital Moyano, sino en el Borda, el Tobar García, el Alvear y el Rivadavia. El Gobierno porteño lo sabía. Es más, Berrettoni firmó los protocolos porque hasta hace un mes era de la Comisión de Docencia e Investigación del hospital. Él es cómplice de todo” (Página/12).


 


No queda ahí: todos los pacientes con problemas mentales están bajo tutela judicial. ¿Dónde estaban los jueces que debían controlar su tratamiento? Según algunos trabajadores, jamás veían a las pacientes, nunca pasaban de la oficina del director.


 


Ninguno de los poderes del Estado brinda la menor protección a uno de los sectores más frágiles de la sociedad, pero todos son capaces de sacar provecho de ellos.