Ha comenzado a sesionar la comisión bicameral que se creó para investigar la denuncia de 4.040 cuentas de argentinos en el HSBC de Ginebra, la mayoría no declaradas.

 

La acusación oficial es que el banco armó una plataforma para facilitar un mecanismo de evasión. El monto total de los capitales no declarados al fisco a través de esta operatoria podría ser superior a 3.500 millones de dólares.

 

No es la primera vez que se constatan este tipo de maniobras de evasión.

 

El titular de la Afip admitió como antecedente un sistema montado por ese mismo banco con facturas apócrifas, mediante cuentas fantasma. Ese sistema habría generado una evasión de más de 200 millones de pesos y fuga de capitales por 392 millones.

 

Pese a ese antecedente, el banco siguió operando normalmente. Pero, además, las revelaciones sobre las cuentas secretas en Suiza datan de 2006/7. Ello habla, por sí solo, de la complicidad del gobierno K. La conducta se extiende hasta hoy: más allá de la alharaca, el banco continúa operando.

 

El gobierno K reclama que el HSBC repare la situación y devuelva esos 3.500 millones. Pero esto no ha pasado de la verborragia. “La autoridad monetaria autorizó al banco a que vuelva a ofrecer a sus clientes el servicio de transacciones financieras al exterior” que fuera suspendido algunos meses atrás (véase Prensa Obrera N° 1.352).

 

Los K han sacado a luz tardíamente estas revelaciones como una réplica frente a las causas de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal en que está implicada la propia camarilla gubernamental. Estamos ante un juego de extorsiones recíprocas. Mientras tanto, la investigación en torno al HSBC sirve de cortina de humo frente a un gobierno jaqueado en múltiples frentes.

 

En el listado dado a conocer figuran importantes empresas argentinas, como el grupo Fortabat, Cablevisión, Grobocopatel, Central Puerto, Multicanal, Telecom Argentina, Caja de Valores, Mastellone Hnos., LKM Laboratorio, grupo Angulo, Simón Zeitune e Hijo, Loma Negra, Edesur y Central Térmica Güemes. Junto a esas grandes empresas también aparecen clientes vinculados con cientos de sociedades más, con menos de 500.000 dólares cada una, cuyos dueños son, en su mayoría, desconocidos. No es un secreto que uno de los procedimientos usuales a los que apela el capital consiste, precisamente, en distribuir los recursos en diferentes sociedades y poner al frente a testaferros.

 

Ha quedado en evidencia que personajes como Alfonso Prat Gay, ex presidente del BCRA, figuran en dicho listado. Prat Gay está ahí en su condición de representante de Loma Negra. Varias de las empresas que allí figuran, como el grupo Grobocopatel, eran en ese entonces, en 2006-7, las niñas mimadas de los K, incluido el grupo Clarín.

 

Paralelamente, las investigaciones de la ruta del dinero K revelan que la operatoria, en la que aparecen recurrentemente los nombres de Lázaro Báez y Cristóbal López, es un calco de la que ahora se denuncia en relación al HSBC. A esto habría que agregar las denuncias publicadas sobre el crecimiento patrimonial de 14 funcionarios, entre los que figuran Moreno, Berni y Abal Medina.

 

En resumen, nadie se salva. La burguesía oficialista y opositora están comprometidas.

 

Los K no están dispuestos a que la sangre llegue al río. Lo mismo viene ocurriendo con el conflicto con el Citi, cuya operatoria bancaria sigue desarrollándose con normalidad. Todo se ha reducido a sanciones menores, que en cualquier momento serán levantadas como ocurrió con el propio HSBC. El gobierno es más rehén que nunca de los bancos, con los cuales ha armado una gigantesca bicicleta financiera. Tampoco hay un interés de la oposición por hacer olas. Su hoja de ruta consiste en un reendeudamiento y un arreglo con los buitres y acreedores, previa devaluación y un ajuste en regla. Pignanelli, ex presidente del BCRA y uno de los principales referentes de Massa, ha pedido poner paños fríos y que se impugne cualquier escalada que tenga como blanco las instituciones crediticias (Clarín, 4/4).