El gobernador Escobar se vio obligado, finalmente, a recular ante una impresionante huelga general protagonizada por los gremios estatales, el comercio y los trabajadores del transporte, y ante la continuidad de las ocupaciones de edificios públicos.

Después de una semana de repetir que “la rebaja de los sueldos es inevitable”, Escobar fue obligado por la fuerza de la huelga a encontrar una “solución negociada”: no se reducirán los salarios pero se pagará sólo el 80% en efectivo; el resto se hará en bonos (sirven para pagar impuestos y cuotas de la vivienda) (en el caso de los docentes, recibirán un 10% en bonos y el 10% restante será descontado como una “deuda reconocida”,  que se pagaría el año próximo). El porcentaje que se paga en bonos –según los acuerdos establecidos– se reduciría paulatinamente hasta diciembre, cuando el 100% de los sueldos volvería a pagarse en efectivo.

Conclusión: para hacer retroceder a los gobiernos, no hay nada como una huelga general con ocupaciones.

Ahora bien, Escobar reculó, pero no fue derrotado. Aunque menor, la reducción salarial sigue en pie: el propio Escobar calculó que, con estos acuerdos, lograría un “ahorro” del 22% sobre la nómina salarial (Página/12, 5/8). El núcleo de su programa político –que la crisis la paguen los trabajadores y no los grupos capitalistas que fundieron la provincia, entre ellos el que encabeza el propio gobernador– sigue en pie. Por eso Clarín (4/8) puede decir que “(con el acuerdo) San Juan se convierte en la primera provincia donde el gobierno logra imponer su plan de ajuste”.

Los términos del acuerdo entre el gobernador y las burocracias sindicales no abren ninguna perspectiva para los trabajadores de la provincia. El gobierno se apresta —ahora con la colaboración de la burocracia, que ha firmado la “paz social” con Escobar— a aplicar su política de reducción salarial y despidos por medios indirectos, esquivos y retorcidos pero no menos efectivos: la desvalorización de los bonos, el atraso en el pago de los salarios, el desconocimiento de las deudas “reconocidas”, el “estiramiento” del plazo de pago con bonos. Escobar está “obligado” a actuar de esta manera porque la provincia está en quiebra y porque su política es que los trabajadores paguen la cuenta.

Los trabajadores sanjuaninos no lograron derrotar a Escobar debido a la política de la burocracia sindical. La fuerza, profundidad y extensión del movimiento daba para mucho más que para “suavizar la rebaja salarial” (Clarín, 4/8) que es el límite que la burocracia autoimpuso a la movilización de los estatales.

La huelga general y las ocupaciones permitían imponer una salida de conjunto a la crisis provincial. Esto significaba: nada de bonos; apertura de los libros y las cuentas del Estado, del banco y de las empresas provinciales (para sacar a la luz el vaciamiento capitalista del banco y las finanzas provinciales);  confiscación sin pago de los pulpos que han vaciado las finanzas provinciales; el cobro compulsivo de los grandes deudores del banco y de la empresa de energía provincial; el establecimiento de impuestos progresivos al gran capital y a la gran propiedad rural. Aceptar los bonos significa renunciar de entrada a esta perspectiva.

“Que la crisis la paguen ellos” es la verdadera cuestión: fuera de esta perspectiva, cualquier retroceso gubernamental frente a las luchas obreras será apenas transitorio o táctico y servirá a los gobiernos para retomar con más fuerza su ataque contra los trabajadores.

Aprendamos, en San Juan y en todas las provincias, esta lección.