Abril comenzó sin que los 26.000 docentes, los 8.000 judiciales y los 40.000 jubilados y pensionados provinciales de Córdoba hayan cobrado aún sus sueldos y haberes de febrero. Estas cifras, sin embargo, no incluyen a los miles de empleados de las municipalidades del interior de la provincia que tampoco han cobrado sus salarios.

La educación está paralizada, los docentes se encuentran en paro por tiempo indeterminado y los secundarios todavía no iniciaron las clases; durante los primeros quince días del mes, los hospitales sólo funcionaron con guardias mínimas. Los proveedores del Paicor (comedores escolares) y de los hospitales han cortado los servicios por falta de pago. Se ha frenado la obra pública: el consorcio que está construyendo los nuevos edificios de Tribunales despidió a 260 obreros. La obra social del personal provincial (IPAM) ha recortado sus servicios, y las comunas y municipios del interior están en cesación de pagos porque el gobierno provincial no envía los fondos de la coparticipación.

La caída de las ventas ha provocado cientos de despidos y suspensiones en las industrias directamente ligadas al consumo popular, como las de la alimentación y el calzado.

El gobierno provincial ha destinado más de 250 millones de dólares de los fondos públicos para hacer frente a los compromisos de la banca oficial. “Lo recaudado en tributos en estos días –informa Crónica (4/4)– fue ‘completo’ a sanear las arcas del Banco Social y el de Córdoba”. El ministro Caminotti reconoció que la “cartera con problemas” de ambos bancos suma 850 millones de dólares … pero se amparó en el “secreto bancario” para ocultar los nombres de los morosos. Hay denuncias que señalan que la mayor parte de estos créditos son ilegales, otorgados contra la opinión de los organismos técnicos de los bancos, y alcanzan sumas multimillonarias. La justicia ha imputado directamente al presidente del Banco Social, Jaime Pompas, y a otros directivos, por los delitos de estafas y fraudes con los créditos “truchos”. Pompas es un hombre clave dentro del clan angelocista: es el apoderado de la UCR y ha sido presidente del Banco en los once años de gobierno de Angeloz.

Que los trabajadores sigan pagando

El gobernador, por su parte, reconoció que la prioridad de su gobierno son los compromisos con la banca internacional … a la que planea entregarle los bancos provinciales, luego, claro, de “limpiar” los créditos incobrables que asumirá el tesoro provincial.  Por eso ha lanzado una política de guerra para que los trabajadores paguen la factura.

Angeloz ordenó el congelamiento salarial, la reducción de las jubilaciones, el aumento de la edad mínima para jubilarse y de los aportes previsionales de los trabajadores en actividad (ver aparte); la reducción del presupuesto de salud y educación; el congelamiento de las vacantes y la no incorporación de suplentes en la docencia. Pero, además,  los atrasos en los pagos están siendo llevados a un extremo tal que permitan la “negociación” de su pago en cuotas o en bonos. En esto consiste el “compromiso” de Angeloz de que “el 14 de mayo estará todo arreglado” … a la par que dice desconocer de dónde van a salir los fondos.

Paro activo

Las luchas y las movilizaciones son cotidianas en Córdoba. La burocracia sindical –metida a fondo en las privatizaciones provinciales (Bazán como socio de Benito Roggio para el agua; el sindicato de Luz y Fuerza en la concesión de las usinas)– ha intentado por todos los medios impedir una lucha común de los trabajadores. Pero, las tendencias a imponer una lucha común son muy fuertes y abarcan, incluso, a los trabajadores industriales, golpeados por los despidos y las suspensiones.

La consigna del paro provincial está presente en todas las movilizaciones. Córdoba marcha a la huelga general.